CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las comisiones del Senado al fin pusieron fecha para dictaminar el artículo faltante para que el Plan B de reforma electoral sea una realidad.

Las presidencias de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, convocaron a sesión a las y los integrantes para el 21 de febrero de 2023, a las 17:00 horas, de manera presencial.

En el orden del día del próximo 21 aparece el proyecto de dictamen de las comisiones en materia electoral para eliminar la llamada cláusula de vida eterna que forma parte del Plan B y que fue desautorizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser parte de la reforma.

“El 21 de febrero a las 5 pm, se reúnen las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, para dictaminar la minuta en materia electoral (Plan B). Si es posible y se aprueba, el 22 se discute en Pleno. Ni tácticas dilatorias ni retraso voluntario. Actuamos responsablemente”, escribió Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en su cuenta de Twitter.

La demora había causado todo tipo de especulaciones, pues la minuta del Plan B llegó al Senado desde la primera semana del periodo ordinario de sesiones, que inició el 1 de febrero.

Sin embargo, tres semanas después de que la minuta en materia electoral fue turnada a comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, estaba en la congeladora.

La senadora Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo afónica este martes que debido a su problema en la garganta convocaría hasta la próxima semana a la reunión de comisiones para darle trámite al dictamen.

Los partidos de oposición esperan que el Plan B sea promulgado para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poder presentar acciones de inconstitucionalidad.

Una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República estimó que el Plan B se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de la historia.

El BID también anotó que la SCJN deberá resolver su constitucionalidad y validez antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024, lo que daría poco margen a la Corte.