CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la discusión de la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se aplazó para febrero del 2025, organismos empresariales y sindicales han dejado ver que la mayoría del Senado los ignoró para cumplir la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de recibir y, en fast-track, aprobar las modificaciones para que el gobierno federal tenga más poder de decisión sobre el organismo y pueda usar los poco más miles de millones de pesos de los trabajadores.

Las manifestaciones se han centrado en la parte de la reforma en que el gobierno federal aumenta el número de representantes en sus órganos de dirección y disminuye el de los patrones y los trabajadores. Lo mismo ocurre para los comités de vigilancia, en los que prácticamente el gobierno fiscaliza al propio instituto que maneja y lo saca de la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En tanto, voces de la oposición han denunciado que, tal como está el dictamen, el gobierno –en persona del director general, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero–, podría usar los alrededor de 2.5 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores; es decir, recursos privados, no públicos, para echar a andar la empresa con la que pretende construir parte del millón de viviendas populares que la morenista prometió en campaña.

Desde el sábado 14, luego de la aprobación del dictamen en la cámara alta, lo que ya es conocido como el “albazo” de la Presidencia y las bancadas oficialistas de Morena, PT y PVEM, patrones y sindicatos han publicado desplegados y comunicados, además de dictar conferencias para denunciar que, como parte del gobierno tripartita del Infonavit, no fueron consultados sobre dicha reforma.

Peor aún, han subrayado que tampoco se realizó un proceso de diálogo ni un parlamento abierto para discutirla, como sí se ha hecho con otras reformas, por ejemplo, al Poder Judicial.

Sindicatos: “imposición unilateral”

Los primeros en hacer público el descontento fueron 23 organizaciones de trabajadores, entre las que están los sindicatos más grandes y fuertes del país, quienes publicaron un desplegado el pasado fin de semana.

“Vulnerar o reducir el tripartismo a una presencia testimonial pondría en riesgo, entre otras cosas, la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones -con la desaprobación de las entidades calificadoras-, debilitaría los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas y destruiría un ejercicio de construcción de una política pública única”, dijeron.

También pidieron que en todos los órganos colegiados de Gobierno se mantenga la paridad de representantes, con el mismo número de votos por sector. De otra forma, advirtieron, daría “mayor peso a un solo sector, convirtiendo a las decisiones que se toman en una imposición unilateral”.

Entre las organizaciones firmantes están el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos (SNTMM), dirigido por Napoleón Gómez Urrutia; la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

Empresarios, sorprendidos y contra “ocurrencias”

El domingo 15, en un programa televisivo de análisis, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que la reforma enviada por Sheinbaum Pardo al Senado “sorprendió” al empresariado. No obstante, mostró confianza en que habrá diálogo con el gobierno y el legislativo para discutir los cambios que pretenden en la gobernaza del Infonavit.

El lunes 16, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) celebró que Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Diputados, pospuso la discusión del dictamen hasta febrero del 2025. Su presidente, Alejandro Magalón, consideró que ese tiempo permitirá trabajar con “la construcción de acuerdos y en el fortalecimiento de las propuestas del sector industrial, para garantizar que las modificaciones a la Ley respondan tanto a los intereses de los trabajadores como a las necesidades de las empresas”. 

Este martes 17, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega, manifestó su preocupación por dicha reforma, pues dijo que están en juego 2.5 billones de pesos de los trabajadores. En conferencia, denunció que los empresarios no fueron consultados por el gobierno. “No somos asociaciones civiles y en ese sentido, merecemos y tenemos el derecho de participar y levantar la voz por el bien de nuestros industriales, pero también de los trabajadores”, reclamó.

Luego, llamó a senadores y diputados “a que sean responsables, que se den el tiempo necesario de estudiar, que no hagan reformas fast- track y que luego tengan consecuencias porque no fueron revisadas. No se vale que porque la envió el Ejecutivo no se analice, no se pase como debe ser a comisiones, no se hagan parlamentos abiertos”.

