CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las impugnaciones contra el Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, serán analizadas por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien en los próximos días deberá resolver si las admite o no a trámite y si concede o no las suspensiones provisionales solicitadas por la oposición.

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a Pérez Dayán las acciones de inconstitucionalidad 29 a 31/2023 y 37 y 38/2023 para que, de admitirlas a trámite, sea él quien formule un proyecto de resolución para su posterior análisis en el Pleno del Máximo Tribunal.

Estas acciones de inconstitucionalidad buscan frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Comunicación Social que fijó un tope de gasto del 0.1% a municipios y Federación en su programa de comunicación social.

Así como la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que blinda a los servidores públicos para que puedan ejercer su libertad de expresión durante los procesos electorales sin ser sancionados por violaciones a la veda electoral.

“En virtud de que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en este asunto y el controvertido en las diversas acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023 y 38 2023 promovidas respectivamente por los Partidos Políticos Nacionales denominados de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, se ordena la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad y túrnese al Ministro que corresponde, al haber sido designado instructor en los referidos asuntos”, señala el acuerdo dictado el pasado 2 de febrero y que fue publicado hasta este jueves.

Dichas acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por el PAN, PRI y PRD, aún quedan pendientes por turnar las controversias constitucionales presentadas por el Instituto Nacional Electoral y diversos ayuntamientos del país contra esta primera parte del Plan B de la reforma electoral.