CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pocos temas distancian tanto a los gobiernos del mundo como el compromiso para contrarrestar el cambio climático producido por la emisión de gases contaminantes.

En este contexto no sorprende la disputa de cuatro años entre el republicano Donald Trump y sus adversarios demócratas a propósito del Acuerdo de París. 

En noviembre de 2019 la administración trumpista procedió a retirar a Estados Unidos de ese instrumento internacional que entre sus principales objetivos tiene el de hacer crecer el volumen de generación de energías limpias de los países signatarios.

Para la oposición demócrata esta decisión implicó un agravio y por ello se convirtió en bandera política principal de los comicios celebrados en ese país a finales del año pasado.

En cuanto Joe Biden vio despejado el camino hacia la Casa Blanca, la primera declaración de política internacional que hizo fue el anuncio del regreso al Acuerdo de París; con ello fijó el contraste que, en materia económica y ambiental, está dispuesto a significar para la política estadunidense.

Los demás países firmantes de este acuerdo celebraron con entusiasmo la decisión de Biden, incluida China, la otra superpotencia del orbe.

Así las cosas, contrasta hoy la posición mexicana, tan cerca de Trump y tan lejos de su sucesor en materia ambiental. Si bien, a diferencia del derrotado presidente multimillonario, el gobierno mexicano no ha sido vocal respecto a su rechazo al Acuerdo de París, con sus acciones no ha dejado lugar a dudas sobre el sitio en el que se ha colocado.

Cuando México firmó este instrumento, el gobierno se obligó a incrementar la generación de energía limpia para alcanzar, en 2024, un piso de 35% del total producido. Es decir que poco más de un tercio de la energía consumida tendría que ser limpia o, lo que es lo mismo, proveniente de fuentes hídricas, nucleares, solares, de viento, geotérmicas o de gas natural. 

Cuando Andrés Manuel López Obrador tomó la Presidencia mexicana, el país había alcanzado un rango de 25% de generación proveniente de energías limpias, respecto al total. Esto quiere decir que la actual administración estaba obligada a crecer la plataforma de fuentes limpias para sumar un 10% más antes de 2024. 

Sin embargo, el gobierno de López Obrador decidió, por distintas vías, no invertir un solo peso más en la generación de energía limpia. No hay, para lo que resta del sexenio, previsión de construir otra hidroeléctrica, ni tampoco existe en el horizonte una nueva central nucleoeléctrica.

A lo anterior se añade ahora una iniciativa de ley que tiene el propósito deliberado de desincentivar la inversión privada en generación de energía a partir de fuentes solares, de viento o gas natural. 

En efecto, la reciente iniciativa preferente anunciada por el mandatario mexicano tiene como columna vertebral condicionar el despacho de energía a partir de criterios que mandan a la cola los watts obtenidos a partir de sol, viento o gas. 

Si bien, antes de los hidrocarburos, esta ley priorizaría la energía lograda a partir de presas de agua y nucleoeléctricas –al no haberse previsto inversión gubernamental a favor de dichas fuentes–, lo que en realidad se está promoviendo es que las energías sucias, las que provocan mayor daño a la atmósfera –las que combate el Acuerdo de París– recuperen terreno en demérito de las demás.

En otras palabras, la decisión de no invertir en nuevas centrales eléctricas hídricas o nucleares, sumado a la iniciativa para desincentivar el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos, así como los límites al despacho de energía proveniente de gas natural, es el camino que el gobierno de México tomó para decir con contundencia que no al Acuerdo de París.

Se trata de una toma de posición que obviamente terminará crispando la relación con el resto de las potencias económicas del mundo. México no es una economía pequeña –dependiendo cómo se mida, se halla entre los lugares 13 o 15 del orbe– y por tanto su capacidad de contaminar es considerable.

Renunciar al Acuerdo de París, por la vía de los hechos, hace parecer a México como una suerte de gorrón que quiere subirse al autobús del siglo XXI sin pagar el boleto.

Además del Acuerdo de París hay otros instrumentos internacionales que serán violados con estas decisiones y que probablemente conducirán al gobierno mexicano a enfrentar arbitrajes y juicios tan costosos como desgastantes.

Destaca el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el tratado vigente de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, los tratados, también de libre comercio, suscritos con otros 43 países, y la mayoría de los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones que México ha suscrito con más de 30 naciones.

En su época dijo Enrique IV de Francia que París bien valía una misa. Es momento de preguntarle al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, si priorizar la energía sucia vale tanto como para darle la espalda a París y a todas las demás capitales del mundo comprometidas con el medio ambiente, puntualmente, con reducir la emisión de gases de efecto invernadero que tanto daño hacen al planeta.