Opinión

Remediar al capitalismo

La orden ejecutiva del presidente Joe Biden responde a un propósito mucho más complejo y ambicioso: contener la alarmante expansión de las Big Tech, y recuperar la rectoría que ha venido perdiendo el gobierno estadounidense en materia de economía.
lunes, 19 de julio de 2021 · 19:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En no pocas ocasiones, Joe Biden, un influyente político demócrata, había objetado los abusos de grandes corporativos.

El viernes 9 de julio, Joe Biden, quien ahora se desempeña como presidente de Estados Unidos, pasó del discurso a los hechos.

Ese día, el presidente Joe Biden estampó su firma en una orden ejecutiva que comprende un total de 72 iniciativas, las cuales responden al propósito de limitar el desmedido poder que han alcanzado algunos monopolios en un amplio número de sectores de la economía estadounidense.

Las 72 iniciativas darán lugar a un ambicioso repertorio de reformas en la Unión Americana, las cuales comprenden desde la intención de revertir la neutralidad de la red, procurar un mayor escrutinio en materia de Big Data, revisar detalladamente cada nueva adquisición o fusión que pretendan realizar las Big Tech, ajustar las elevadas tarifas de los transportistas marítimos, hasta la implementación de las medidas legales necesarias para asegurar que las personas con deficiencias auditivas puedan adquirir audífonos más baratos.

Biden ha dejado muy claro que no pretende eliminar al capitalismo; el primer mandatario de Estados Unidos considera necesario acotar algunos excesos y generar beneficios para la numerosa clase media estadounidense. “El corazón del capitalismo estadounidense es una idea simple: competencia abierta y justa”, destacó Biden antes de firmar la orden ejecutiva.

Desde hace más de una década, es posible advertir un sensible estancamiento en el poder adquisitivo de la clase media. Afectar la concentración del poder corporativo-sostiene Biden- podría asegurar precios más bajos a los consumidores y, mejores servicios. Quizá el efecto no sea inmediato; sin embargo, Biden confía en la posibilidad de abrir mercados y favorecer la economía de las clases medias.

El presidente Biden fundamentó la orden ejecutiva en el imaginario histórico de la Unión Americana, refiriendo su orden como “un regreso a las tradiciones antimonopolio de las presidencias de Roosevelt a principios del siglo pasado”.

Algunos historiadores estadounidenses sostienen que el rechazo a los monopolios parte del espíritu exhibido por los colonos en su lucha por la independencia de los Estados Unidos.

En 1773, cuando en el puerto de Boston los colonos arrojaron al mar el té de la Compañía Británica de las Indias Orientales, no solo objetaron un impuesto que consideraron injusto; más importante aún, rechazaron la concesión misma de un monopolio que la corona británica había concedido a algún favorito.

Los sentimientos contrarios al establecimiento de los monopolios se robustecieron durante el siglo XIX, en el marco de la Guerra de Secesión (1861-1865). Los abolicionistas afirmaron una actitud contraria a los monopolios cuando decidieron oponerse a los intereses de los grandes hacendados esclavistas.

El 2 de julio de 1890, el senador John Sherman, de Ohio, introdujo la Ley Sherman Antitrust, una avanzada acta que declaró ilegales a los monopolios por considerarlos lesivos al desarrollo del comercio internacional.

Solo el Departamento de Justicia dispone de las facultades necesarias para emprender causas penales bajo la Ley Sherman.

A pesar de tan avanzada iniciativa, la referida ley no bastó para impedir el desarrollo de nuevos monopolios.

En 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt se vio en la necesidad de denunciar a los "monárquicos económicos" como creadores de “un nuevo despotismo". La concentración del poder industrial y financiero -afirmó Roosevelt- había conformado una "dictadura industrial" que amenazaba a la democracia estadounidense.

La historia nos demuestra que, en Estados Unidos, los intermitentes pronunciamientos contra los monopolios no han logrado impedir su gestación y desarrollo.

En el inventario de grandes monopolios en la historia de la Unión Americana aparecen los nombres de las firmas Standard Oil, American Telephone and Telegraph (AT&T), Microsoft, Google, Apple, Facebook, y Amazon, entre otras.

Hoy Microsoft, Google, Apple, Facebook, y Amazon se encuentran entre las 10 marcas más valiosas del mundo. De acuerdo con lo asentado en el reciente reporte de la firma Kantar sobre las marcas más valiosas en el mundo, el valor de marca de Amazon, que considera la marca más valiosa, supera al Producto Interno Bruto de naciones como Polonia.

Biden efectivamente podría perfilarse como el líder y estadista que asumiría la responsabilidad histórica de reubicar a los Estados Unidos en la ruta de sus intermitentes tradiciones antimonopólicas.

Al momento de estampar su firma en la referida orden ejecutiva, el propio Biden reconoció el fracaso de las iniciativas emprendidas para contener a los monopolios, al afirmar que, “después de 40 años, el experimento ha fallado. El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”.

