CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la República emitió un posicionamiento en el que critica que el proyecto del ministro Javier Laynez pretende “cambiar criterios para favorecer a la oposición e invalidar el Plan B electoral”, además de determinar que la Suprema Corte de a Justicia de la Nación “se convertiría en juez y parte si acepta la propuesta”.

Acusa que se busca una invalidez total sin entrar a un estudio de fondo de las reformas a discusión, lo cual “retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.

“En caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto”, cuestionó.

A unas horas de que se lleve a cabo la discusión del proyecto en la Corte, en el comunicado la presidencia afirma que Laynez busca agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos y se contradice al considerar que la dispensa de trámite legislativo da lugar a invalidar las leyes del Congreso de la Unión. 

“La democracia se vulneraría si se aceptan los criterios subjetivos del ministro Laynez”, destacó el poder Ejecutivo.

Uno de los elementos que menciona la Presidencia es la propuesta contiene un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, “lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”.

“Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el ministro Javier Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar: “…no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión”[1]. No obstante, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”, señala el Ejecutivo.

Se concluye que Laynez agrega un argumento de confusión entre los legisladores de oposición, la cual se considera “es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

En el comunicado el gobierno federal justifica que los diputados no pusieron “la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda”.

Esa razón, indica, no es suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso y al insistir en que se busca dar un beneficio a la oposición, reprocha que el ministro Laynez Potisek lleve a discusión la decisión de los propios diputados “de los grupos parlamentarios minoritarios” que no participaron en el acto deliberativo para la aprobación de las reformas, bajo el argumento de que hubo deficiencias del proceso legislativo.

También determina que con ese proyecto se anula “la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo”.