CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que está vigente la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente de la República.

Por mayoría de tres votos, los integrantes de la Segunda Sala rechazaron el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en el que propuso desechar la demanda del INE por notoriamente improcedente.

En consecuencia, los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo federal, el Senado y la Cámara de Diputados contra la admisión a trámite de la demanda del INE fueron declarados infundados.

El INE reclamó la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral porque adelgaza su estructura, crea un nuevo sistema de medios de impugnación, recorre el calendario electoral y establece nuevas reglas para los partidos políticos.

Con ello, la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez, quien el 24 de marzo admitió a trámite la demanda del INE, que mantiene frenada la entrada en vigor de la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, se mantiene vigente, por ahora.

Esto, debido a que la Primera Sala de la Corte tiene pendiente la resolución de los recursos de reclamación presentados por el Ejecutivo federal y las cámaras del Congreso de la Unión contra la suspensión concedida por Laynez.

El ministro que tiene esos expedientes para análisis y realización del proyecto de resolución es Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Proceso informó el jueves 1 de junio que la Corte no está sujeta a la veda legislativa que inició desde el 3 de junio y que impide al Congreso realizar reformas o aprobar leyes en materia electoral 90 días antes del inicio del proceso de elecciones y mientras este se encuentra en curso.

Al no tener un límite de este tipo, la Corte puede resolver las impugnaciones contra la segunda parte del Plan B de la reforma electoral en cualquier momento, incluso una vez iniciado el proceso de sucesión presidencial de 2024.

Además de la controversia del INE, la Corte tiene pendiente la resolución de ocho acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, la oposición minoritaria en el Congreso y el INAI.

Todos los expedientes están en la ponencia del ministro Laynez, quien podría retomar el argumento de vicios en el procedimiento legislativo, con el que fue eliminada la primera parte del Plan B, para proponer la invalidez de esta reforma.