Estamos en un cambio de régimen y se escucha el clamor. A dos años de su toma de posesión como presidente de la República es indudable que AMLO está operando no sólo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen; una mudanza profunda en los usos y costumbres del sistema político mexicano surgido de la revolución de 1910 y particularmente de las prácticas que se impusieron en los últimos 30 años.

La mayor evidencia de este viraje la encontramos precisamente en los airados cuestionamientos, las furibundas acusaciones, los coléricos reclamos que a diario le lanzan al presidente. Y es que a diferencia de los cambios de gobierno recientes que introducían modificaciones anecdóticas al estilo de gobernar y no tocaban los intereses creados, un cambio de régimen como el de la Cuarta Transformación (4T) modifica de inmediato las reglas del juego político y también, aunque más despacio, las del juego económico. Severo reacomodo que descobija a quienes el orden anterior apapachaba… Y, cómo no, los descobijados mientan madres; a veces personalmente, a veces mediante corifeos y personeros.

Así ocurre con los cambios de régimen: generan oposición, posición conservadora. Y si son mudanzas democráticas y progresistas, como la presente, oposición conservadora de derecha. No podía ser de otro modo; a Juárez se le fueron encima los conservadores, a Madero se le fueron encima los conservadores, a López Obrador se le van encima los conservadores. No faltaba más.

El cambio de régimen que representa la 4T reajusta la relación entre los tres poderes y entre los niveles de gobierno, pero sobre todo modifica la relación entre Estado y sociedad. Y esto mete ruido porque el cambio consiste nada menos que en quitarle al grupo social minoritario pero poderoso que son los empresarios el control oligárquico que tenían sobre el Estado y transferírselo al sector social mayoritario pero desvalido que son los trabajadores, no sólo a través del sufragio efectivo, sino también mediante la participación en la gestión. Y los desbancados ponen el grito en el cielo.

Gobernar para los ricos es de por sí corromper la democracia, pero hacerlo solapando y fomentando las más obscenas modalidades de enriquecimiento ilícito, es corrupción en la corrupción. Y en esto se había convertido el viejo régimen mexicano: en una cueva de Alí Babá donde se traficaba desenfrenadamente con el dinero público, el patrimonio del Estado y los recursos naturales de la nación. Era el saqueo institucionalizado como forma de gobierno.

Si no lo creen escuchen a los exfuncionarios: “¡Yo no fui, fue Teté…!”. ¿O quieren nombres? ¿Empezamos por los empresarios? ¿Por los gobernadores? ¿Por secretarios de Estado? ¿Por los presidentes…? (lean los viejos números de Proceso). Así las cosas, el cambio de régimen tenía que empezar por la renovación moral. No podía ser de otro modo.

En la tarea de regeneración nacional que emprendió hace dos años, AMLO tiene la legitimidad, la autoridad, el mandato que le dan 30 millones de votos y la mayoría en las dos cámaras. Pero a algunos les molesta que el presidente tome decisiones con base en este mandato. Aunque en realidad lo que les molesta no es que tome decisiones, sino las decisiones que toma.

Ejemplo emblemático de lo que digo es la respuesta que en ciertos sectores tuvo y sigue teniendo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y el traslado de la obra a Santa Lucía. El asunto era bandera vieja de los ecologistas y de diversos movimientos sociales locales y nacionales, formaba parte del programa de gobierno difundido en la campaña y por el que votaron mayoritariamente los ciudadanos, y ya en esta administración fue sometido a una consulta que ganó la opción de Santa Lucía.

Aun así, cuando el presidente López Obrador lo canceló fue acusado de autoritario. Pero curiosamente nadie de quienes ahora protestan acusó de autoritario al presidente Peña Nieto cuando decidió por sus pistolas que se reanudara la obra aeroportuaria iniciada por Fox. Y es que lo que incomoda a algunos no es la forma en que se decide, sino lo que se decide y que en este caso conlleva la cancelación de expectativas multimillonarias en la construcción de la obra y en la especulación inmobiliaria que hubiera propiciado.

¿La de López Obrador es una presidencia fuerte? Claro que sí, la ganó con 53% de los votos, contra 22% del PAN y 16% del PRI. ¿El Poder Legislativo por lo general lo favorece? Claro que lo favorece, Morena consiguió 191 diputados y 55 senadores, mientras que el PAN sólo obtuvo 81 y 23, respectivamente, y el PRI apenas 45 y 14.

El que resultó de la elección del 1 de julio de 2018 no es un gobierno dividido sino de clara mayoría y por ello es un gobierno fuerte, qué le vamos a hacer. Lo que no quiere decir que el Legislativo no sea un contrapeso donde las iniciativas presidenciales se discuten y, si se trata de reformas constitucionales, el partido mayoritario necesita buscar alianzas.

¿Un presidente protagónico? Para sacar adelante un cambio de régimen se necesita un gobierno legítimo, fuerte y con un presidente carismático. Así ocurrió en el Cono Sur del continente americano con quienes emprendieron grandes mudanzas, como Hugo Chávez en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; Evo Morales, en Bolivia; Rafael Correa, en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. ¿Personalismo? Sí, personalismo. Pero es que así, con fuertes liderazgos, es como funciona la política en nuestro continente, sobre todo cuando hay que emprender transformaciones profundas.

Unos, desde la izquierda, califican de neoliberal la política económica de la 4T, y otros, desde la derecha, llaman populista a su política social. Unos y otros están equivocados. Para empezar porque la económica y la social son dimensiones de una misma política, pues es evidente que las decisiones económicas tienen implicaciones sociales y las medidas sociales, efectos económicos. Carlos Salinas inventó el Programa Nacional de Solidaridad y transformó el desarrollo social en secretaría de Estado, pero su verdadera política social se implementaba desde la Secretaría de Hacienda y sus saldos eran empobrecimiento generalizado y polarización.

