CIUDAD DE MÉXICO (apro).- E pur si muove, es la frase que supuestamente pronunció el matemático y físico italiano Galileo Galilei después de que la Santa Inquisición lo obligó a retractarse de su teoría respecto a que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa.

La anécdota trasciende hasta nuestros días, no tanto porque Galilei haya tenido razón, sino por la destreza del científico que supo salvar el pellejo y al mismo tiempo la honra.

Fue una suerte para ese hombre que no existieran entonces las encuestas. Hay temas para los que el criterio de la mayoría empoderada no debe ser definitivo. Otros con menos suerte que Galilei han visto rodar su cabeza por defender causas justas en contra de la mayoría. 

La evaluación rigurosa de las cuentas públicas es uno de esos asuntos donde la participación de los expertos es fundamental. Se trata de un tema complejo que requiere del análisis desapasionado sobre el uso que el gobierno hace del dinero que aportamos las personas contribuyentes. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es, en México, el cuerpo profesional responsable de aplicar la técnica para revisar la gestión del erario.

Si la sociedad pierde confianza en su capacidad, se queda ciega a la hora de conocer lo que el gobierno hizo con los recursos comunes y, sin embargo, esto es justo lo que ha venido sucediendo en las últimas dos semanas.

El ataque se ha centrado en la auditoría del desempeño que esa dependencia realizó sobre los costos relativos a la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

Luego, con buen tino, la sospecha arrojada sobre esta auditoría concreta provocó una duda generalizada sobre el conjunto de las auditorías de la ASF. 

El argumento va como sigue: si la evaluación practicada al aeropuerto fue realizada por personal inepto o, peor aun, por sujetos guiados por el dolo y la mala fe, ¿qué se puede esperar de otros proyectos, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya?

Es por tanto indispensable despejar con templanza racional las dudas expuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a propósito de los errores cometidos por la ASF respecto de los costos relacionados con la cancelación del NAICM. 

Es cierto que la ASF reconoció, en un comunicado emitido el lunes 22 de febrero, que podía haber errores metodológicos en el informe referido; sin embargo, también lo es que esa respuesta apresurada derivó de una presión política de enormes proporciones.

Tal comunicación no puede ser tomada con seriedad, al menos hasta que quien supuestamente la firmó, el auditor especial del desempeño, Agustín Caso Raphael, ofrezca una explicación extensa y satisfactoria ante la representación popular, cosa que ocurrirá este martes 9 de marzo. 

Mientras tanto, para despejar dudas sirve la auditoría realizada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (1394-DE).

El objetivo original de este esfuerzo fue fiscalizar el procedimiento para la cancelación del proyecto de inversión del NAICM, “a fin de determinar los costos económicos, financieros y legales para el Estado (mexicano).” 

De acuerdo con el gobierno federal, la cancelación del NAICM no debería costar más de 100 mil millones de pesos. Sin embargo, el Grupo Aeroportuario, a decir de la ASF, nunca desarrolló un mecanismo “para generar, integrar, consolidar, reportar y comunicar la información sobre el costo total de la cancelación del proyecto, y darle seguimiento constante.”

Ante tal omisión, la ASF asumió subsidiariamente la responsabilidad aportando su propia estimación sobre el costo referido. 

De acuerdo con la ASF, el gobierno subestimó las pérdidas ya que el monto del quebranto, hasta diciembre de 2019, rondaba los 331 mil millones de pesos. Es decir que el cálculo gubernamental erró por más de 230 mil millones de pesos. 

Es absolutamente comprensible que el gobierno haya salido a defender sus números. Lo que cuesta más trabajo entender es por qué la ASF no defendió los suyos. 

Detrás de esta disputa, sin embargo, hay tres zonas distinguibles: una de acuerdos, otra gris de entendimiento y una de discrepancia mayor.

Primero la coincidencia: la ASF y el gobierno comparten la misma cuenta a propósito de la inversión irrecuperable y también del gasto realizado debido a la terminación anticipada de convenios de obra, adquisiciones y servicios. 

Respecto a estos dos rubros, ambos aceptan como costo de la cancelación la cifra de los 78 mil 119 millones de pesos. 

Segundo, la zona gris de entendimiento entre las partes tiene que ver con el pasivo que el Grupo Aeroportuario aún tiene derivado de los bonos emitidos entre 2016 y 2017 para financiar el NAICM. 

Hasta que los bonos emitidos no sean recomprados, tal deuda debe considerarse en el renglón de los costos. El Grupo Aeroportuario debe, entre capital e intereses, alrededor de 168 mil 455 millones de pesos por este concepto. 

Arturo Herrera no quiere reconocer esta cifra y, sin embargo, se equivoca: mientras los bonos pendientes no sean liquidados representan un costo por erogar. 

Hasta aquí puede afirmarse que el costo de la cancelación asciende a 246 mil 574 millones de pesos, una cifra muy superior a los 100 mil millones prometidos originalmente por el gobierno. 

El desacuerdo es de plano irreconciliable en lo que tiene que ver con la liquidación de los certificados bursátiles de la Fibra E, así como en la recompra de 30% de los bonos que el Grupo Aeroportuario ya realizó. Ambas operaciones representan más de 84 mil millones de pesos. 

La ASF dice que este monto debe ser registrado como costo, pero Hacienda se opone, porque tal deuda se pagó con el dinero obtenido gracias a los créditos y por tanto no hubo costo. El balance, dice el secretario de Hacienda, está en ceros. Muy probablemente en este punto Herrera tenga razón. 

Ahora bien, ¿quién se equivocó peor, la auditoría que erró por alrededor de 85 mil millones de pesos o el gobierno que lo hizo por 146 mil millones de pesos? Ambos desafinaron, pero por una magnitud distinta a la reclamada.