Ricardo Raphael
El censo del bienestar no fue un censo
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el censo del bienestar no fue un censo, en estricto sentido, y el método utilizado para integrar el padrón de beneficiarios implicó errores importantes.
En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Bienestar había concluido el censo de las personas que, durante su gobierno, serían destinatarias de las transferencias directas previstas por 12 programas sociales, entre los que destacan el apoyo para adultos mayores, la pensión para madres solteras o las becas para niñas y niños con discapacidad.
Fue una proeza que, en sólo cinco meses, las y los funcionarios conocidos como los Servidores de la Nación hubiesen recorrido todos los municipios pobres del país para censar a todas las personas susceptibles de integrar la lista nacional y única de personas favorecidas.
Por fin la promesa se materializaba: la consigna que hace más de 20 años volvió popular a López Obrador –“¡Primero los pobres!”– dejó de ser una oferta del candidato para volverse la política principal del gobernante.
Este nuevo padrón debía servir para dispersar más de 300 mil millones de pesos anuales a favor de quienes padecen las mayores carencias; sin duda la política social más notable de la historia de México.
La llamada Cuarta Transformación tuvo necesidad de confeccionar este listado desde cero, ya que sus militantes desconfiaban de los instrumentos utilizados por los gobiernos anteriores. Explicaron que los padrones del pasado habrían sido diseñados a partir de criterios políticos y electorales.
Hace menos de un mes se hizo pública la primera evaluación sobre el censo del bienestar, la cual fue realizada por una autoridad distinta a la que elaboró el padrón y opera cotidianamente el reparto de los recursos.
Los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019 contienen un apartado específico sobre el tema, el cual aún no ha obtenido suficiente atención –no tanta como la que logró el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– y sin embargo la merecería.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el censo del bienestar no fue un censo, en estricto sentido, y el método utilizado para integrar el padrón de beneficiarios implicó errores importantes.
No puede ser considerada censal la tarea de los Servidores de la Nación, ya que estas personas no visitaron todas las viviendas de todos los municipios pobres del país.
En vez de ello, los responsables optaron, de un lado, por recuperar los padrones viejos y, del otro, por la aplicación de un método inadecuado para elaborar la lista de beneficiarios.
En efecto, 50% de los nombres integrados a la base de datos del nuevo padrón único proviene de los padrones vigentes en 2018. Esto implicaría, entonces, que no eran tan desconfiables como se advirtió en un inicio.
La otra mitad de beneficiarios sí fueron registrados por los Servidores de la Nación, pero no a través del método censal. En vez de que las brigadas de funcionarios visitaran cada domicilio con el objeto de hacer un levantamiento de las necesidades y las personas susceptibles de recibir apoyo, los siervos aplicaron una estrategia sui generis.
El reporte de la auditoría refiere que “el personal de campo identificó a posibles beneficiarios por medio de referencias de otras personas”.
Es decir que, una vez en los municipios, las brigadas pidieron a algunos cuantos vecinos que identificaran, según su personal y subjetivo criterio, quiénes consideraban que podían ser las personas idóneas para integrarse al padrón único. Con el argumento de que en las comunidades “todo el mundo se conoce”, los siervos confiaron a ciegas en la información proporcionada por los vecinos interrogados.
En los hechos, esos vecinos seleccionados por criterios lejanos a la estadística concentraron el poder de decisión sobre quiénes serían las personas afortunadas y quiénes las discriminadas de la política social.
Coloquialmente, entre los Servidores de la Nación este método se denominó como “bola de nieve”, el cual permitió que, a partir de unas cuantas personas encuestadas en cada comunidad, se confeccionara un listado amplio de nombres que no fueron posteriormente validados, casa por casa.
Las fallas relacionadas con este método resultaron relevantes. Destaca el hecho de que se haya sobrestimado el número de personas inscritas en el padrón. “Se identificaron 1 millón 204 mil registros de personas censadas en 2019 (por los Servidores de la Nación) en donde sólo habitaban 550 mil 600 personas”.
Sorprendentemente en algunas regiones el listado de beneficiarios resultó ser el doble de grande en comparación con la población residente, de acuerdo con las cifras oficiales del Inegi. Este error habría afectado la consistencia del padrón en al menos 17 entidades federativas.
Otro error detectado por la ASF fue la diferencia entre el número total de personas supuestamente censadas y la cifra de individuos beneficiados que al final lograría acreditarse en la base de datos de la Secretaría de Bienestar. De acuerdo con la misma fuente, el censo reportó originalmente 32 millones 594 mil personas susceptibles de recibir los apoyos, pero la dependencia responsable sólo logró acreditar 24 millones 107 mil individuos en su base de datos.
Esto querría decir que los Servidores de la Nación cometieron un error aproximado de 8 millones de personas.
Esta historia arroja un manto de desconfianza grande sobre la política más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador.
