CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras anunciar la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador negoció el pago de compensaciones multimillonarias a las empresas que la administración de Enrique Peña Nieto había contratado para la construcción.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que, entre los finiquitos y los pagos de diversos servicios, quedaron por aclararse 18 mil 573 millones de pesos en 2019.

Este monto se deduce de una serie de nueve auditorías publicadas por la ASF el pasado sábado 20; son distintas al reporte que estimó el monto de la cancelación del NAIM a 331 mil millones de pesos, que desató la cólera del presidente Andrés Manuel López Obrador --quien había anunciado que el costo de la cancelación se elevaría a 100 mil millones de pesos-- y llevó la ASF a desconocer sus propios hallazgos.

En estos informes, la ASF se concentró sobre los contratos que todavía estuvieron vigentes en el primer año de gestión de López Obrador, previo a la cancelación formal del megaproyecto.

Así, la ASF observó que en julio de 2019 el gobierno federal se comprometió a pagar 14 mil 220 millones de pesos al consorcio de 11 empresas que había obtenido el contrato multimillonario del edificio de la terminal, a través de un Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC), que evitaría entrar en juicios costosos con las compañías.

Este consorcio incluía a Cicsa y FCC, del magnate Carlos Slim Helú; Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerardo Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari--; ICA, La Peninsular –de Carlos Hank Rhon--, y la española Acciona.

Al revisar el MASC, la ASF no encontró cómo se calculó ese monto multimillonario –llamado Valor de Terminación del Contrato (VTC)--, y cuando pidió a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) la documentación que justificara la cifra, indicó que “en respuesta únicamente se proporcionó el dictamen técnico-jurídico antes citado con sus anexos”.

Aparte, el ente fiscalizador observó que los 14 mil 220 millones de pesos representaban el 16.8% del importe total del contrato --que rondaba los 85 mil millones de pesos--, ello a pesar de que cuando el gobierno federal canceló el NAIM, las obras de la terminal sólo estaban en 3.4%; por ello, pidió a GACM que “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria” del pago multimillonario y justifique que esta suma resultó “la mejor alternativa para el Estado”.

Todas las empresas del consorcio contratista del edificio Terminal, a excepción de GIA+A, obtuvieron contratos de obra multimillonarios en la administración de López Obrador: Cicsa, ICA y Acciona recibieron los del Tren Maya, mientras que La Peninsular obtuvo un contrato del Tren Transístmico.

Además del contrato relativo a la terminal, la ASF fiscalizó los contratos todavía vigentes en 2019, y pidió a GACM aclarar el destino de 879 millones de pesos en un contrato a Tadco y Naco Netherland; de 502 millones de pesos a Parsons; y de más de 400 millones de pesos a Cicsa, a través de dos contratos a ICA.