Diversos acontecimientos en 1920, como el asesinato de Carranza el 21 de mayo, mostraban la inestabilidad política en la que todavía se encontraba nuestro país después de finalizar el periodo revolucionario. Pero algo que debemos destacar es que ese mismo año fue publicado, en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el texto “El porvenir del carbón blanco en la República Mexicana”; el autor de ese artículo fue Miguel Ángel de Quevedo y Zubieta, uno de los más importantes ambientalistas mexicanos del siglo XX. En aquel trabajo el ingeniero Quevedo puso sobre la mesa un importante debate sobre las ventajas que las energías renovables, en aquel momento la hidroelectricidad, tenían sobre las fuentes no renovables como el carbón mineral o el petróleo. Al referirse al “oro negro”, Miguel Ángel de Quevedo expuso que a pesar de nuestras abundantes reservas petrolíferas, en algún momento éstas se agotarían debido al acelerado consumo energético que requerían las sociedades modernas. Asimismo, señaló otras desventajas, no menos importantes para un ambientalista, como el incremento de las temperaturas y las emisiones de gases que alteraban la atmósfera afectando la salud en los lugares en donde se utilizaban. Los razonamientos de Miguel Ángel de Quevedo, siempre sustentados en datos empíricos, señalaron otros problemas relacionados con la implementación de la hidroelectricidad: tales como la vertiginosa desforestación que experimentaba el país que, de acuerdo con el conocimiento de aquella época, vinculaba los impactos de la pérdida de la cubierta forestal con perturbaciones en el ciclo hidrológico, del que dependía directamente la generación de energía eléctrica. En este sentido, la conservación de los bosques nacionales era fundamental para el desarrollo y aprovechamiento de este tipo de energías renovables. Por este motivo la protección de los ecosistemas forestales y la generación de energías renovables era, desde el punto de vista técnico, indisoluble para el desarrollo del país. Debemos señalar que estas ideas, expuestas por Quevedo hace más de cien años, se enmarcaban en la profunda crisis energética que experimentaba la región centro de nuestro territorio, generada por la escasez de madera como energético. Esa situación les llevó a plantear la necesidad de impulsar una suerte de transición hacia otras fuentes energéticas como la hidroelectricidad. Debemos señalar que históricamente uno de los grandes retos de las sociedades humanas ha sido conseguir energía; la necesitamos para cubrir necesidades básicas como la cocción de alimentos y la calefacción, para la producción agrícola, para obtener bienes industriales o servicios. La energía que necesitamos la extraemos de la naturaleza y esto tiene costos e impactos de los que en ocasiones no somos conscientes. Para obtener petróleo o gas necesitamos perforar pozos y estas actividades provocan contaminación en los mares o destruyen amplias regiones selváticas; para conseguir electricidad debemos construir presas que afectan a los ríos y a las especies que habitan en esos ecosistemas. Pero no sólo nuestras necesidades energéticas perturban a la naturaleza, también afectan a otras personas como nosotros. Por ejemplo, la extracción de petróleo ha contaminado los mares de los que dependen millones de pescadores tradicionales y la construcción de presas ha desplazado a miles de las personas de sus lugares de origen, inundando sus casas, tierras de cultivo y lugares donde están sus muertos. En la actualidad muchas de nuestras necesidades energéticas violentan el derecho de millones de ciudadanos a un medioambiente sano, tal como se establece en la constitución. Esa idea podría entenderse de la siguiente forma: cada vez que encendemos un foco, prendemos la computadora o cocinamos hay seres humanos cuyos derechos básicos han sido afectados de manera irremediable. Hoy en día el debate sobre la importancia de transitar de un modelo sustentado en energías fósiles a otro basado en fuentes renovables mantiene algunos de los argumentos señalados hace cien años por el ingeniero Quevedo, pero se han incorporado otros que en aquella época hubieran sido inimaginables; por ejemplo, los compromisos internacionales firmados por México para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Ley de Cambio Climático para hacer frente al calentamiento global del planeta, evitar la pérdida acelerada de biodiversidad, así como el derecho humano a un medio ambiente sano, expresado en el artículo cuarto de nuestra Constitución política. Sin embargo, los esfuerzos que se han y siguen realizándose para impulsar un modelo energético basado en energías limpias y renovables tienen que incorporar el problema de la pobreza y cómo ésta se relaciona con la desigualdad al acceso energético de nuestra población, porque esto no lo hemos resuelto y todo parece indicar que estamos a años luz de hacerlo. Para ejemplificar lo antes expuesto daremos algunos datos que nos permitan mostrar la correlación entre pobreza, pueblos indígenas y acceso a la energía. Según las estadísticas del INEGI los estados con mayor población en situación de pobreza son Chiapas con el 77% y Oaxaca con 70% del total de su población. En Chiapas, el 32% de su población es indígena y en Oaxaca el 57% pertenecen a pueblos originarios. La generación de energía que estos estados aportan al país es significativa. Por ejemplo, en Chiapas se genera aproximadamente el 40% de la energía hidroeléctrica del país y en Oaxaca más del 70% de la energía eólica de nuestro territorio. A pesar del potencial energético de estas dos entidades, sus poblaciones recurren a la madera como principal fuente energética en sus hogares, lo que representa para Chiapas el 50% y el 49% para Oaxaca del total de su población, lo que a su vez nos indica que las energías limpias no están ayudando a reducir las emisiones de dióxido de carbono en los lugares donde se producen. En otras palabras, estas cifras muestran un desequilibrio perverso entre la riqueza energética de estos estados y la profunda pobreza en la que se encuentran sus pobladores. En México generar energías limpias y renovables debe ser una responsabilidad de las empresas,  pero que sean sustentables es un deber del Estado. Utilizar este tipo de energía debería ser una obligación jurídica para las industrias y ante problemas tan graves como los que estamos viviendo, deberíamos impulsar políticas públicas más contundentes y desarrollar tecnologías apropiadas que le permitan a los sectores más vulnerables de nuestro país generar, distribuir y acceder a fuentes limpias, renovables y sustentables, con lo que se podrían mitigar otros problemas como la pobreza, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la exclusión en la que viven miles de indígenas; porque podemos generar energías limpias y renovables, pero para que sean sustentables deben beneficiar y respetar los derechos de los pobladores donde se instalan los proyectos. La actual controversia entre el gobierno federal y las empresas energéticas tendrá que dirimirse en los tribunales y el resultado debe estar sustentado en los marcos normativos del estado de derecho. Sin embargo, como sociedad debemos apoyar las iniciativas para resolver la desigualdad en el acceso, distribución y consumo energético que existe en nuestro país. Es contradictorio que los ciudadanos exijamos, por una parte, que se respeten las leyes nacionales sobre cambio climático y los acuerdos internacionales en esta materia y no demandamos al mismo tiempo medidas eficaces para resolver la desigualdad económica y energética que nos ofende a todos y que afecta a la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Así como escuchamos regularmente en las mañanas que la historia es la maestra de la vida; también, los ciudadanos debemos aprender que la historia ambiental nos enseña la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, porque el cuidado de la naturaleza no es un asunto de liberales o conservadores, es algo que atañe a la sociedad en su conjunto. Esto lo comprendió cabalmente el presidente Lázaro Cárdenas cuando nombró a Miguel Ángel de Quevedo a la cabeza del Departamento Forestal de Caza y Pesca. No olvidemos el ingente esfuerzo del ingeniero Quevedo como el primer ambientalista mexicano del siglo XX que dedicó su vida a conservar y a acrecentar el capital natural de la nación y legarnos un mejor país.