CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la entrega anterior analizamos las condiciones de esclavitud moderna. Con datos en la mano afirmamos que esto no sucede lejos, en otras galaxias o épocas, sino que está a la orden del día en el mundo de hoy. De hecho, como argumentaré en esta entrega, la esclavitud laboral moderna se materializa, en ocasiones, en un clic desde nuestro celular.

Y esto es así porque el mundo laboral se ha venido modificando a ritmos vertiginosos en épocas recientes, con los cambios sociales y tecnológicos de la actualidad.

La idea tradicional de un trabajo estable, en un centro físico concreto (fábrica, oficina), con obligaciones claras de las partes (gobierno, empresa y persona trabajadora), beneficios (seguridad social, vacaciones, etcétera) y acceso a una pensión, no es que haya desaparecido del todo como práctica o aspiración laboral, sino que ahora convive con muchas otras formas de trabajo y de relaciones laborales.

Si el mundo de lo laboral es hoy un crisol de diferentes formas de operar, es cierto también que los problemas, vacíos y abusos se han mantenido e, incluso, ampliado.

Muestra de ello es lo que sucede en las llamadas “apps”, una modalidad de trabajo que, si bien existía antes de la pandemia, ésta dimensionó desde otro lugar en importancia y, por desgracia, en existencia de violaciones laborales.

El trabajo de reparto a domicilio de servicios y mercancías diversas (alimentos, medicinas, productos para el hogar, etcétera) es un tema actual, pero al mismo tiempo, una muestra de los múltiples desafíos que tenemos hacia adelante en lo laboral.

Para darnos una idea de lo que sucede en este sector, tomemos como referencia el reciente reporte publicado por Oxfam México, titulado “Este futuro no applica”. En él se afirma que:

La estimación de personas que trabajan como repartidoras en las diferentes aplicaciones que existen en México es de 350 mil.

En promedio trabajan 40 horas a la semana durante seis días. Este dato, siendo promedio, supone dos posibles escenarios: i) hay quienes combinan esta labor de repartidor(a) con otras actividades en la semana; y ii) hay quienes trabajan mucho más que esas 40 horas, pues tienen ésta como su principal fuente de ingreso.

El ingreso semanal promedio de las personas trabajadoras por aplicación es de 2 mil 562 pesos.

Esta labor sí paga impuestos. De hecho se paga una tasa de 8%, que es mayor a la que se paga en otros sectores, como el minero o el de la manufactura.

Este tipo de trabajo también implica gastos para los y las trabajadoras del sector asociados a la actividad. En promedio las personas trabajadoras como repartidoras gastan 490 pesos por semana.

Actualmente este sector laboral no tiene prestaciones. Es decir, las empresas no los consideran empleados (les dicen que son “socios”), por lo que no tienen cobertura médica ni seguro de accidentes, menos aún otras prestaciones, como vacaciones, fondos de retiro, etcétera.

La regulación de este sector en particular está ahora mismo en debate y confección. Por un lado, la Secretaría del Trabajo ha anunciado que está elaborando una propuesta de reforma a la ley laboral para incorporar algunos temas sustantivos.

Por otra parte, diversos colectivos de personas trabajadoras de aplicaciones digitales, entre los que destaca la UNTA (Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación), y con apoyo de una alianza de organizaciones de derechos humanos, se han organizado políticamente y han solicitado, vía un manifiesto público dado conocer en agosto pasado, un “piso mínimo” de exigencias y condiciones laborales.

Lo que las y los trabajadores ­demandan en ese manifiesto es lo más básico de una relación laboral: temas como su definición de personas trabajadoras; las responsabilidades de los patrones; las condiciones y términos de pago, salario y otros ingresos; las herramientas de trabajo; el acoso sexual; la discriminación; la perspectiva de género en el trabajo; los riesgos laborales; la protección de datos personales; la imperativa responsabilidad solidaria; entre otros, son los temas que se derivan de la reflexión estratégica de las y los trabajadores.

Lamentablemente la actual ausencia de reglas y condiciones laborales deja desamparados a quienes, ejerciendo sus funciones cotidianas de reparto, sufren de abusos, vejaciones, accidentes y se quedan en el desamparo total.

Uno de los casos que recientemente se documentó es el de Cristian Alejandro Jiménez Contreras, un repartidor de la empresa Rappi, de 27 años, que fue atropellado en el cruce de las calles Prolongación Paseo de la Reforma y Roberto Medellín, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

Un conductor de automóvil, distraído por su celular, chocó contra su motocicleta, provocando la caída del repartidor y, luego de ello, generando que la llanta delantera del vehículo pasara por encima de la moto y de la pierna del trabajador.

La empresa Rappi no acude al accidente ni se interesa por su integridad. Él tiene que resolver el tema ahí, en el lugar de los hechos y con sus propios recursos. Las atenciones médicas son solventadas por la aseguradora del conductor, con la indiferencia e irresponsabilidad de la empresa donde labora Cristian Alejandro.

Las complicaciones de salud posteriores implicaron que pierda la pierna. Él está ahora estable, por fortuna. Pero su caso es emblemático porque desnuda las hiperprecarias condiciones laborales en las que se encuentran las personas repartidoras de las apps. Cristian encontró en la UNTA un colectivo de apoyo, orientación y solidaridad.

No podemos regular los trabajos atípicos con las herramientas y categorías tradicionales. Las nuevas relaciones laborales demandan imaginación, apertura, creatividad y modernos instrumentos de política pública que puedan adecuarse a la flexibilidad y entorno del mundo moderno. Pero lo imperativo es que esta discusión se piense siempre en clave de derechos y de responsabilidad empresarial.

Lo de Cristian Alejandro no es un caso aislado. Es una prueba más del mundo laboral semiesclavo que tienen las y los repartidores por aplicación. La salida está clara: escuchemos las demandas y exigencias de los colectivos que, como la UNTA y otros, han visibilizado.

Ahí está la ruta de derechos a seguir. 

*Directora ejecutiva de Prodesc