CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó el pasado 28 de abril una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enviada por el presidente López Obrador. Se trata de un documento que debe ser revisado públicamente con todo detalle y, sobre todo, es necesario hacer notar sus alcances, que son de enorme escala.

No es una iniciativa electoral solamente, pues sus implicaciones apuntan a rehacer, literalmente, la estructura de las instituciones del Estado y el sistema político entero. La propuesta está muy lejos de una simple reforma que ajusta algo; en realidad se trata de una iniciativa que pretende crear “otro algo” por completo.

De entrada, el documento presidencial comienza por asumir que no existe la democracia en México. Así, de plano. Ni siquiera una imperfecta; ni existió una lucha previa para lograrla. Simplemente no existe, por lo que hay que inventarla, según la iniciativa. El respeto al voto, la honradez y la legalidad no son principios vigentes, como afirma la propuesta. Ni hay autoridades honestas e imparciales ni existe la libertad política para la ciudadanía. Desde esta argumentación –que imagina que la historia comienza en este preciso momento– la iniciativa de reforma pretende que el sistema político, sus instituciones, los actores políticos y la ciudadanía son una especie de cuaderno en blanco donde puede dibujarse cualquier cosa, en cualquier momento.

Lo cierto es que la realidad social, económica y política no puede inventarse ni puede decretarse que un día es de un modo y otro día cambiarse a voluntad. Ésta es una lección elemental de historia en cualquier sociedad. No existen los cuadernos en blanco. No asumirlo es una inconsciencia; pretenderlo es una irresponsabilidad que puede tener muy graves consecuencias. Desafortunadamente, la propuesta del presidente López Obrador se ubica en dirección conflictiva con la historia y con la realidad.

El punto de arranque de su iniciativa concibe que en México existe un vacío, una realidad carente de tiempo previo. Entre otras consecuencias, implica decir que no existió la larga pelea por la transición democrática ni sus héroes, heroínas y muchas muertes. Ese supuesto vacío le permite justificar que pueda dibujarse cualquier cosa y pretender que el invento sea la realidad. “Lo imagino, luego existe (o hago que exista)”.

Si el imaginario se impusiera, toda realidad que efectivamente esté enfrente se destruiría por consecuencia. Toda, no solamente un pedacito. Así apunta el ­desenlace inevitable. La escala del derrumbe institucional sería mayor, incalculable y absolutamente grave si ocurriera. Pues no hay un vacío enfrente, como pretende la iniciativa presidencial. Existen valiosas instituciones, legislación, prácticas y actores políticos, procesos electorales y cultura ciudadana que han costado largos e intensos esfuerzos sociales. No perfectos, pero sin duda son logros de nuestra sufrida evolución política.

Para dimensionar el horizonte, vale decir que no se trata aquí de hundir un aeropuerto, como el de Texcoco. Tampoco se trata de abrir una profunda herida en la selva maya, como sucede con el tren. Comparativamente, los costos de la iniciativa se elevarían cientos de veces más y, sobre todo, pudieran arriesgar la estabilidad política del país. ¿Lo sabe el presidente? Así pareciera. Desde esta hipótesis resulta consistente la acelerada carrera por militarizar a la administración pública en México y, mediante esta herramienta, asegurar el control social y político.

Por lo pronto, quede claro que la iniciativa presidencial no es solamente electoral. Efectivamente, imagina otras instituciones electorales, otro INE, otro Tribunal Electoral y evidentemente avanza hacia otro registro electoral ciudadano y hacia otros procesos electorales. Pero además –asunto central– modifica la composición y proceso de elección del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, para quedar alineados con la actual fuerza política mayoritaria, que es la del presidente. Para ahora y para los tiempos que sigan. Es decir, se cambia por completo el balance entre los poderes de la República, con abierto predominio del Ejecutivo a través de su partido. Como en los viejos, viejos, tiempos del PRI, pero ahora con el añadido del poder militar multiplicado por mil (¿como en Cuba o Venezuela?)

En suma, con la iniciativa de reforma no está en juego simplemente algún componente electoral. Se encuentra en riesgo la composición misma de las instituciones esenciales del Estado y, claramente, la estabilidad de la estructura política. La disyuntiva es de la mayor gravedad. La responsabilidad del Congreso y de los congresos locales es excepcionalmente relevante.

Si la reforma se aprobara, ni siquiera el partido Morena quedaría en los mismos términos ni en el mismo escenario político. El cambio de juego sería total pues involucra a la cancha y al juego mismo, que sería alguno completamente diferente, inventado, sin experiencia, sin jugadores reconocidos, sin reglas probadas, sin árbitros entrenados e incluso con un público que no entendería qué está pasando. Y a ver cómo nos va.  

*Profesor del PUED/UNAM. Excomisionado del INM

Este análisis forma parte del número 2401 de la edición impresa de Proceso, publicado el 6 de noviembre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.