De paso, recordó la importancia de que la CNBV vigile el buen manejo del dinero de los trabajadores. “La Comisión Nacional Bancaria jugaba un papel importante dentro de estos consejos del Infonavit porque ahí se veía la seguridad de a dónde se podía invertir para el bien de los trabajadores. No puede ser que quieran hacer en cada momento ocurrencias”, insistió.

¿De qué se trata la reforma al Infonavit?

La iniciativa presidencial aprobada el viernes 13 en el Senado de la República para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo implica la modificación del gobierno tripartita del organismo y con ello, que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenga control no solo sobre sus decisiones, sino también sobre miles de millones de pesos de los trabajadores.

El tema adquiere relevancia mayor pues implica la concentración del poder desde Palacio Nacional y en las manos del actual director, Octavio Romero Oropeza, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para decidir sobre el dinero de las 77 millones 41 mil 590 subcuentas de vivienda administradas por el Instituto, hasta el cierre del pasado 31 de marzo del 2024.

El dictamen fue aprobado en comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como la de Estudios Legislativos el viernes 13 en el Senado. Fue en fast-track, pues no habían pasado las 24 horas que marca el reglamento para su discusión en el Pleno. La votación fue: 68 votos a favor, 29 en contra y cero abstenciones.

Con las modificaciones, el Infonavit dejará de ser un organismo público tripartita, tal como se creó el 24 de abril de 1972. Desde entonces, sus decisiones se toman de manera colegiada por sus tres representantes: trabajadores, sector empresarial y gobierno. Cada uno tiene el mismo número de representantes; es decir, que ninguno tiene mayoría. 

Sin embargo, la iniciativa propuesta permite la designación directa del director general por parte de la presidenta y la desaparición de las direcciones sectoriales de Trabajadores y el sector Empresarial o patronal.

Y aunque mantiene a la Asamblea General como máximo órgano de decisiones del Instituto, reduce el número de integrantes de 45 a 30 y reduce también el Consejo de Administración.

Tripartita… con mayoría

Según el dictamen aprobado, se da al gobierno mayor poder de decisión en órganos fundamentales del Instituto:

• Comité de Auditoría: De los tres integrantes que tiene en la actualidad -de gobierno federal, del sector laboral y del empresarial, uno cada uno-, pasará a cinco representantes: tres del gobierno (mayoría), uno del sector laboral y uno del empresarial. 
• Comité de Transparencia: Actualmente tiene tres integrantes, uno por cada sector. Con la reforma pasa a cinco: tres del gobierno federal (mayoría), uno de los trabajadores y uno de los empresarios.
• Comisión de Vigilancia: Hoy se compone de nueve integrantes, tres por sector. Con la reforma, el gobierno tendrá cinco representantes (mayoría), los trabajadores se quedarán con dos y los empresarios, con otros dos.

Así, el organismo dirigido por Romero podrá decidir sobre los proyectos del organismo sin tener que acordar con los otros dos sectores. Además, en la práctica, será el mismo gobierno quien se vigile, se audite y se rinda cuentas a sí mismo; es decir, que se transparente.

Constructora oficial popular

La iniciativa presidencial aprobada por el Senado incluye también modificaciones legales para autorizar al Infonavit a crear su propia empresa constructora para edificar viviendas, destinando recursos que no son del gobierno, sino de los trabajadores. La vigilancia sobre el uso de esos recursos estará a cargo de los comités donde tendrá mayoría el propio gobierno.

La modificación del artículo 42 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores queda así:

“El Instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto y destinarlos a vivienda de los derechohabientes del mismo, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras derechohabientes”.

El pasado lunes 9, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Octavio Romero anunció avances en el desarrollo del Programa Nacional de Vivienda. Frente a la exjefa de gobierno de la CDMX, informó que ya comenzó la evaluación y selección de 60 proyectos arquitectónicos liderados por el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Ese plan incluye construir 18 mil viviendas distribuidas en 23 conjuntos habitacionales en 10 entidades: Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.