CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de la República (FGR) intentó abrir un proceso penal reviviendo la llamada “teoría del segundo tirador”, pero esta vez, a tres décadas del crimen, imputando al otrora agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega. No lo consiguió.

Un juez rechazó la intentona por considerar que no había pruebas suficientes y el episodio motivó la indignación de la FGR, que reaccionó en redes sociales y, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el asunto en su conferencia de prensa del 30 de enero, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo de quien fue candidato presidencial del PRI en 1994, acusó una politización de la investigación y prácticamente descalificó cualquier acción ministerial al advertir que la justicia le falló a su padre, a su familia y al país.

La información que detonó la polémica fue dada a conocer el pasado 29 de enero por el diario Reforma, a propósito de que el asunto se le cayó a la FGR. La difusión de la información motivó un hilo de mensajes en la cuenta de la red social X de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofreció algunos detalles de la investigación, advirtiendo que buscaría apelar y revelando una intervención para liberar al nuevo imputado, que no se había mencionado en tres décadas: Genaro García Luna.

Los datos de la nueva carpeta

La imputación de la FGR que fue desestimada por el juez, implica a un exagente del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega, un oscuro personaje que fue detenido el día del crimen y liberado casi de inmediato.

Sánchez Ortega, con credencial de reportero, estuvo presente en Lomas Taurinas y, en las imágenes de los hechos, se le aprecia con chamarra blanca ensangrentada y corriendo junto a quienes transportan el cuerpo inerte del candidato.

Entre los aspectos que destaca la FGR en la escasa información que ha hecho pública hasta ahora, se establecen detalles de sobra conocidos, entre éstos que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas de Tijuana el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato priista.

Además, recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.

En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega, por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto, fue captado cerca del candidato y luego del ataque apareció manchado de sangre.

Para los primeros avances de investigación se sabía que había dado positivo a las pruebas de rodizonato de sodio.

La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que, en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del Ministerio Público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.

“Jorge Antonio 'S' fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro 'G', quien en ese momento era subdirector operativo del Cisen, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo han podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.

La Fiscalía de ayer y de hoy

El viraje de la FGR sobre el caso Colosio ocurrió a casi 30 años del atentado de Lomas Taurinas y hace revivir los hechos, testimoniales y declaraciones que hasta ahora se conocían, poniéndolos en otra perspectiva, conforme a lo recabado por las fiscalías especiales creadas para el caso.

Por ejemplo, de acuerdo con el informe final que rindió el exfiscal especial, Luis Raúl González Pérez, cuyas partes medulares fueron recogidas en tres tomos disponibles para consulta, quien consiguió liberar a Sánchez Ortega fue el director de Análisis del Cisen, Edmundo Salas Garza.

Salas Garza habría acudido ante el Ministerio Público federal, con sede en la cárcel municipal de Tijuana y a cargo de las primeras investigaciones la noche del 23 de marzo.

El argumento para liberar a Sánchez Ortega fue que la sangre de Colosio había manchado la ropa del agente del Cisen cuando ayudó a llevarlo a la ambulancia en el lugar de los hechos. En tanto, la presencia de plomo en sus manos se debía a que el agente cargó gasolina personalmente horas antes del mitin.

Ni en aquel informe ni en ningún otro aparecía rastro de Genaro García Luna, quien por entonces era subdirector de Análisis del Cisen, es decir, segundo de a bordo de Salas Garza.

Hasta ahora la FGR no ha dado a conocer los motivos por los que asegura que la justificación de sangre y rodizonato de sodio, la cual originalmente se aceptó, hoy no son considerados válidos; tampoco por qué se centró en Sánchez Ortega ni en qué funda y motiva la participación de un segundo tirador en los hechos.

La “teoría del segundo tirador” fue elaborada durante los trabajos del tercer fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla, uno de los fiscales más polémicos de la historia por su proclividad a procedimientos poco ortodoxos (como consultar videntes) y que, en resumidas cuentas, terminó con todas las líneas de investigación novedosas, derribadas por el siguiente fiscal.

El caso Colosio tuvo cinco fiscales: el primero fue Miguel Montes, la segunda Olga Islas, el tercero Pablo Chapa y, finalmente, Luis Raúl González Pérez. De los cuatro, sólo Chapa Bezanilla planteó la hipótesis de un segundo tirador e identificó como tal a Othón Cortés, un priista a quien se vio caminando con pistola pero que, a final de cuentas, quedó exonerado.

La fiscalía de González Pérez desestimó las hipótesis de Chapa Bezanilla, bajo el argumento de que carecía de un soporte técnico y jurídico.

La politización del nuevo caso

Tras la revelación del caso que desechó liberar orden de aprehensión contra el exagente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega y contra Genaro García Luna, en su reacción en redes sociales la FGR advirtió, el pasado 29 de enero, que apelaría buscando se retomara su expediente.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey con licencia y candidato al Senado en estos días, pidió al presidente que indultara a Mario Aburto, señalando que la justicia había fallado.

El 30 de enero el presidente reaccionó a esa declaración diciendo que no él no daría carpetazo, que ningún crimen debe quedar impune pero que, en un caso que trastocó la estabilidad política del país, se trataba de un crimen de Estado.

En sentido estricto la FGR es autónoma, por lo que al presidente no le corresponde cerrar o mantener abierta una investigación; tampoco tiene facultades para dictar un indulto.

Los líderes de la oposición consideraron que el caso reabierto era un acto de politización y el propio Colosio Riojas lo refirió así. López Obrador, por su parte, dijo:

“Yo no estoy dispuesto a usar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la FGR, tiene alguna relación con una institución del Estado (a propósito del Cisen)”.

Semanas después, el 13 de febrero, en el contexto de sus críticas al Poder Judicial, el mandatario urgió a resolver si procede o no la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, advirtiendo que podía quedar “la sospecha de complicidad del Poder Judicial”. Luego, el presidente insistió en que no usará el caso con fines políticos.