La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, que afirma estar centrada en la necesidad de mejorar la competencia empresarial y brindar a los trabajadores más opciones y poder, en realidad responde a un propósito mucho más complejo y ambicioso: contener la alarmante expansión de las Big Tech, y recuperar la rectoría que ha venido perdiendo el gobierno estadounidense en materia de economía.

Las grandes firmas de Sillicon Valley se han convertido en un problema de gobernabilidad. No solo han mermado la rectoría del gobierno estadounidense en asuntos de economía; peor aún, han pretendido subordinar al gobierno, sea republicano o demócrata, a sus particulares intereses.

En la orden ejecutiva que presentó el presidente Biden, destaca la necesidad de procurar un efectivo escrutinio en las adquisiciones de las principales empresas de tecnología -Google, Apple, Facebook Amazon y Microsoft, en particular-, las cuales han aprovechado su desmedido poder financiero para asimilar o desplazar a competidores potenciales, limitando la libre competencia y obstruyendo posibles innovaciones que escapan a su control.

Además, la orden ejecutiva admite ser considerada como un recurso extraordinario al que ha apostado el presidente Biden, cuando en los tribunales han fracasado los casos que ha presentado el gobierno de Estados Unidos contra algunos monopolios. 

A finales del mes de junio, por ejemplo, un tribunal federal desestimó los casos que presentaron la Comisión Federal de Comercio (FTC) y los fiscales generales estatales contra Facebook. La FTC y los fiscales generales estatales disponen de 30 días para volver a presentar la demanda.

La FTC y los fiscales generales estatales han insistido en la necesidad de dividir al imperio Zuckerberg (Facebook, WhatsApp, Instragram) en empresas independientes, tal como procedió el presidente Ronald Reagan frente a AT&T e IBM, a comienzos de la década de 1980. El primer paso consiste en lograr revertir la operación que permitió a Zuckerberg apoderarse de WhatsApp.

El viernes 9 de julio, en el acto en el cual el presidente Biden firmó la orden ejecutiva, fue evidente la presencia de Lina Khan, la presidenta de la FTC, así como Richard A. Powers, jefe interino de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acto revistió un profundo simbolismo.

Además, en una declaración conjunta, los referidos funcionarios del gabinete del presidente Biden afirmaron que realizarían una revisión conjunta de las pautas de fusión entre empresas Big Tech, con el objetivo de hacerlas más rigurosas. La posición del gobierno estadounidense parece definida.

La orden además solicitó a la FTC establecer nuevas reglas para combatir la "competencia desleal" en los mercados en línea. Para atajar una medida contraria a sus intereses, Amazon y Facebook han intentado cuestionar la objetividad con la que podría conducirse Lina M. Khan, quien prestó juramento como presidenta de la FTC el pasado 15 de junio.

Algunos especialistas además han cuestionado el doble papel de empresas Big Tech, como Amazon y Apple, que se desempeñan simultáneamente como operadores de mercado y como participantes, compitiendo contra pequeños minoristas o desarrolladores de aplicaciones, quienes, por supuesto, se encuentran en una situación de amplia desventaja. Además, algunos vendedores han acusando a Amazon de explotar el acceso a sus datos e información.

A través de la orden ejecutiva, el gobierno del presidente Biden no solo pretende acotar las reprobables prácticas comerciales que acostumbran realizar algunas de las grandes empresas de tecnología; además incluye restricciones a los monopolios existentes en diversos sectores, como el médico, el agrícola, el manufacturero e, incluye, además, a sectores más pequeños, dominados por un reducido número de empresas o una sola.

Por ello, el presidente Biden solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos reducir los precios de los medicamentos y fomentar la competencia, autorizando la importación de medicamentos de Canadá, por la sencilla razón de que en Canadá resultan más baratos.

En lo laboral, la orden girada por Biden pretende establecer nuevas reglas que permitan despejar las dificultades que ahora suelen enfrentar no pocos empleados cuando deciden cambiar de trabajo.

Las recomendaciones se extienden a la industria de la aviación. Al amparo de la crisis económica que detonó la furiosa propagación de covid-19, las aerolíneas han incrementado arbitrariamente los precios. Los abusos son recurrentes.

La orden pretende obligar a las aerolíneas a dar a conocer con claridad las tarifas adicionales para asientos y equipaje, facilitando a los consumidores la obtención de reembolsos cuando incumplan con lo acordado.

También plantea la necesidad de exigir a los bancos que permitan a los clientes retirar los datos de sus transacciones financieras cuando decidan cambiar de banco.

La politización de las medidas antimonopolio que ha decidido impulsar el gobierno de Biden, inmediatamente fue politizada.

Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acusó a Biden de adoptar un enfoque autoritario “el gobierno lo sabe mejor". Señaló que las empresas son necesarias para que la economía prospere, y afirmó que el lobby empresarial se opone a los "dictados del gobierno centralizado" para planificar la economía.

Biden pretende remediar algunos de los objetables efectos el capitalismo estadounidense. La competencia -afirmó- mantiene a la economía en movimiento y la mantiene creciendo. La competencia justa es la razón por la que el capitalismo ha sido la fuerza más grande del mundo. Sin embargo, desde la perspectiva del señor Bradley, Biden se comporta como un auténtico comunista.

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