CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fracaso. Esa es la palabra que define el resultado de la más reciente licitación (IFT-10) de espectro radioeléctrico en México que dejó desiertos 38 de 41 bloques del preciado recurso que podría contribuir a cerrar la brecha digital en el país, pero su costo es altísimo.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso a licitación 41 porciones de espectro, pero sólo obtuvo ofertas por tres bloques. Durante el concurso sólo participaron AT&T y Telcel, porque Telefónica-Movistar anunció desde 2019 un plan de devolución de espectro que concluirá en 2022, por el alto costo que establece la Ley Federal de Derechos.

AT&T concursó por dos bloques en la banda de 800 MHz para ampliar su cobertura en distintos municipios de la región norte del país, además de la Ciudad de México y el Estado de México. Por estas dos porciones pagará mil 080.8 millones de pesos.

Telcel sólo concursó por un bloque en la banda de 2.5 GHz, idónea para alta capacidad y velocidad de transmisión de datos en ciudades densamente pobladas. Por estas frecuencias pagará 270 millones de pesos. El bloque adquirido por Telcel tiene obligaciones de cobertura en, al menos, 30 de 52 localidades entre mil y 5 mil habitantes que no cuentan con servicio móvil. Dichas obligaciones incluyen cobertura en tres de las seis zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes ubicadas en la cobertura del bloque, así como cobertura en al menos dos de los cuatro tramos carreteros señalados en la licitación.

En total, las ofertas de AT&T y Telcel ascendieron a mil 350.8 millones de pesos, los cuales deben ser pagados previo al otorgamiento del título de concesión. Pero ese sólo es el precio por haber ganado las frecuencias. El IFT calculó que a ese desembolso inicial se sumarán 6 mil 733.2 millones de pesos por concepto de pago de derechos por uso del espectro a pagar en los siguientes 20 años que dura la concesión. El total son 8 mil 084 millones de pesos.

El costo total del espectro está compuesto por pagos iniciales y por adelantado más cargos anuales mientras dura la vigencia de la concesión. Además, algunas licencias, como en la banda de 2.5 GHz, imponen obligaciones de cobertura.

Las frecuencias que no recibieron ofertas permanecerán guardadas en un cajón sin ser explotadas y sin ofrecer sus beneficios a los usuarios. Equivalen a esos frascos de vitaminas que no se consumen, pero que están ocupando un lugar sin detonar sus beneficios.

El espectro caro tiene varias consecuencias negativas que ya han sido documentadas. Una de ellas es que reduce la inversión, porque siempre que un operador adquiere frecuencias, invierte para el despliegue o la calidad de la red. La devolución de espectro por parte de Telefónica hará que este operador apague su red y deje de invertir en infraestructura. A cambio, obtendrá reducción de gastos y de deuda. Es racional, porque el costo total del espectro en 2019 para Telefónica representó 15% de sus ingresos.

El 31 de diciembre de 2019 Telefónica devolvió 40 MHz de la banda de 2.5 GHz (asumiendo el costo de haberlo obtenido un año antes, no haberlo explotado, pero librándose de las obligaciones de cobertura que contenía esa banda), así como algunos bloques en la banda de 1,900 MHz en distintas regiones. Al término de 2020 devolvió las concesiones de las bandas de 850 y 1,900 MHz en tres regiones del norte del país. Aún queda pendiente la devolución del remanente de espectro en las bandas de 850 y 1,900 MHz que ocurrirá el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022.

El espectro radioeléctrico es fundamental para el desarrollo de servicios de banda ancha móvil. Gracias a este recurso los usuarios pueden hacer llamadas de voz y enviar mensajes de texto, pero también acceder a Internet, a información, plataformas y aplicaciones que les permiten ejercer sus derechos fundamentales.

Erróneamente, se ha pensado que el espectro radioeléctrico es para los operadores móviles. En realidad, el espectro es para que los usuarios reciban servicios de telecomunicaciones y digitales, se comuniquen entre sí y ejerzan su derecho a la información, acceso a la cultura, educación, salud, trabajo, servicios financieros, trámites de gobierno, entre muchos otros beneficios. El espectro es un recurso de la nación, pero es para beneficio de las personas.

Las frecuencias onerosas repercuten en despliegues más lentos de redes, en menor calidad y en velocidades más lentas de carga y descarga de Internet. Un estudio elaborado por la asociación GSMA, “El impacto de los precios de espectro en los consumidores”, concluyó que “en los países en desarrollo, los precios del espectro eran, por término medio, casi tres veces más caros que en los países desarrollados. Los elevados costes del espectro ralentizaron el despliegue tanto de las redes 3G y 4G y provocaron reducciones a largo plazo en la calidad general de la red”.

En los países estudiados con los precios más altos del espectro, la red 4G de los operadores hubiera cubierto 7.5% más población si hubieran adquirido espectro a un menor precio. Al término de 2020, México tenía 80 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes.

El propio IFT ha argumentado que lejos de representar un beneficio social la recaudación de ingresos por este recurso, el costo del espectro tiene “impactos negativos para la conectividad y el bienestar de la población”.

El elevado costo del espectro ya ha verificado todas las hipótesis: los operadores prefieren devolver el espectro, no hay incentivos para participar en las licitaciones, se ponen en riesgo las inversiones y la cobertura, en tanto que la propia Secretaría de Hacienda deja de recibir ingresos por la explotación del recurso, tanto en pago de derechos como por impuestos.

El espectro disponible para conectar, para cerrar la brecha digital y generar beneficios tangibles para la población, se queda ocioso en el cajón de los funcionarios de Hacienda y los legisladores, quienes no quieren que México esté plenamente conectado y digitalizado.