CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mal tiene muchas y muy terribles representaciones, pero hay una que araña con mayor filo la conciencia: el sufrimiento que las personas adultas podemos imponer a las niñas y los niños, en particular cuando la crueldad tiene connotaciones sexuales.

Esta tragedia suele alertar con énfasis los sentidos de la sociedad y, desde luego, el interés de la política. Frente al abuso, la pornografía y prostitución infantil no cabe la tolerancia, mucho menos el desdén.

Por este motivo resultó anticlimático cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por minimizar el caso denunciado recientemente en la Montaña de Guerrero por una adolescente de 15 años, de nombre Angélica, quien fue vendida a su familia política desde los nueve y, según su testimonio, abusada sexualmente por su suegro durante un periodo prolongado.

El pasado lunes 25 la periodista Dalia Escobar, reportera de la plataforma digital Atiempo, interpeló al respecto al mandatario mexicano durante la conferencia mañanera: “¿Por qué se niega a hablar de la venta de niños en Guerrero? ¿Por qué si va a la Montaña no atiende ese tema? ¿No merece la misma importancia que el resto?… (E)stamos hablando de menores de edad (que) son vendidas por sus propios padres…”

Una semana antes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, había aportado visibilidad pública al caso de Angélica, cuyo marido partió a Estados Unidos, entre otras razones, para pagar la deuda adquirida con su familia.

La noticia logró notoriedad también gracias a la buena reputación que en la región tiene Abel Barrera, Premio Nacional por la Igualdad 2015 y director del Centro Tlachinollan. Así se explica por qué, de inmediato, la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se expresó contra la explotación infantil en su entidad: “(Estoy) decidida a acabar con esa ‘costumbre’… (N)o se pueden permitir los matrimonios de niñas… Deben terminar, no pueden existir y no se debe excusar en usos y costumbres algo que sea violación a los derechos humanos de las mujeres en Guerrero”.

Ya antes Abel Barrera había explicado que esta forma de explotación infantil deriva de la corrupción de esos usos y costumbres. La indignidad de convertir a las niñas en mercancía sexual no tiene nada que ver con las tradiciones de los pueblos de la Montaña; un ritual como la entrega de la dote, que perdura desde hace muchas generaciones, hoy se vació de contenido para reinterpretarse a partir de una miserable transacción mercantil.

Vale decir que el abuso y la explotación infantil no son un fenómeno exclusivo de la Montaña de Guerrero, ni tampoco es un hecho dominante en esa entidad. De acuerdo con la organización Hispanics Philantropy el delito de trata de menores habría crecido 32.5% en todo México entre 2015 y 2020, y las principales regiones donde ocurre son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo; no así en Guerrero.

A21, otra organización dedicada globalmente a prevenir la trata de menores con fines de explotación sexual, asegura que México ocupa el tercer lugar en el orbe según la frecuencia con que se cometen estos delitos; por encima únicamente estarían Camboya y Tailandia. Si a las denuncias de tipo sexual se añaden las registradas en los últimos cinco años por abuso laboral de menores –advierte la misma fuente– la cifra de casos rondaría los 300 mil.

Desde esta perspectiva el expediente de Angélica cobra doble relevancia ya que, de un lado, aporta luz sobre hechos cuya ocurrencia se circunscribe a la Montaña de Guerrero, y del otro, obliga a reconocer la gravedad y amplitud del fenómeno de la explotación infantil en todo el país.

Tal forma de abuso golpea más rudamente en la parte baja de la construcción social. Esto no quiere decir que las redes de pederastia estén alejadas de los círculos del privilegio. Al revés, el privilegio de la impunidad respecto de estas prácticas está vinculado estrechamente con el poder económico y político. El perpetrador de delitos sexuales contra menores suele ser una persona que se beneficia inmoralmente de su posición asimétrica dentro de la estructura social.

En contraste, las víctimas de trata generalmente provienen del otro extremo de la sociedad. Se trata de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, sea por razones económicas, familiares o comunitarias, las cuales muchas de las veces confabulan combinadas. Esto es aprovechado por los traficantes que comercian con seres humanos y también por otros abusadores cuya situación de ventaja les permite hacer parecido sin pagar ninguna consecuencia.

Ciertamente, como respondió el presidente López Obrador a la reportera Dalia Escobar, estos hechos cruzan todas las clases sociales, aunque quizá sería más puntual decir que la explotación sexual de menores se sostiene sobre una estructura desigual que aporta privilegios inmorales para algunos y desposesión radical para otros.

De acuerdo con fuentes locales, una niña de la Montaña de Guerrero llega a ser vendida entre 40 mil y 400 mil pesos y una vez realizada la transacción, ella pierde absoluta soberanía sobre su cuerpo y sus decisiones. Se convierte en una esclava, igual a tantas otras que los traficantes de personas comercian en el resto de la República y más allá de las fronteras mexicanas.

Tan cierto es que esta tragedia ocurre en las zonas rurales más pobres como que las redes de prostitución y trata están conectadas con circuitos de élite. Intriga, a este respecto, el desconocimiento de López Obrador sobre el tema y más la sobrerreacción cuando acudió a la Montaña y ahí la prensa lo interrogó a propósito de la denuncia de Angélica: “¿Qué, acaso, la prostitución está nomás con los pobres?”, atajó evidentemente molesto. “No vengo a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas… porque eso no es regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales… (E)l tema no corresponde a la realidad… es bastante clasista y racista (presentarlo así)”.

Se equivoca en redondo el mandatario al suponer que la pertenencia a comunidades originarias protege a las niñas indígenas de ser víctimas de abuso sexual, pero el yerro más grande está en creer que, como presidente del tercer país con mayor prostitución infantil en el mundo, puede negar el fenómeno o, peor aún, explicarlo a partir de prejuicios y opiniones tan ligeras como mal documentadas.  l