CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La jueza de Control, Hortensia García, dictó prisión preventiva por el delito de tortura contra Francisco G.A. exfiscal especializado en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada en el gobierno de Javier Corral Jurado. El funcionario investigó el caso del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien hoy se encuentra preso y sus exfuncionarios en los llamados "Expedientes X" y Operación Safiro.

La audiencia de vinculación a proceso terminó a las 1:300 horas de este jueves y la jueza determinó que el exfuncionario deberá permanecer en prisión por lo menos un año. Este sábado realizarán la audiencia de vinculación a proceso o no, en contra de Francisco. G.A, mientras que el fiscal general, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer a medios locales que trabajan en otras órdenes de aprehensión de otras personas involucradas en los actos de presunta tortura, contra exfuncionarios duartistas.

Francisco G.A fue detenido el pasado 21 de noviembre, cuando se encontraba con su papá en un vehículo. El padre del exfiscal sufrió un infarto y falleció al día siguiente, hecho que el exfuncionario atribuyó al uso excesivo e innecesario de la fuerza pública por parte de la Fiscalía General del estado, como si se tratara de una persona peligrosa o que el fuga, por lo que solicitó que se diera vista de su denuncia a  la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La jueza resolvió dar vista al organismo para que investigue los hechos de la detención.

De acuerdo con las acusaciones que se le imputan a Francisco G.A, seis exfuncionarios de Duarte aseguran que fueron torturados y que recibieron tratos inhumanos por agentes de la Fiscalía General durante el gobierno de Corral, para presionarlos psicológica y emocionalmente, con el fin de que declararan para armar los casos del Operativo Justicia para Chihuahua.

Hoy, el cuerpo colegiado de defensa de Francisco G.A emitió un comunicado para dar a conocer que por la mañana se suspendió la audiencia de vinculación a proceso, porque decidieron acogerse a la duplicidad del término Constitucional para que se resuelva la situación jurídica de su representado en la audiencia, que continuará este 26 de noviembre a partir de las 10 horas.

El imputado permanece en prisión preventiva como medida cautelar y la defensa asegura que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua argumentó pero no probó, la presunción de Francisco G.A de influir en testigos o víctimas.

Asimismo, denunciaron que el 22 de noviembre de 2022, el juez Décimo Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, concedió la suspensión provisional "y por lo que hace a la libertad del maestro G, determinó que ésta quedaba a disposición de ese juez de Distrito, con lo que se tiene que la juzgadora pasó por alto un mandato de un juez superior.

"La prisión preventiva impuesta al maestro G.A. constituye una medida excesiva, irracional, desproporcionada, injustificada y en estos términos, también inconstitucional y así habremos de combatirlo ante las instancias y vías correspondientes. Lo anterior, considerando que al no ser un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, luego entonces, la única posibilidad jurídica para imponerla, es la de justificar la existencia de un riesgo, sea de sustracción de la acción de la justicia, sea de obstrucción a la investigación, o sea de producir una nueva afectación y; esta justificación debe ser de forma tal que razonablemente se pueda inferir que ninguna otra medida cautelar menos gravosa o una combinación de éstas, sea suficiente para evitar el riesgo", agregan en el comunicado.

Aseveran que en este caso no se justificó la prisión preventiva porque no sólo no quedó acreditada, sino que fue ampliamente desvirtuada, no con argumentaciones, sino con variados y vastos registros de prueba que fueron incorporados por esta defensa a la audiencia.

"Las anomalías en este proceso han estado presentes desde la emisión de la orden de aprehensión sin fundamentación y motivación, y con el grave error jurídico de decir que la tortura psicológica hace parte de los delitos con prisión preventiva oficiosa; hasta la decisión que hoy impuso la prisión (...)  Esto nos hace presumir que la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se conducen con evidente falta de independencia e imparcialidad y esto lo estamos denunciando ante mecanismos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, al configurarse una violación a las garantías judiciales, reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en nuestra Carta Magna".

De acuerdo con el Ministerio Público, los testigos protegidos de los Expedientes X declaraban hasta 16 horas seguidas sin tomar agua y sin ir al sanitario. Presuntamente fueron presionados para declarar en sus respectivos casos, por lo que tuvieron que recibir terapia para sobrellevar la carga emocional.