Han sido muchas, y muy acertadas, las críticas a AMLO por su propuesta de ampliar el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN, y también han sido muy duras las dirigidas a quienes en el Senado le dieron curso a tal deseo. Incluso aliados críticos de la 4T, como Jorge Zepeda Patterson, quien calificó la jugada como “tarascada inmoral”, han lamentado el error político que supone esta violación a la ley.

Me sorprende que alguien como AMLO, que basa su argumentación política en lo que necesitan los pobres, no vea la conexión de su proyecto con el respeto a la legalidad.

Paolo Flores D’Arcais, un filósofo italiano que afirma que “la legalidad es el poder de los sin poder”, señala que la legalidad en sí misma no es justicia social, sin embargo, desaparecen muchas injusticias sociales cuando la ilegalidad es perseguida de forma sistemática. Muchas personas luchamos para que se aprueben leyes que realmente tiendan a solucionar problemas, pero la lucha por una sociedad más justa se debe apoyar en la legalidad. Luchar por leyes más justas va de la mano de cumplir con las leyes que existen y, obvio, exigir que los políticos, legisladores y funcionarios las cumplan.

No se puede llegar a ser una nación justa y democrática sin el respeto a la ley. Aunque muchas leyes no nos gusten, aunque con frecuencia el funcionamiento de algunas instituciones burle la ley, y aunque varios de nuestros representantes nos decepcionen por su falta de respeto a la legalidad, el cumplimiento de la ley es una de las pocas garantías frente a la arbitrariedad o impunidad de los poderosos.

En México parte de la falta de confianza ciudadana en la ley tiene que ver con los “albazos” legislativos, que son una forma mañosa y secreta de tomar decisiones políticas que afectan a todas las personas. Estas prácticas “en lo oscurito”, que han deteriorado la confianza en el sistema, son parte de la cultura nacional, y no sólo de la cultura política.

En el tejido social en las calles sin nombre (Tirant lo Blanch, 2021), un libro producto de una investigación acerca de la violencia cotidiana en México, Emiliano Duering y Leticia Cufré dicen que “el secreto parece ser condición de posibilidad tanto de la impunidad como de la corrupción, así como los callejones oscuros son el marco perfecto para los delitos de todo tipo”.

Lo “oscurito”, la falta de información y de transparencia, tiene repercusiones en la convivencia social. Fernando Escalante considera que “es un rasgo fundamental del espacio público mexicano la convicción de que lo que verdaderamente sucede permanece oculto, no se puede ver pero es indudable que está ahí. Todos los actores lo toman como punto de partida y tratan de aprovecharlo”. El ocultamiento, el engaño, el secreto, nos lastiman y vulneran nuestra democracia; provocan sospechas y quiebran la credibilidad.

¿En qué otra cosa podríamos fundar y sostener la democracia si no respetamos la ley? Por eso Flores D’Arcais sostiene que “hoy la legalidad tomada en serio, la legalidad como estrategia y práctica coherente, constituye más que nunca el poder de los sin poder”. Para este filósofo, el primer e irrenunciable sentido de la legalidad es “la responsabilidad y la culpa por la violación de la ley”. Tal violación se infringe a la convivencia colectiva y, por tanto, a toda la ciudadanía. Además, la culpa por la violación de la ley aumenta en proporción geométrica y exponencial respecto del poder –político, económico, judicial (y hoy mediático)– de quien la lleva a cabo.

Refraseo la pregunta anterior: ¿en qué otra cosa podría la 4T fundar y sostener su proyecto a favor de los pobres si no respeta la ley? Flores D’Arcais dice que “la legalidad aplicada coherente y sistemáticamente es un bien material por excelencia para los sin poder. Irrenunciable, y tal vez el más preciado”.

Y pone como ejemplo cómo también la legalidad llega a ser liberadora cuando “la criminalidad organizada impone su ley, e infiltra sus hombres en los aparatos del Estado, y se mezcla con un poder político, financiero y empresarial connivente”. Así, “el restablecimiento de la legalidad quiere decir también la liberación de una situación de esclavitud y de radical anulación de dignidad”.

La reflexión de este filósofo resuena con lo que ha estado pasando en estos días. No hay que aceptar las formas subrepticias que intentaron hacer pasar en lo oscurito la ampliación del periodo de Zaldívar. Y tampoco debemos tolerar los desplantes machistas, plenos de groserías y amenazas, de ciertos candidatos que no cumplieron con un requisito de la ley y que confunden la exigencia democrática de la legalidad con ataques dirigidos a sus personas. La labor del INE es apegarse a las exigencias que establece la ley electoral, les guste o no a los candidatos y sus partidos. El INE es resultado de una lucha ciudadana, y la alevosa campaña en su contra es un ataque no sólo a la legalidad, sino también a la ciudadanía.

Requerimos un cambio cultural radical para combatir lo que la machista canción El rey proclama: “Y mi palabra es la ley”. No, la ley no es de un hombre y menos si es un poderoso. “El poder no es el dueño de la ley, solamente es su guardián”. Al contrario, el poderoso le debe al pueblo, que le otorgó ese poder, el obedecer la ley. 

Este análisis forma parte del número 2321 de la edición impresa de Proceso, publicado el 25 de abril de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí