CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El pasado lunes 21 de noviembre un convoy de 10 vehículos de la Policía Estatal desembarcó en la ciudad de Delicias, Chihuahua. El operativo desplegado por agentes que portaban armas de alto calibre, de tan llamativo, haría suponer que fue ordenado para detener a un delincuente muy peligroso, por ejemplo José Noriel Portillo Gil, el sujeto acusado de haber asesinado a dos sacerdotes jesuitas hace ya cinco meses.

Pero el objetivo era otra persona, a juzgar por la parafernalia, mucho más peligrosa: Francisco González Arredondo, el fiscal para la defensa de los derechos humanos en esa entidad entre 2018 y 2021.

Tan aparatoso fue el operativo que provocó la muerte de Francisco González Vázquez, padre del exfuncionario, quien falleció a causa de un infarto fulminante ocurrido prácticamente al mismo tiempo que aquellos agentes trataban a su hijo como un criminal.

Al día siguiente el detenido fue conducido ante el juez que había dictado la orden de aprehensión en su contra. A pesar del duelo, Francisco González logró sobreponerse y se defendió a sí mismo, sin mediación de sus abogados. Le urgía conocer los delitos por los que estaba siendo imputado.

Aquel momento fue tan surreal como sólo puede serlo una escena de transfiguración donde el sujeto que persigue se convierte en objeto perseguido.

Durante cuatro años el fiscal González Arredondo encarnó la voluntad del pueblo de Chihuahua en su repudio contra la corrupción. Fue el líder en la investigación de lo que hoy se conoce como la Operación Justicia para Chihuahua, la cual destapó una trama de corrupción política cuyo valor superaría los 6 mil millones de pesos.

Gracias a las indagatorias de este fiscal pudo encontrarse evidencia contundente, ante los ojos de la justicia, para vincular a proceso al muy corrupto exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Entre una larga lista de delitos, se le acusa de corrupción, peculado y desvío de recursos públicos para financiar campañas.

Además de Duarte también se encuentran enfrentando a la justicia otros funcionarios de su administración, quienes presuntamente fueron cómplices de la misma red que delinquió bajo las órdenes del exmandatario.

Entre las muchas personas señaladas por haber participado en esa red se halla la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien, según consta en diversos documentos, siendo diputada local habría recibido un soborno por más de 8 millones de pesos a cambio de que apoyara iniciativas legales del gobierno duartista.

El nombre de Campos estaría, junto con los de otros políticos de la entidad –pertenecientes a distintos partidos–, en una nómina dispuesta para asegurar obediencia y complicidad. En su momento, la actual gobernadora reconoció ante su correligionario de partido, el también exmandatario Javier Corral, haber recibido esos recursos y prometió que los devolvería a la hacienda pública, igual que hicieron otros sujetos acusados por el mismo delito y que optaron por acogerse a los beneficios del criterio de oportunidad. Pero al final cambió de opinión.

Convencido de que la detención ocurrida el lunes pasado es en realidad una venganza ordenada por la gobernadora Campos, González Arredondo insistió con conocer la letra pequeña del expediente armado en su contra.

Durante esa primera audiencia tuvo conocimiento de que seis personas distintas –la mayoría procesadas por delitos relacionados con la Operación Justicia para Chihuahua– lo habrían denunciado por tortura psicológica.

Según las presuntas víctimas, durante los interrogatorios relacionados con aquella investigación, el fiscal González levantó la voz y también habría negado agua y alimento a las presuntas víctimas, quienes además se quejaron de haber sido sometidas a sesiones largas y extenuantes de careo y cuestionamiento, a partir de las cuales se obtuvieron confesiones muy relevantes para el caso.

Sólo el juez de Control responsable de esta causa sabrá si, además de los testimonios referidos, existen pruebas periciales que confirmen la ocurrencia de una posible tortura psicológica. Cabe suponer que, de su lado, el exfiscal presentará argumentos y evidencia para defenderse de estas acusaciones.

Mientras tal cosa ocurre, el teatro montado por la policía del estado para aprehender al fiscal González, así como la muerte de su padre, forman ya parte de una misma fotografía que despierta demasiadas dudas. Todo parece excesivo y desproporcionado, y por tanto es difícil no saltar a conclusiones y presumir que en realidad tanta parafernalia tiene como único objetivo destruir la reputación del fiscal que logró meter tras las rejas al exgobernador Duarte.

Perseguir al perseguidor es una vieja estrategia. Cuando no puedes demostrar la inocencia del criminal, se criminaliza a quien le investiga. Es exactamente el caso expuesto hace dos semanas en estas mismas páginas a propósito de la denuncia presentada por los militares acusados de haber participado en la ­desaparición de los normalistas de ­Ayotzinapa, en contra de Alejandro Encinas, titular de la comisión que investiga a esos mismos militares.

El recurso es tramposo, pero no infrecuente. En México y en todo el mundo lo utilizan los políticos y los abogados marrulleros. Pero para eso están los jueces, sobre todo los de Control, para evitar que sus juzgados sean utilizados como tablado para la danza de las vendettas políticas.

México es un país impune, porque quien investiga corre siempre el riesgo no sólo de ser investigado y perseguido, sino también de perder la libertad y, en ocasiones, la vida.

Es una tragedia lo que está ocurriendo en Chihuahua. La gobernadora Campos es la responsable de revivir el reinado de la corrupción que dio inicio en las épocas de Duarte y ahora está de vuelta. 

Este análisis forma parte del número 2404 de la edición impresa de Proceso, publicado el 27 de noviembre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.