Antes y después de que se presentara el informe del gobierno federal sobre el avance de la investigación a propósito de Ayotzinapa, seis años después de la tragedia, varios colegas periodistas que han seguido el caso publicaron argumentos críticos similares descalificando el trabajo tanto de la Comisión para la Verdad como el de la fiscalía especial. Destacan los textos publicados por Sergio Sarmiento, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez y Héctor de Mauleón. Coinciden todos ellos en que el informe fue vago y cargado de intencionalidad política. En palabras de Sarmiento, “no se está persiguiendo a quienes mataron a los normalistas sino a quienes investigaron el caso”. Héctor de Mauleón añade con sospecha que “muy pronto veremos que el gobierno, a falta de hechos, ofreció cabezas (de la autoridad anterior)”. Comulgan los cuatro con que la versión ofrecida por esta administración no desacredita la verdad histórica original. Con distinto énfasis afirman que los testimonios autoinculpatorios de los presuntos autores materiales e intelectuales fueron desestimados con argumentos menores relativos a las fallas en el debido proceso. Insisten con que sobrevive robusta la versión de que, por lo menos la mitad de los normalistas, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Niegan que otras autoridades, aparte de las policías municipales, hayan participado en los hechos. Concluyen finalmente que esta investigación alternativa está herida por intenciones meramente políticas.

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Con el respeto que cada profesional se merece me permito aquí responder a sus críticas, sin militancia por la causa ni sesgo político o ideológico. Cabe afirmar que la verdad histórica defendida por el exprocurador Jesús Murillo Karam y articulada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, colapsó jurídicamente y no existe más, tal como declaró el subsecretario Alejandro Encinas. Aquella verdad histórica tuvo como base un conjunto de declaraciones autoinculpatorias, todas obtenidas bajo tortura, que eran contradictorias entre sí y que exhibieron a una autoridad que se inventó una narrativa tan falsa como incongruente. Fue por esta razón que el tribunal decimonoveno de circuito del Poder Judicial Federal, con sede en Reynosa, Tamaulipas, expulsó del proceso penal los testimonios obtenidos mediante prácticas antijurídicas. Sin esos testimonios, aquella verdad histórica fue herida de muerte y no es posible resucitarla más. Reclaman mis colegas que el argumento de la tortura haya sido utilizado por los jueces para determinar que esas declaraciones eran una prueba ilícita. En realidad, lo ilícito es el reclamo. La Constitución mexicana establece que no puede ser considerada una prueba válida aquella confesión obtenida mediante coacción física o sicológica.

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Quienes pretenden que la justicia mexicana continúe abrazando los tratos inhumanos como medio de investigación bien harían en proponer una reforma a la Constitución. Mientras eso ocurre, en el derecho penal mexicano el fin no puede justificar los medios. Por tanto, quienes practicaron la tortura, como es el caso de Tomás Zerón, son los únicos responsables de que algunos de los autores materiales e intelectuales estén libres. No así el GIEI, o las organizaciones que han apoyado a las víctimas, como Tlachinollan o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Olvidan también mis colegas que fueron las versiones contradictorias, obtenidas bajo coacción física, las que llevaron a dudar de la versión sobre el asesinato e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Se añadieron después otros testimonios, que también están en el expediente, y que conducen a hipótesis criminales divergentes. Suma la contradicción de los peritajes de fuego y los reportes climáticos que igualmente desacreditan la narración de Murillo Karam y sus subordinados. Haciendo propio el argumento de José Larrieta Carrasco, autor del reporte de la CNDH, ofrecen mis colegas como prueba a favor de la verdad histórica 114 supuestos restos humanos encontrados en el basurero y en el lecho del río San Juan que no han sido aún enviados a los laboratorios de genética en Innsbruck.

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Quizá no sepan que los peritajes de Larrieta sobre estos restos no se entregaron jamás a la fiscalía especial que encabeza Omar Gómez Trejo. Por otro lado, entre esos restos hay petrosas que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), después de analizarlas, determinó que no contenían material genético apto para el pretendido análisis. Con todo, nada impide hoy que esos restos recorran el camino sugerido por sus defensores, pero me veo en la obligación de preguntar: ¿por qué, si eran pieza clave de la verdad histórica, Tomás Zerón tampoco envió ese material al laboratorio de Innsbruck? Jorge Fernández asegura que Ayotzinapa no fue un crimen de Estado porque sólo concurrieron en la tragedia criminales y policías municipales de Iguala y Cocula. Sarmiento agrega que no hay evidencia de que efectivos del Ejército y agentes de la Policía Federal hayan participado. De otra manera, afirman, ya habría órdenes de aprehensión giradas en contra de este personal. El anuncio de la semana pasada, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, no deja lugar a dudas: ya hay órdenes de aprehensión y las pruebas de que funcionarios estatales y federales fueron cómplices de la barbaridad, no sólo por omisión sino también por acción, están en proceso de judicialización. Concluyen mis colegas que la verdad alternativa es vaga y eminentemente política, pues de lo contrario se habrían aportado ya pruebas más contundentes. Respondo que a México le urge cambiar la mala práctica de ofrecer primero las pruebas ante el tribunal paralelo de los medios de comunicación y en segunda instancia a los tribunales jurisdiccionales. Es precisamente por haber seguido esta ruta equivocada que el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse. De ahí que la ruta opuesta, primero judicializar y luego volver públicos los argumentos del juicio –como ocurre en los sistemas democráticos– merezca de mi parte mejor consideración. La diferencia principal con mis colegas no es por Ayotzinapa, sino porque su análisis podría estar atrapado por el mapa de la justicia inquisitorial, cuando el país ya dio el paso hacia otras prácticas coincidentes con un Estado democrático de Derecho. Este análisis forma parte del número 2292 de la edición impresa de Proceso, publicado el 4 de octubre de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí