CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la frase “el Poder Judicial se convirtió en el protector de las mafias del poder económico y del político”, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el informe sobre irregularidades de este sector.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que es falso que el Ejecutivo busque controlar al Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si esa fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día, sin reforma, se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte (…) la presidenta electa tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado (…) Supongamos que lo rechaza: si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna; y si es rechazada nuevamente, entonces la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. El presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa”.

La funcionaria adelantó que en la cámara alta se tienen las dos terceras partes, por si fuera el caso de que se tuviera que elegir a los ministros de la Corte como actualmente se da.

“Y en caso de rechazo o si se tienen las dos terceras partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría”, dijo esta mañana, previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial.

La secretaria de Gobernación habló enseguida de “la problemática y los vicios” en el Poder Judicial y lo inicial fue la injerencia en asuntos electorales.

El primer ejemplo es en diciembre de 2023 cuando “la ministra Piña —estamos hablando meses antes de la elección presidencial— convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno; al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Creel, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior”, dijo.

Otro caso es cuando “la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la corte pueda interferir, pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales”.

También, en 2019 se evidenció la venta de exámenes, por lo que fueron destituidos los encargados de la escuela judicial por cobrar 186 mil pesos.

Alcalde Luján habló de un “enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo”.

En diciembre de 2022 el Consejo de la Judicatura reveló que 49 por ciento del personal, es decir 24 mil 546 tiene al menos un familiar en el Poder Judicial; 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial; los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial; el 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución.

“La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales”, indicó.

Señaló que el CJF “es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces”, porque de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las que se han desechado el 86 por ciento, es decir sin iniciar una investigación y apenas sancionó a 472 jueces y magistrados.

Apercibimientos y amonestaciones fueron el 0.7 por ciento; suspensiones, 0.27%; destituciones, 0.11 por ciento; inhabilitaciones, 0.06; y sanciones económicas, 0.04 por ciento. De las 72 denuncias que ha presentado el gobierno federal.

Sobre las remuneraciones que se mantienen más elevadas que la que tiene el presidente, la funcionaria federal expuso que las mantienen primero a quienes fueron designados antes de la reforma en 2009 por derecho adquirido; después, los que entraron después de esa fecha, para evitar que sea discriminatorio; y en adelante por la supuesta ambigüedad.

“Sabadazos”

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso los casos de “sabadazos” de integrantes de los grupos criminales.

De los que han llamado de “cuello blanco” mencionó los casos de los exgobernadores de Puebla, Mario Marín; de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya; del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y de Genaro García Luna; también del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.