CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 22 de junio, el ministro Javier Laynez Potisek propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la segunda parte del Plan B en materia electoral, impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por violaciones graves al procedimiento legislativo, el ministro Laynez retomó los argumentos de su compañero, Alberto Pérez Dayán, con los que fue invalidada la primera parte del Plan B.

Es decir, indicó que los legisladores no justificaron adecuadamente la necesidad de aprobar con carácter de urgentes las reformas que componen la segunda parte del Plan B en materia electoral, mismas que afectan directamente a la infraestructura del INE, del Tribunal Electoral e incluso establecen nuevas reglas para el gasto de recursos de los partidos políticos.

“Se dieron violaciones graves al procedimiento legislativo que tienen potencial invalidante respecto de la totalidad del decreto del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”, señala el proyecto del ministro público en la página de la SCJN.

“El cúmulo de irregularidades al procedimiento legislativo impidieron el debate democrático y vulneraron prohibiciones absolutas. Por consiguiente, se debe declarar la invalidez del decreto impugnado en su totalidad”.

Añadió que los legisladores publicaron en la Gaceta Parlamentaria una versión diferente a la que se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados sin avisar que existían modificaciones, además de que el Congreso de la Unión modificó artículos del proyecto de decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, pese a que existe una prohibición constitucional tajante.

Fuentes federales confirmaron a Proceso que el Pleno programó para el próximo 22 de junio la discusión del proyecto de Laynez.

Mientras ello ocurre, la suspensión que el ministro concedió desde que inició el litigio, continúa vigente, es decir, la reforma todavía no entra en vigor.

Para declarar inconstitucional la reforma, el ministro requiere de ocho votos de sus compañeros en Pleno.

Debido a que los argumentos de Laynez son los mismos que los de Pérez Dayán en el caso de la primera parte del Plan B, se prevé que sí obtenga los votos requeridos.

Esto, debido a que cuando la Corte debatió la primera parte del Plan B, nueve ministros votaron a favor del proyecto de Pérez Dayán.