CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La colusión entre trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores que conforman una presunta red delictiva al interior del Infonavit, además de autorizaciones irregulares por el Consejo de Administración, en muchos casos solo con el voto de dos terceras partes, para beneficiar algunas maniobras o empresas, fueron reveladas este miércoles por el director general Octavio Romero Oropeza.  

El primer caso fue el de Telra Realty, contratada en 2014 como una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de residencia, con una duración de dos años, por un monto de 100 millones de pesos. 

Al pasar el plazo no cumplió con lo establecido, por lo que se le debió penalizar; pero al final no solo no se le sancionó, sino se le pagó una indemnización de 7 mil millones de pesos, con una “rebajita” que lo dejó en 5 mil millones de pesos.  

Este pago fue autorizado por el Consejo de Administración y se benefició a la empresa que estaba conformada por cinco socios: dos de Telra, que devolvieron 2 mil millones de pesos “cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”, expuso Oropeza.  

Uno de los “argumentos” para pagar esta indemnización, y que está en la carpeta de investigación, es un documento atribuido al despacho legal White & Case y presentado por la Dirección Sectorial empresarial del Infonavit, que son tres hojas que presenta una antefirma con las iniciales del despacho y la firma final es “White & Case S.A.”. 

“No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa. Es como si Coca-Cola firma como ‘Coca-Cola’. 

Ell gobierno federal hizo un llamado a la empresa White & Case para que avale o no este documento. 

“La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit, y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018”, añadió el director general del Infonavit. 

Los Sectores Empresarial y de Trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, con el voto en contra del sector gobierno y la oposición de la Dirección General. 

Hasta hoy aún impiden la atención a las recomendaciones de la ASF, con el argumento de que no tiene competencia para auditar los recursos, dado que les llaman “recursos privados”, que son de los trabajadores, añadió. 

Cobros por viviendas no entregadas 

El segundo caso es el del programa Línea III, que consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes y son propuestos únicamente por las Direcciones Sectoriales de Trabajadores y la Empresarial, sin un estudio técnico ni financiero, pero autorizados por dos terceras partes del Consejo de Administración. 

Se han identificado 22 proyectos autorizados, entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos; además de 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. 

En cuatro empresas, a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente 45 millones, 22 millones, nueve millones y cinco millones, respectivamente, directamente de los créditos de los trabajadores a quienes se les comenzó a descontar aun sin construcción de vivienda. 

“En la administración pasada se detuvo esto, porque se les estaba perjudicando a la gente; se les estaba cobrando por una vivienda que no se les había entregado, pero lo que estamos haciendo en esta administración es tratar de sacar a esta gente de este problema porque hoy tienen atrapado su crédito. No pueden disponer de dinero, ni tienen la vivienda porque no la terminaron, ni pueden sacar lo de un crédito”, indicó el exdirector de Pemex. 

Múltiples créditos sobre una misma vivienda 

Un caso más de corrupción es toda una red delictiva antes mencionada, entre trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores coludidos para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. 

Con la revisión hasta hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Todo esto sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. 

“Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda que, hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”, aseveró. 

Los estados con más operaciones de este tipo son el Estado de México, con 496 casas que se vendieron 4 mil 130 veces; Jalisco, con 239 casas que se vendieron 2 mil 37 veces; Baja California, con 205 casas vendidas mil 696 veces, por mencionar algunas. Por ejemplo: En el Estado de México tres notarios, con dos despachos de evaluación, tres peritos valuadores, tres controladores y seis trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas, 4 mil 130 veces. 

En esa entidad también se detectaron los casos relevantes de dos notarios que en un primer caso vendió 240 casas casi mil 600 veces, en conjunto con la red. El segundo notario 2 vendió 158 casas, 937 veces. En Jalisco, tres notarios, un despacho, un perito, un controlador, dos trabajadores del Infonavit vendieron 239 casas, 2 mil 37 veces. 

Destacó el caso de Tlaxcala donde 35 casas se vendieron casi 800 veces. “Aquí operó, al igual que en Sonora: un notario, un despacho, un perito, un controlador y un trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo operan, son las mismas personas”. Está también el caso de un notario que vendió 53 casas, 230 veces, es decir que hizo este número de escrituras, detalló. 

“Juicios fraudulentos” 

Romero Oropeza aseguró que en 2019 el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificados y que fueron contratados para recuperar viviendas por la vía judicial, es decir, con desalojos.  

“Entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial —como que algo suena familiar aquí— y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes”. 

El funcionario federal expuso un ejemplo de este tipo de fraudes: “Un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit. Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio; es chiapaneco y lo notifican en Nayarit, como si rentara algún domicilio que quién sabe de quién era”.  

La conclusión de estos casos es que el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, además de que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría no tomó acciones en contra de los responsables. 

Coordinadores y gerentes, con un ingreso superior al de la presidenta 

El último caso que se expuso es el dinero que se llevan quienes conforman los sectores que, además, han avalado irregularidades. 

Romero comenzó por recordar que el ingreso neto anual de la presidenta de la República es de un millón 992 mil pesos; cerca de 140 mil pesos mensuales. Mientras que el director sectorial de los trabajadores gana anualmente 3 millones 255 mil pesos, que al mes son cerca de 271 mil pesos  

 “Los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores. La Dirección Sectorial Empresarial, por lo mismo: el director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140; y sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la presidenta de la República”, detalló.  

 Además de que cada uno recibe entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión a la que acuden.  

 Romero agregó que el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales. “Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”, finalizó.  

Esta serie de actos de corrupción fueron denunciados públicamente por el gobierno federal en el marco del rechazo que ha recibido la reforma a la ley del Infonavit, al asegurarse que los ahorros de los trabajadores serán tomados por las autoridades gubernamentales.