CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil interpusieron recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación contra el acuerdo emitido el 11 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en labores de seguridad pública hasta 2024. Por considerar que el acuerdo presidencial viola la Constitución, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Equis Justicia para las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e Intersecta (INTR), interpusieron amparos que buscan revertir la decisión del gobierno federal de continuar con la militarización de la seguridad pública que desde hace 14 años ha mantenido al Ejército y a la Marina en las calles, cometiendo múltiples violaciones a derechos humanos. “El Acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos”, argumentaron las organizaciones en los amparos interpuestos. Tras advertir que los requisitos arriba señalados “buscan limitar la arbitrariedad, violencia y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, las organizaciones recordaron que la presencia castrense al frene de la seguridad pública ha derivado en “detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados”, es decir, que la militarización “no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado”. Las organizaciones firmantes, que forman parte del colectivo #SeguridadSinGuerra, insistieron que la medida tomada por el gobierno de López Obrador, que continúa con la estrategia del ex presidente Felipe Calderón, es “un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos”. En un comunicado, las organizaciones explicaron que amparos que fueron presentados por vía electrónica, “fueron desechados bajo argumentos formalistas (…) contrarios al espíritu de la justicia digital y no aplicables para el contexto que atraviesa el país”, lo que atenta con el acceso a la justicia. Las organizaciones conminaron al Poder Judicial “a que interprete como ‘caso urgente’ la militarización de la seguridad pública y la aplicación de criterios no restrictivos de derechos al momento de recibir y tramitar las demandas de amparo que se hacen de su conocimiento de manera física”. En el amparo interpuesto por la CMDPDH, se solicitó al Poder Judicial que ordene al presidente,  emitir un nuevo acuerdo que considere “los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”; un informe previo enviado al Senado que exponga la pertinencia de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; el plan detallado de retorno de las fuerzas castrenses a los cuarteles terminado el periodo señalado por el Acuerdo, así como “la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional, incluyendo su estructura, capacidades e implantación territorial”. Para la CMDPDH es indispensable tener esas consideraciones en un nuevo acuerdo ante “las alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña”, siendo que de 2007 a 2014 alrededor de 3 mil 900 civiles murieron a manos de militares, pero sólo existen 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso, de 2006 a 2019. En el recurso interpuesto por la FJEDD se expuso la preocupación por la inexistencia de “una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar y corregir” las acciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y en control migratorio que se les otorgó tras el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México.

Militarización

La FJEDD resaltó que por el acuerdo con Estados Unidos, el gobierno de López Obrador “ordenó la militarización de las tareas de vigilancia, control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes en la protección de la línea fronteriza”. Al recordar que en los casos de masacres de migrantes, quienes primero llegaron a la escena de los hechos fueron miembros de las Fuerzas Armadas, quienes “no llevaron a cabo un trabajo adecuado de recuperación de evidencia y en la preservación del lugar”, la FJEDD consideró que “no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio, ya que son facultades que no les corresponden”. En el amparo interpuesto por MUCD se resaltó que el Acuerdo viola la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, así como el artículo 21 de la Constitución, que establece el carácter civil de la seguridad pública, por lo que se contrapone con “la construcción de una estrategia de seguridad ciudadana (...) que priorice la prevención, atención y sanción de delitos en el marco de respeto a los derechos humanos”. Al señalar que el amparo contra el acuerdo se suma a los que MUCD presentó en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la organización explicó que el objetivo de los recursos judiciales es “reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles -policías, ministerios públicos y fiscalías- y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que proteja a la ciudadanía”.

Violencia contra las mujeres

Las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres e Intersecta, argumentaron en su recurso interpuesto ante el Poder Judicial, que la militarización “se ha traducido en una reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres”, como lo afirmaron 97 mil mujeres que “fueron violentadas por soldados y marinos”, con agresiones que “incluyen desde piropos hasta agresiones físicas, como patadas o golpes”, seguimiento y vigilancia de mujeres, de acuerdo a la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), publicada en 2016, Aunado a ello, Equis y INTR  advirtieron que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) reveló que “el 10,2% de las mujeres detenidas por policías sufrieron una violación, mientras que las mujeres arrestadas por el Ejército el 20.9% sufrió una violación, y cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40.9%”. Agregaron que desde que se declaró la “guerra contra las drogas”, se incrementó en 500% la tasa de homicidios de mujeres, cometidos en el espacio público y con armas de fuego, entre 2017 y 2018, como lo confirman los Registros de Defunciones por Homicidio del INEGI,  incremento que “no solo se debe al crimen organizado, sino a la estrategia de militarización de la seguridad pública”. Las cinco organizaciones que firmaron el pronunciamiento, destacaron que la estrategia militarista “ha provocado que las y los defensores de derechos humanos sean una de las poblaciones vulnerables más afectadas”, toda vez que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad “provoca un efecto amedrentador” que inhibe el ejercicio de los derechos a la defensa de derechos humanos, a la asociación, a la protesta y al acceso a la información. “A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de voces que discrepan de sus acciones, razón por la cual existen afectaciones graves en perjuicio de las organizaciones” dedicadas a la defensa de los derechos humanos, explicaron. Concluyeron que han impugnado el Acuerdo presidencial bajo “una perspectiva no militarizada, civil y pacifista del Estado y su tarea de garantizar la seguridad de la población”.