CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal dio entrada al primer amparo contra el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El juez Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, admitió a trámite la demanda contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre.

Dicha ley establece que estados y municipios sólo pueden dedicar el 0.1% de su presupuesto anual a su programa de comunicación.

Por ello, la Asociación de Municipios de México, A. C. (AMMAC) presentó la demanda de amparo en la que solicitó la suspensión provisional contra la entrada en vigor de dicha legislación, pues en su versión anterior no existía dicho tope.

Sin embargo, el juez negó la medida y fijó para el próximo 20 de febrero fecha para definir si concederá o no la suspensión de manera definitiva y el 27 de marzo para resolver si concederá o no el amparo.

En su demanda, la AMMAC argumentó que, en aplicación del principio de autonomía presupuestal de los gobiernos locales, el Congreso de la Unión no tiene facultades para limitar el ejercicio presupuestal asignado a los municipios, como se establece en la nueva LGCS.

Esta legislación, en la que además se modificó el concepto de propaganda gubernamental para que no se sancione a los funcionarios por las opiniones que expresan, y los cambios a la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, fueron la única parte del “Plan B” aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un primer criterio con relación a la propaganda electoral realizada por servidores públicos al invalidar el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, vigente desde el 18 de marzo de 2022.

En consecuencia, de llegarse a impugnar la modificación del concepto de propaganda gubernamental contenido en el “Plan B”, es posible que se aplique el criterio de la Corte.

Mientras que en el Senado permanecen pendientes de aprobación las reformas para adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).