CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El pulso democrático de una sociedad se puede medir, entre otras formas, identificando qué temas son la prioridad en su agenda pública. Observar con cuidado qué asuntos se visibilizan políticamente es importante no sólo porque eso evidencia las prioridades del debate público, sino porque observar la agenda pública es también una forma de detectar lo que no está siendo importante para los actores políticos relevantes.

En estos días hemos presenciando dos temas que acaparan la atención de medios y las conversaciones políticas: por un lado, el desencuentro entre el exconsejero jurídico de la Presidencia (Julio Scherer) y el Fiscal General de la República (Gertz Manero); por otra parte, la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que esa enorme obra pública implica (en gasto y en prioridades).

Es sobre este punto es donde quisiera centrar la reflexión: qué es lo importante y qué es lo urgente por atender, depende de establecer con claridad dónde estamos paradas, pues nuestra mirada de lo urgente y lo importante depende del poder que tengamos para resolver el día a día.

Nuestras preocupaciones se definen considerando las libertades y capacidades que tenemos para vivir con dignidad. Eso sin duda es lo importante para la mayoría de la población y debería ser lo urgente para el gobierno mexicano y para el poder empresarial.

Pero para entender qué le importa al poder político y al poder económico, tanto a nivel global como nacional, basta con hacer una rápida radiografía de los datos que nos muestran los abismales índices de desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza. Qué deciden como importante los que tienen poder, no empata con lo que es relevante para el grueso de los ciudadanos.

En el World Inequality Report de este 2022 encontramos que el 10% de la población mundial con mayor riqueza obtiene el 52% de los ingresos mundiales, mientras que la mitad más pobre de la población obtiene sólo el 8% de esos ingresos.

El Banco Mundial reportó que, en todo el mundo, la proporción del total de la riqueza en capital natural renovable (los bosques, las tierras cultivables y los recursos marinos) se está reduciendo y se encuentra amenazada por el cambio climático, además de que hay más probabilidad de que los países de ingreso bajo sufran los impactos más graves por el COVID-19, con una pérdida proyectada del 14% del capital humano total.

Igualmente, sabemos por esa institución internacional que, con datos registrados para 2020, los activos de mercados privados alcanzaron 10.74 billones de dólares o, aproximadamente, el 10% del PIB global. Para el 2025, se estima que se eleve a 17.16 billones de dólares, con Asia en lugar de los Estados Unidos o el Reino Unido como el principal motor de crecimiento.

Esta información nos da un poco de perspectiva cuando volteamos a ver qué pasa en México. ¿Por qué causa tanta indignación entre algunos que se abra un nuevo aeropuerto y en las instalaciones una mujer venda tlayudas? ¿Existe una lectura real, basada en evidencia, de las condiciones de vida de la mayoría de las personas en México? ¿Qué significa ser un país “de primer mundo” para ese sector de unos cuantos privilegiados?

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de población en situación de pobreza (hasta el año 2020) fue de 43. 9%, lo que equivale a 55.7 millones de personas. El porcentaje de población en situación de pobreza “extrema” fue de 8.5%, lo que equivale al 10.8 millones de personas.

En contraste con estos datos sobre el grueso de personas en nuestra sociedad, sabemos -gracias a la revista Forbes: 2021- sobre las personas más ricas en México: Carlos Slim, con una fortuna de alrededor 55, 930 millones de dólares; Germán Larrea, con una fortuna de 27,110 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego, con una fortuna de 12, 520 millones de dólares; Alberto Bailléres, 10,480 millones de dólares; Juan Francisco Beckmann Vidal, 7,180 millones de dólares; y (la única mujer que destaca) es María Asunción Aramburuzabala, quien acumula alrededor de 5,630 millones de dólares.

Los temas de nuestra agenda pública se desvían en asuntos que no son los realmente sustantivos, y con ello evitamos la discusión política de fondo y la que deberíamos visibilizar: somos una sociedad profundamente desigual y la noción de desarrollo de la mayoría de las personas en este país es clasista, sexista y racista.

Ya el economista Amrtya Sen ha tratado de explicar el concepto del desarrollo desde una perspectiva ética. Es decir, desde la lectura de los derechos y las libertades de las personas, y no desde el índice del Producto Interno Bruto de los países. En uno de sus artículos (titulado “El desarrollo como libertad)” ha planteado que “el desarrollo puede ser considerado como un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente y, además, el desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de ausencia de libertad, como son: pobreza y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de estados represivos”.

Tomando en consideración esta mirada crítica del desarrollo y los datos duros que se ofrecen, se hace difícil mantener una discusión hueca y superficial que se basa en prejuicios y en suposiciones. El mundo está enfrentado a una serie de crisis urgentes a atender, la devastación del medio ambiente, la violencia “naturalizada” y la desigualdad abismal que establece qué vidas importan y qué vidas no. En México son las mismas urgencias a resolver, los datos no mienten y nos urgen a centrar la atención en lo importante, que para la mayoria es urgente.

La desigualdad abismal que nos aqueja y nos impone la ausencia de ejercicio de derechos para construir una vida digna es el elefante blanco sentado en la sala que los que tienen poder no quieren que veamos, ni discutamos.