CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Universal ha generado una gran polémica por una fake news que distorsiona la verdad, lastima el derecho a saber y pone en duda la credibilidad de ese medio periodístico. Veamos.

Primero. Es grave combinar en un solo cuerpo opinión con información. Vamos, no hay un solo instrumento que abone a este ejercicio como una actividad periodística modélica; no por lo menos en las sociedades democráticas. (Ver mi obra Deontología informativa. Códigos deontológicos en el mundo. México. Miguel Ángel Porrúa. 2002). Pero si esta amalgama periodística es ajena al quehacer periodístico, no hay en la experiencia democrática comparada un caso donde de plano un medio mienta sin rubor alguno, dando a la sociedad falsedades completas como si se tratara de datos duros, verificados y contextualizados, como ha pasado con El Universal al referirse a un proyecto de Reglamento de Becas del Conacyt que ha causado polémica por lo afrentoso de lo que supuestamente hace esta institución. (Ver mi libro Autorregulación de la prensa. Una aproximación ético-periodística a la experiencia comparada. México. Miguel Ángel Porrúa, 2002, donde reviso diversos mecanismos de autorregulación periodística y no hay un supuesto como el que ahora ofrece El Universal, acaso porque no hay ponderación alguna susceptible de analizar.)

Por supuesto que esta práctica representa una afectación mayor al derecho a la información de la sociedad porque en general las audiencias tienen menos reparos y filtros cuando un medio pone a su disposición mentiras como si fueran datos veraces. Y eso que en México se han dado casos que no son de presumir. Hubo (hay, aunque cada vez menos) lo que se denominó “gacetilla”; es decir, publicidad disfrazada de información, la cual tenía un costo mayor para el anunciante que la publicidad claramente señalada como tal, porque era más efectiva en el posicionamiento de los mensajes, aunque saliera afectado el derecho a saber. No se tiene memoria que de plano se mintiera de principio a fin en una nota que se presume informativa, como lo ha hecho el diario El Universal con unos datos que se ha probado que son falsos; y el propio diario en lugar de reconocer el error ha recogido opiniones sobre la nota falsa como si fuese verdadera. Con este extremo, la información editorializada es un juego de niños.

Segundo. El Universal afirmó que el Conacyt propone que: a) los becarios nacionales en el extranjero y los extranjeros en el país están impedidos de hacer manifestaciones de carácter político o manifestación y b) que es causa de suspensión de la beca el embarazo de la mujer. La mínima diligencia informativa hubiera permitido al diario informar que esas prescripciones no son propuestas de la actual administración del Conacyt, sino que están vigentes un día después de que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 10 de septiembre de 2008, siendo director general del Conacyt el hoy diputado Juan Carlos Romero Hicks. En descargo de Romero Hicks cabe precisar que esas disposiciones tienen sentido en el contexto en que fueron aprobadas, toda vez que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo párrafo que: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. Y por lo que concierne al embarazo o a enfermedades, la suspensión tenía un ámbito de apoyar a la mujer o al enfermo para que terminara sus estudios porque no era causal de terminación de la beca, aunque sin duda puede frasearse de mejor manera para que no se perciba como restricción o limitación, sino como apoyo y empatía para que quienes se encuentren en estos casos puedan concluir satisfactoriamente sus estudios. El Universal, que jamás entre 2008 y hasta finales del sexenio de Enrique Peña Nieto había llamado la atención de estas prescripciones, ahora lo hace, pero dejando en el camino el mínimo rigor informativo.

Tercero. El rotativo no sólo incumple las mejores prácticas deontológicas internacionales, sino que viola su propio código de ética. Tiene toda la razón el código de ética de El Universal cuando afirma que: “La búsqueda de cualquier interés particular en la misión de informar es contraria a los mismos principios que garantiza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.” Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con ese manifiesto deontológico. En la misma línea, el artículo 2 de ese instrumento ético titulado “Honestidad” afirma que: “Los lectores de El Universal tienen la garantía de que las noticias que se publican en las páginas del diario son imparciales y no las anima otro fin más que el interés público”. ¿Quién podría disentir de semejante declaración? Más todavía, en el artículo 5, bajo el rubro de Responsabilidad, prescribe: “El Universal y sus periodistas actúan con responsabilidad en el ejercicio del periodismo, entendiendo el alto impacto que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Esta responsabilidad se expresa, entre otros, en los siguientes casos: Error. El Universal tiene la responsabilidad de corregir todos los errores importantes de los hechos presentados, y clarificar los de omisión y contexto. Todos los señalamientos pertinentes sobre errores son recogidos y procesados a la brevedad”. El gran problema es que las obligaciones éticas libremente adoptadas por ese diario son inversamente proporcionales a sus prácticas periodísticas, como se puede ver del seguimiento de la nota falsa que ha dado como veraz y precisa sin ningún asidero en los datos legales disponibles.

Cuarto. Es sabido que el mayor capital de un medio es su credibilidad y si no es capaz de cumplir sus propios compromisos deontológicos ante su público, poco puede esperarse que observe la deontología periodística más aceptada. Se debió en este caso haber informado que el Reglamento está sujeto a consulta pública ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (https://acortar.link/3P4SCq) en cumplimiento a lo previsto por el artículo 73 de la Ley General de Mejora Regulatoria, que a la letra dice: “Las Autoridades de Mejora Regulatoria harán públicos, desde que las reciban, las Propuestas Regulatorias, el Análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo y todas las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben durante la consulta pública”. De las observaciones, sugerencias y propuestas saldrán, sin duda, mejores enunciados normativos para plasmar el ánimo progresivo del Conacyt y no, como sostiene El Universal en una lección de lo que jamás debe hacer un medio que se respete. No debe haber disenso tan grande que deje al periodismo y a la verdad como víctima por cualquier razón ajena al derecho a la información, razón y medida de los medios de comunicación.  

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis forma parte del número 2361 de la edición impresa de Proceso, publicado el 30 de enero de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.