CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revocación del mandato es algo simple, o debería serlo: es el derecho que se reconoce a la ciudadanía a enmendar un error. El pueblo no siempre es sabio. También se equivoca.

La revocación tiene una razón de ser: en los sistemas políticos en que se fija un plazo a la duración del ejercicio de una función pública, y éste es largo, es una vía para neutralizar los efectos de una mala elección. Es una institución política que funciona, preferentemente, en países que cuentan con una población bien informada y con escaso o mediano territorio. Donde no se presentan esos supuestos, se presta a ser utilizada como instrumento de manipulación política. Tal es el caso de México.

Cuando la ley establece un plazo fijo para el ejercicio de una función pública, como el previsto para ejercer el cargo de presidente, a través de la revocación, la ciudadanía, por haber perdido la confianza en quien ella eligió, debe abandonarlo antes de tiempo. En teoría, es la ciudadanía, como titular del derecho a elegir, la única que, por sí, debiera accionar la consulta. Lo demás es abuso, manoseo de los negocios públicos.

La revocación del mandato fue idea de AMLO y de Morena. Se introdujo en la Constitución en 2019. La institución nació viciada: se señaló como titular de accionarla a 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Se antoja difícil alcanzar cuando es auténtica.

Nunca un presidente o sus secuaces, en ejercicio de su “facultad de insinuar, sugerir o de provocar a la ciudadanía”, lo harían sabiendo que van a perder la consulta. Lo intentarán, como es el caso, como un subterfugio para manipular a la opinión pública.

Caso parecido es la fracción II del artículo 127, que fue reformada en 2009, durante la administración de Felipe Calderón, para introducir el tope salarial para los servidores públicos. AMLO, que no es dado a leer leyes y, mucho menos, a respetarlas, fue informado de su existencia. Le quedó “como anillo al dedo”. La estimó útil para fines demagógicos. La utilizó para atacar al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y, en general, a los órganos autónomos. No dio para más.

Nadie sabe para quien trabaja. Como dice el verso del son veracruzano: “Vida, quién me lo dijera: que yo pusiera el columpio, para que otro se meciera”. Así es la vida. Hay alguien que ha sabido sacar provecho de las necedades o aciertos de los gobiernos que lo precedieron.

Volviendo al tema: se entiende que debía ser la ciudadanía la promotora de la revocación del mandato; y no que un gobernante fuera quien la utilizara con el fin de afianzarse en el poder. Hasta ahora, quien debía ser la titular de la acción revocatoria no se ha pronunciado por que sea reglamentado; tampoco ha mostrado un afán desmesurado por “ejercer” ese supuesto derecho. No ha habido una campaña ciudadana para quitar al actual presidente.

¿Por qué tanto afán en realizar ese ejercicio y gastar dinero en algo que, de antemano, se sabe que va a fracasar? Son el presidente de la República y nuestros supuestos representantes, no todos, principalmente los de Morena y la “menudencia” que los acompaña, los que, siguiendo órdenes de arriba, han calentado el tema.

El texto del precepto constitucional que prevé lo relativo a la revocación del mandato es claro y está encaminado a un propósito específico: plantear un problema de desencanto, desilusión o desconfianza por haber hecho una mala elección. Es la ciudadanía aceptando, implícitamente, su error la que la provoca. Se reconoce a la ciudadanía, por una sola vez, el derecho a arrepentirse.

Por la revocación del mandato se desvirtúa el alcance del voto emitido; por ello, la institución que lo prevé tiene efectos limitados. No puede derivar en un voto expreso de confianza ni utilizarse para obtener un voto aprobatorio, como ahora se pretende hacer con la pregunta:

“¿Estas de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

Morena y AMLO no pueden arriesgarse a tener un nuevo fracaso; de ahí que hayan recurrido a la alternativa de ser ellos los promotores de la revocación.

Los adversarios políticos de Morena deben tener bien claro cuál es su papel en cada una de las etapas que la organización y realización que la consulta implica:

Obstaculizar y dilatar la expedición de la ley reglamentaria;

Para el caso de que se apruebe la ley reglamentaria, recurrir a la controversia constitucional y a la acción. Los argumentos sobran: haber pasado, con exceso, el plazo para expedir la ley reglamentaria; que en la forma en que se pretende reglamentar excede la naturaleza de la institución y que la pregunta en sí es ilegal. Hay otros argumentos:

Recurrir al amparo para impugnar la ley reglamentaria y solicitar la suspensión;

Convencer a la ciudadanía a que no se preste a la simulación, con vista a impedir se reúna 3% de los electores, que son los necesarios para iniciar el proceso;

Para el supuesto de que se superen los obstáculos anteriores, la acción de los opositores a la consulta debe estar encaminada a desanimar a los electores a participar en ella, a fin de que no se alcance 40% de los electores, que es mínimo de participantes para que sea válida; y

Llegado el caso, untar a los promotores de ella su fracaso.

No alcanzo a entrever a qué otra maniobra distractora recurrirán los morenos para desviar nuestra atención y lograr que cerremos los ojos a la tragedia que vivimos. Los problemas sobran: de salud, carestía, inseguridad generalizada, falta de trabajo, aumento de la burocracia, previsible fracaso de los tres grandes proyectos, aumento del costo a mediano y largo plazo de la actual administración, el maltrato y humillación de que son objeto los inmigrantes extranjeros y el sometimiento de México al gobierno de Estados Unidos en niveles nunca vistos.

Las obras de relumbrón, la manipulación de la opinión pública y la revocación del mandato son juegos de artificio. Prácticas burdas. Van con la manera de ser de la actual administración: aparenta, acosa, descalifica, mal informa, distrae y no permite que la ciudadanía deje de hablar de ellos. En resumen: demagogia; perdón, rectifico: demagogia, sí, pero corriente. Eso es inherente a la 4T; es lo que va con el carácter de AMLO y la naturaleza de Morena.