CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco “no hay una cifra buena ni una cifra mala, sólo distintas metodologías”, declaró el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, al comparecer ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y cuestionado por los diputados sobre el comunicado en que aceptó que había errores metodológicos en la estimación de 330 mil millones de pesos que sostuvo en un principio había costado la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el auditor especial les respondió: “no puedo decir mucho, no puedo contestar porque estoy bajo investigación, bajo un proceso administrativo”.

En otro momento de la comparecencia, siempre ante preguntas de diputados de las diferentes bancadas defendió que “el informe de la auditoría es consistente con la metodología utilizada”, pero consideró “positivo” revisar dicho procedimiento y “aclarar cifras”.

Caso Raphael aceptó que la auditoría sobre el NAIM “es muy compleja” y se hizo bajo muchos “vacíos legales”.

Más adelante, el auditor especial consideró que “es muy respetable la posición del secretario de Hacienda (Arturo Herrera Gutiérrez, quien dijo que había errores básicos en el 75% de su informe) pero son estimaciones, no cifras definitivas”.

También cuestionado sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la auditoría se había equivocado “sólo en 200 mil millones de pesos” y que dicho error se debió a mala fe, el auditor especial de Desempeño respondió:

“No es un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno legítimamente electo”.

Insistió en que sólo se trató de la aplicación de “distintas metodologías” y una y otra vez reiteró que “no hay error, no hay mala fe y sólo se revisará y se le dará seguimiento a la auditoría realizada”.

Caso Raphael adelantó que “no es conveniente dar cifras nuevas, porque no hay cifras definitivas” y aclaró que “hay muchos imponderables para llevar esto a buen término y muchas estrategias del gobierno a seguir para mitigar estos costos”.

En la defensa de su posición, argumentó: “No vengo a defender a capa y espada una cifra ni las razones de la validez de la auditoría, son ópticas distintas y procesos legales que ventilan diferencias y no son verdades excluyentes".

Recordó que en ningún momento hubo pliego de observaciones por daño a la hacienda pública o señalamientos de algún servidor público como tampoco promoción de sanción a servidores públicos.

"Hay distintas ópticas que son igual de válidas sobre la cancelación de un proyecto de esta naturaleza: la óptica de los economistas que valoran los costos de oportunidad de los recursos públicos, y la de los contadores y financieros que valoran costos explícitos.

"Siendo un país de recursos escasos, esa restricción presupuestaria gravita para considerar desde la metodología de desempeño que exista un costo de oportunidad alto, y desde el punto de vista contable se ve el trabajo con flujos y el saldar cuentas. Los dos son consistentes, uno atiende problemas de largo plazo y otro de corto plazo", explicó.