CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Qué puede llevar a un país a ampliar cada vez más las facultades de las fuerzas armadas? ¿cuál es el mensaje que manda a sus ciudadanos y ciudadanas y al resto del mundo? Son preguntas que nos hacemos millones de mexicanos y mexicanas, y cuyas respuestas el gobierno aún no logra concretar sin generar más preguntas y una profunda preocupación.

Las medidas extraordinarias han sido una regla en materia de seguridad y justicia para este país, a pesar de que lo extraordinario es, por definición, temporal y excepcional, pues su propósito es generar condiciones para el retorno de las medidas ordinarias y, por tanto, permanentes. No obstante, militarizar se ha convertido en la regla; mientras que la formación de policías ciudadanas, honestas y cercanas a la gente es la excepción. La regla es ocupar a las fuerzas armadas para frenar y deportar migrantes; la excepción ha sido implementar con éxito políticas públicas y acuerdos que atiendan las causas de la migración forzada y permitan un tránsito seguro.

La historia de la militarización no comienza en este sexenio. A pesar de que es posible encontrar antecedentes de esta estrategia en sexenios previos, la llamada “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón marcó un antes y un después para México. A partir de su decisión de incrementar la presencia de las fuerzas castrenses con el objetivo de combatir estructuras criminales, ha sido imposible frenar la violencia, que incluye el incremento de homicidios dolosos y violaciones de derechos humanos, según cifras oficiales. Posteriormente, Peña Nieto creó la gendarmería en el seno de la Policía Federal con un importante componente castrense e intentó “legalizar” la participación de las fuerzas armadas por medio de la Ley de Seguridad Interior, misma que sería invalidada por la Suprema Corte al considerarla un “fraude a la Constitución”.

Las promesas de campaña de López Obrador vislumbraban la intención del retorno paulatino de los militares a los cuarteles, a fin de que la seguridad pública quedara en manos de fuerzas civiles. Todo ello se convirtió en una esperanza vacía cuando se impulsó la creación de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad pública e involucrarla en tareas de administración de justicia. Aunque fue definida como una corporación civil,  en su diseño se previó una fuerte participación castrense. Al menos, se fijó un plazo de cinco años para la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, cuya participación sería extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, requisitos que fueron echados por la borda con el acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020.

Los deseos del presidente se impusieron a la Constitución, pues de facto la Guardia Nacional se convirtió en un cuerpo militar —con incipiente participación de los integrantes provenientes de la extinta Policía Federal­—. Las decisiones más relevantes en torno a su funcionamiento, conformación y operación fueron tomadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, que asumió en los hechos la responsabilidad de proveer seguridad ciudadana, al igual que de otras tareas, como la supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso.

Como era de esperarse, la formalización de la intervención de los militares en las tareas de seguridad pública, ya sea con el nombre de Guardia Nacional o directamente con base en el acuerdo militarista, no supuso un cambio en los resultados; al final del día, las fuerzas armadas ya se encontraban en las calles sin que hubiera una disminución de la violencia.

Recientemente, el presidente anunció tres reformas constitucionales, entre ellas, una que propone la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta cierto punto, se trata de la constitucionalización de lo que ya opera de facto, prescindiendo de cualquier máscara sobre su naturaleza civil; sin embargo, también pone en riesgo la meta declarada en la Constitución: al cabo de cinco años las fuerzas armadas deben dejar las tareas de seguridad pública, incluyendo su participación en la Guardia Nacional. Para lograrlo, la Constitución exigió la aplicación de programas para el fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales y municipales, según el régimen transitorio de la enmienda constitucional del 26 de marzo de 2019. La apuesta debería estar en estas policías civiles y no en las fuerzas armadas, pero de nueva cuenta, existe una resistencia de abandonar la excepcionalidad.

Uno de los termómetros de la pérdida de la democracia es la expansión del poder militar en distintas esferas de la vida pública de un país. Frente a esto se vuelve relevante que en caso de que se materialice la amenaza de López Obrador de llevar a cabo esa reforma, contemos con un poder legisltivo y un poder judicial capaces de hacer contrapeso, así como una ciudadanía atenta a estas pulsiones autoritarias y exigente de normalidad democrática. Migrar a un país con una mayor militarización traerá consecuencias irreparables. Basta mirar a otros países de América Latina.