El cometido mayor de la nueva política, la económica y la social es escapar del túnel neoliberal, pasar de gobiernos omisos, desafanados y corruptos cuyo activismo se redujo a tomar las medidas (apertura comercial, desregulación económica, desmantelamiento de las instituciones de fomento…) que les permitieran desembarazarse de su responsabilidad constitucional con la soberanía y la planeación democrática del desarrollo, a un gobierno probo, activo y enérgico que en lo externo defienda los intereses nacionales y en lo interno impulse el crecimiento sostenible y la distribución equitativa del ingreso. En breve: un gobierno posneoliberal.

Sin embargo, tres décadas de librecambismo a ultranza transformaron profundamente al país, de modo que hoy la razón neoliberal impregna todas nuestras instituciones: se modificaron en esa perspectiva la Constitución y otras leyes, se adecuaron a ella los aparatos del Estado, sus instancias, sus políticas y sus reglas de operación; se reconfiguró la estructura de nuestra economía hoy severamente extranjerizada.

El neoliberalismo estructural que hoy conforman nuestras instituciones y nuestra economía está siendo desmontado paulatinamente pues las leyes no se cambian por decreto, los aparatos de Estado son resistentes a las mudanzas y el sistema productivo responde a intereses poderosos que no se pueden soslayar y está sujeto a las inercias del mercado. El enfoque, en cambio, es asunto de voluntad; es una decisión política… que ya se tomó.

Hace dos años el gobierno entrante cambió el paradigma treintañero sustituyendo los supuestos básicos del neoliberalismo por otros principios, conceptos y valores. Un nuevo modo de ver las cosas y de proyectar el futuro; un modelo opuesto al neoliberal, que puede leerse en los 50 objetivos del Proyecto de Nación 2018-2024. Resumo la propuesta en seis conceptos contrastantes con el dogma librecambista:

• Primero los pobres, concretado en redistribución progresiva del ingreso mediante aumento al salario mínimo y a las remuneraciones de los trabajadores de base al servicio del Estado, pero también la cobertura universal de los servicios básicos, el apoyo a las madres solteras, a los jóvenes, a los viejos... Para el neoliberalismo primero van los ricos, pues –dicen los tecnócratas– si se crea y acumula riqueza arriba ésta gotea y llega a los de abajo.
• Prioridad al sur, concretado en programas de desarrollo para la región en el rescate del campo y de la economía campesina, y en la plantación de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables. Para el neoliberalismo primero va el norte –volcado hacia Estados Unidos– pues al desarrollo lo guían el mercado y las ventajas comparativas.
• Soberanía alimentaria, concretado en políticas de rescate al campo privilegiando la producción campesina, la ganadería y a la pesca; comprando a precios de garantía el maíz, el frijol, el trigo y la leche de los productores con menos de 20 hectáreas; favoreciendo las prácticas agroecológicas. Para el neoliberalismo el país no tiene vocación cerealera, de modo que es más rentable importar granos que producirlos. 
• Soberanía energética, concretado en la suspensión de las rondas y licitaciones donde se cedían los hidrocarburos, a lo que se añade la rehabilitación y construcción de refinerías. Para el neoliberalismo lo mejor es privatizar las paraestatales del ramo e integrarnos a la estrategia energética estadunidense exportando petróleo e importando combustibles.
• Soberanía laboral, concretado en cumplir la obligación constitucional de generar empleos estables y remunerativos mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y a través de programas regionales que retengan población local que de otra manera migra, entre ellos el millón de hectáreas reforestadas y las obras de infraestructura. Para el neoliberalismo, el desempleo que propicia bajos salarios es lo que nos hace competitivos y exportar campesinos al tiempo que se importan alimentos es un buen negocio para el país.
• Recuperar al Estado como motor del desarrollo, concretado en erradicar la corrupción, la simulación y el dispendio, restituyendo a las instituciones públicas su función constitucional de impulsar el crecimiento, garantizando que éste sea integral, incluyente, justo y sustentable. Para el neoliberalismo el Estado debe ser mínimo y estar al servicio del mercado y sus usuarios corporativos, lo que incluye la prevaricación como palanca privilegiada de acumulación.

A modo de conclusión, algo sobre el virus de la derecha. Los efectos que está teniendo la pandemia entre nosotros exhiben el criminal desmantelamiento neoliberal del sistema de salud. Pero los enemigos de AMLO, que ven ahí la última oportunidad de desbarrancar al gobierno, exhiben en sus argumentos toda su torpeza e impudicia.

Dicen, por ejemplo, que se oculta el número real de infectados y que la letalidad es una de las más altas del mundo. Pero para el manejo del covid-19 el número de infectados y de enfermos leves es irrelevante y en todas partes hay subregistro; lo que importa son los graves y las defunciones, que sí se contabilizan.

Entonces, acusar de ocultamiento es calumniar y exhibe su impudicia. Pero muestran su inaudita torpeza al combinar las dos acusaciones: que se oculta el número de enfermos y que no se reconoce la alta letalidad, pues el índice de letalidad se obtiene dividiendo el número de muertos por el de enfermos de modo que cuantos más enfermos leves se detectara, que es lo que se exige, menor sería la letalidad, que es lo que se denuncia. A sacar porcentajes enseñan en la primaria, y si con argumentos como éstos los legisladores del PAN piden cárcel para “los López”, no es que no sepan dividir, es que no tienen vergüenza.

La derecha ladra porque está desesperada, síntoma de que el cambio de régimen va.

Este ensayo forma parte del número 2300 de la edición impresa de Proceso, publicado el 29 de noviembre de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí