CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR) requerirá importantes aportaciones federales y estatales para que cumpla la función de la seguridad pública: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos y prevenir los delitos. En suma, mejorar la calidad de vida de la población.

El 29 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los protocolos y lineamientos técnicos para la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la RINR, los cuales fueron elaborados y aprobados por la Comisión de la RINR que para tal efecto se estableció en diciembre de 2020. Dicha Comisión está integrada por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (que la preside), de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.

Esta importante red de tecnologías y comunicaciones de misión crítica facilitará la coordinación de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Sustituye la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) creada en 1999, la cual durante más de 20 años se equipó con la ya obsoleta tecnología propietaria Tetrapol del fabricante francés Airbus.

Los protocolos dicen que las instituciones federales, las empresas productivas (Pemex y CFE) y los estados que integren la RINR compartirán su infraestructura de radiocomunicación de misión crítica para lograr una cobertura agregada, interoperable, estandarizada, segura y eficiente, evitando la duplicación de infraestructura, la superposición de coberturas y los recursos innecesarios por despliegue y operación.

La Comisión recomienda el estándar P25, desarrollado en Estados Unidos para requerimientos de seguridad pública, con el propósito de otorgar interoperabilidad entre agencias de protección ciudadana (policía, ejército, bomberos, protección civil, empresas estratégicas).

La interoperabilidad es la característica clave que permite la interconexión efectiva de redes, sistemas y equipos para proveer un servicio de misión crítica consistente y predecible. Por ejemplo, las tecnologías abiertas, estandarizadas e interoperables permiten que el servicio 911 y los equipos de radio de los policías se interconecten con los Centros de Comando y Control (C4 o C5) para que las autoridades tomen decisiones inmediatas para la salvaguarda de los propios usuarios de la red (policías) y de la población ante incidentes de seguridad o situaciones de emergencia o desastre natural.

La obsolescencia tecnológica y la falta de interoperabilidad de la anterior RNR (conformada -pero no integrada- por las redes de radiocomunicación de las instituciones de seguridad pública de la Administración Pública Federal y las 32 redes estatales) fue lo que motivó la modernización e integración de la RINR.

El protocolo P25 es un estándar internacional avalado por organismos de estandarización mundiales. Lo anterior genera certidumbre a las agencias de seguridad pública responsables de analizar la tecnología, pues permite un entorno competitivo entre proveedores, evolución y actualización tecnológica.

El Project 25 también permite la interoperabilidad entre proveedores, porque es un ecosistema competitivo de fabricantes que producen toda la cadena de tecnologías, suministros y soluciones de misión crítica.

Las especificaciones de P25 revelan que ofrece un mayor rango de cobertura por sitio de repetición, así como menos torres para cubrir una misma área. Mayor cobertura implica menores gastos de capital, menos obras civiles y menos mantenimiento. Es una ventaja tecnológica y competitiva relevante. Según estudios de factibilidad técnica elaborados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), P25 tiene aproximadamente 30 por ciento más cobertura que otras tecnologías propietarias.

P25 también es interoperable con redes públicas de telecomunicaciones 4G LTE, con equipos de sistemas operativos Android de Google y iOS de Apple. Con P25 la radiocomunicación policial de banda angosta puede complementarse con tecnologías de datos y banda ancha como cámaras de videovigilancia, Inteligencia Artificial, reconocimiento facial, video analítico, bases de datos y otras tecnologías del ecosistema de misión crítica.

Los protocolos aclaran que las instituciones de la RINR sólo compartirán infraestructura de radiocomunicación de misión crítica y de enlace del sistema como la red troncal y física como torres. Significa que la información sensible de cada dependencia o entidad federativa se preserva. Además, cada red administra sus propios usuarios para evitar injerencias perjudiciales.

Los lineamientos también señalan que la adquisición de infraestructura, equipos y servicios para la RINR será transparente. Las instituciones se abstendrán de efectuar adjudicaciones directas injustificadas, como cuando en mayo de 2020 la Guardia Nacional hizo una asignación directa a Airbus por 153.4 millones de pesos. La adquisición provocó la salida de quien dirigía la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Guardia Nacional (antes Policía Federal), como parte de la depuración de la estructura heredada por el ex secretario Genaro García Luna.

Las instituciones deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las frecuencias para su operación y cubrir los derechos por su explotación. Esta es una amenaza porque México tiene elevados costos por el uso del espectro radioeléctrico. El IFT reorganizó la banda de 800 MHz, idónea para comunicaciones de misión crítica sobre redes de seguridad pública, pero el costo del espectro puede hacer prohibitiva la instalación de la red.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 señala que la inseguridad es el problema que genera mayor preocupación entre los mexicanos con 68.2%. Las tecnologías de misión crítica tienen la capacidad de predecir y prevenir el delito, se adaptan a las necesidades de seguridad, permiten preservar la cadena de custodia de la información y tomar mejores decisiones. Es prioritario que el Estado invierta en la inteligencia policial que sólo la tecnología le puede aportar.

Twitter: @beltmondi