CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El lunes 21 de noviembre fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un amplio y desproporcionado operativo –con armas largas–, el licenciado Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua. Se le detuvo en la ciudad de Delicias delante de su padre, que lo acompañaba a la tienda muy temprano, y quien tras la enorme impresión que le causó ver llevarse a su hijo, murió de un infarto al miocardio.

Con su padre muerto y ahora en prisión, el licenciado González Arredondo, quizá uno de los fiscales mas competentes y honorables de este país, enfrenta una de las mayores vilezas políticas que se hayan podido suscitar en los tiempos recientes: la venganza de la gobernadora “panista” María Eugenia Campos Galván, utilizando al fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, un incondicional sin pericia que fue su antiguo coordinador de asesores cuando era alcaldesa de la capital.

Se le acusa del delito de tortura psicológica cometido supuestamente en contra de varios testigos con identidad reservada –condición adquirida bajo criterios de oportunidad– que brindaron testimonio en más de 20 carpetas de investigación sobre la corrupción política de César Duarte.

González Arredondo coordinó el megaproceso de combate a la corrupción que se produjo durante mi gobierno, conocido como la Operación Justicia para Chihuahua y que logró documentar y demostrar ante decenas de jueces federales y locales el enorme latrocinio que saqueó al estado durante la administración de César Duarte Jáquez, calculado en más de 6 mil millones de pesos. Se trató de un grupo muy profesional de peritos, analistas, policías y ministerios públicos que desarrollaron estrategias y métodos con altos estándares internacionales para investigar redes de corrupción política, seguir la ruta del dinero y capturar a los responsables.

Se ejerció acción penal en contra de 49 personas, entre ellas exservidores públicos y empresarios. Se libraron 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso, y se lograron 16 sentencias condenatorias. Sólo por la vía penal, a través de la reparación del daño y el pago de multas, se recuperaron mil 356 millones de pesos que ingresaron de nuevo al patrimonio del estado. Se aseguraron y embargaron 139 bienes inmuebles, compuestos en su mayoría por predios rústicos, aunque también se identificaron lotes urbanos, fincas urbanas y un pent-house en condominio, cuyo monto en total asciende a un aproximado de 500 millones de pesos.

Se incautaron miles de cabezas de ganado vacuno, equino y exótico de distintas razas. Y se recuperaron de forma definitiva, mediante declaraciones judiciales de abandono a favor del gobierno del estado, más de 10 inmuebles rústicos y urbanos, entre los que destaca el rancho más grande que tenía César Duarte, Santa Rita, con una extensión de más de 29 mil hectáreas, equivalente a la totalidad del fundo legal de la capital del estado.

Como nunca antes en la historia de la lucha contra la corrupción e impunidad se diseñó una estrategia legal a fin de que el litigio de los casos no se agotara en los tribunales locales y alcanzara también los juicios de amparo tramitados por los involucrados en los desfalcos. De ese megaproceso resultaron investigaciones de gran impacto para la opinión pública nacional, como la llamada Operación Safiro, el desvío multimillonario de recursos al PRI de Manlio Fabio Beltrones, y la nómina secreta de César Duarte, un mecanismo corruptor por el cual el exgobernador construyó, mediante sobornos, una red de complicidad y protección.

María Eugenia Campos Galván fue parte de esa nómina secreta, siendo diputada local. El grupo de ministerios públicos coordinado por Francisco González Arredondo la llevó a proceso, como a tantos otros que participaron del mecanismo. Fue acusada de cohecho por recibir poco más de 10 millones de pesos de la nómina secreta, en entregas mensuales de dinero en efectivo a lo largo de dos años, y un juez de control en audiencia pública de juicio oral, en plena campaña a la gubernatura, la vinculó a proceso. Un día antes de su toma de posesión, un magistrado deses­timó la vinculación y ordenó reponer el procedimiento. La causa quedó suspendida.

Desde que asumió el poder no descansa en el empeño por tratar de lavarse la cara, pero al mismo tiempo tiene que cogobernar con César Duarte, a quien está indisolublemente unida por el pasado que los compromete. De hecho le entregó al exgobernador de nueva cuenta el control del Poder Judicial del estado, colocando en la Presidencia del Tribunal Superior a la magistrada Miriam Hernández Acosta, ahijada política de Duarte y una de sus testigos de descargo en el juicio de extradición en Miami, Florida.

La burda maniobra para inculpar a González Arredondo de tortura psicológica constituye, además de esa revancha política, la estrategia del compromiso para favorecer los intereses del exgobernador Cesar Duarte para lograr su liberación. Afirmando que sus colabo­radores y testigos fueron torturados buscan desacreditar las investigaciones. O sea, criminalizando las investigaciones le apuestan a legitimar sus afirmaciones acerca de que no tuvieron intervención en el saqueo de las arcas del gobierno durante su gestión.

Particularmente se busca desmontar las investigaciones sobre la Operación Safiro y la nómina secreta; esto se desprende del desarrollo que ha tenido la audiencia de imputación del licenciado González Arredondo. Los testigos de identidad reservada, que ahora se dicen víctimas de tortura psicológica, son los mismos que declararon en el juicio oral que se llevó a cabo en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja. Se trata de Ever Eduardo Aguilar, José Jaime Bustamante Pérez, Jesús Olivas Arzate y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre; todos ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte y copartícipes en la instrumentación de los desvíos de recursos públicos.

Aunque la ley prevé que si un testigo a quien se le brindó criterio de oportunidad (obviamente porque es cómplice o coautor) se retracta de sus imputaciones o bien incumple el acuerdo que firmó con la autoridad, la consecuencia inmediata debe ser que el criterio se le retire y se le procese en la calidad original que tenían, de imputados. Pero la gobernadora de Chihuahua les ha ofrecido, personal y directamente, protección y ahora son testigos protegidos para retractarse, seis años después, de los testimonios que ofrecieron.

En Chihuahua está en marcha una brutal criminalización del combate a la corrupción. A cabalidad, la faceta cínica y corrupta del PRIAN, con la que pretenden regresar a la Presidencia de la República en 2024. ¡Qué vergüenza! 

Este análisis forma parte del número 2404 de la edición impresa de Proceso, publicado el 27 de noviembre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.