CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Desde los primeros informes oficiales sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, la presencia en el lugar de los hechos del agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue objeto de atención aunque, en cada una de las cuatro fiscalías especiales del caso, quedó sin ser imputado.

Hasta enero pasado, cuando se dio a conocer que un juez había negado dictar orden de aprehensión contra el hoy exagente fue público que, en un nuevo intento de resolver el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo consideraba “segundo tirador”.

Como sucede con la mayoría de los agentes de inteligencia, la historia de Sánchez Ortega es poco conocida, aunque las pesquisas de la fiscalía especial para el Caso Colosio, que encabezó Luis Raúl González Pérez, documentó diversa información sobe sus antecedentes, relaciones y probable implicación.

De acuerdo al libro “Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Posibles cómplices y encubridores”, editado por la PGR en el 2000, es posible advertir que se hizo acopio de datos sobre el origen del personaje antes de iniciar su labor en el Cisen.

Con los datos que se pueden leer en dicho documento, es posible conocer algunos antecedentes de Sánchez Ortega y, la historia surge porque, al ser detenido en Lomas Taurinas, se identificó con una credencial de reportero.

Fue detenido, pero el director de Análisis del Cisen, Edmundo Salas Garza, justificó su presencia en la asignación que tenía por parte de la agencia, las manchas de sangre en que ayudó a subir al candidato herido a la ambulancia y, el positivio a rodizonato de sodio, por haber cargado gasolina personalmente.

Hasta las revelaciones de la FGR el pasado 29 de enero, nunca se había mencionado relación de Sánchez Ortega con Genaro García Luna y los hechos de Lomas Taurinas.

El origen de Sánchez Ortega

Más o menos sabido, hacerse pasar por reportero era una práctica frecuente de agentes del Cisen en las décadas de los noventa y dos miles, tanto que cofraternizaban y se asimilaban a las fuentes oficiales y sociales de cobertura periodística.

En el contexto de esos usos y prácticas, para el mitin en Lomas Taurinas Sánchez Ortega contaba con una acreditación firmada por un diario de Tijauana y, las indagaciones sobre esa acreditación, fueron el punto de partida para hacer el registro de antecedentes del agente.

De acuerdo al mencionado documento, una declaración tomada al abogado Urbano Hernández Somero sirvió para acreditar que éste fue amigo y compañero de estudios de Sánchez Ortega en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja Cliafornia, entre 1981 y 1985. Es decir, Sánchez Ortega es licenciado en derecho.

Hernández Somero fue presidente de la sociedad de alumnos de la dicha facultad y en su planilla estaba quien a la postre sería agente del Cisen con quien formó el “Grupo Universidad”. Ese grupo juvenil priista participó activamente en la campaña de Xicoténcatl Leyva a la gobernatura de Baja California en 1985.

Por los años 1985-1988, Hernández Somero fue director del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA, antecedente de la Conade), donde tuvo como secretario particular a Sánchez Ortega. Fue en ese cargo cuando se relacionó con el periodista Marco Antonio Romero Arizpe.

Romero Arizpe llegaría a la dirección de El Diario de Baja California, periódico editado por la razón social Compañía Periodística de Baja California. Ahí, habría empleado durante 1988 a Sánchez Ortega como reportero y de ese trabajo es de donde obtuvo la credencial que se le recogió el 23 de marzo tras su detención en Lomas Taurinas.

Posteriormente, Sánchez Ortega regresó con su amigo Urbano Hernández, para trabajar en su despacho jurídico de abril de 1993 al 27 de septiembre del mismo año como litigante. En octubre del mismo año, Sánchez Ortega ingresó al Cisen.

En la testimonial de Hernández Somero, el ingreso al Cisen de Sánchez Ortega fue explicado de una manera poco convencional. De alguna manera no aclarada en el testimonio, Hernández Somero se enteró que la agencia mexicana de inteligencia estaba contratando-- así nada más, como si fuera una maquiladora o tienda departamental—y le recomendó a su amigo de universidad presentar su solicitud de empleo.

El libro consigna que después de esa primera entrevista, la Policía Judicial Federal entrevistó a Marco Antonio Romero Arizpe, dejando asentado en actas del 16 de abril de 1997 que, en efecto, conoció a Sánchez Ortega por Urbano Hernández, quien se lo recomendó como “gente de confianza”, que le dio oportunidad de trabajar y le otorgó una credencial del periódico.

Luego, el mismo documento de la PGR, publica el momento en el que Romero Arizpe supo de lo ocurrido en Lomas Taurinas:

“El señor Marco Antonio Blázquez fue quien le llamó por teléfono y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas y que al señor José Antonio Sánchez Ortega (sic) lo habían detenido y portaba una credencial del periódico donde él era el director”.

Fue entonces cuando comentó que, en efecto, había trabajado como reportero y por eso traía la credencial.

Y ahora, están en la 4T

La historia precedente de Jorge Antonio Sánchez Ortega trae al presente el papel de personas que siguen vigentes en la vida pública, inclusive, en tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Por ejemplo, El Diario de Baja California era propiedad de Jaime Bonilla, el empresario de medios que llegó a gobernador por Morena, partido con el que rompió y ahora se presenta por el PT.

Marco Antonio Romero Arizpe, quien firmó la credencial de reportero que Sánchez Ortega usó para estar en Lomas Taurinas, fue regidor en Tijuana por Morena electo para el periodo 2016-2019. Sin embargo, una votación con el PRI y el PAN para privatizar el alumbrado público del municipio motivó un proceso disciplinario que devino en su expulsión del partido guinda en 2017.

El amigo de juventud, empleador y quien lo recomendó inclusive para entrar al Cisen, Urbano Hernández Somero, ha sido vinculado al llamado Cártel de Tijuana desde hace al menos 18 años. En septiembre de 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, a quien la misma dependencia identificaba como líder de la operación de lavado de dinero de la familia Arellano Félix, por lo que se les confiscaron bienes y congelaron cuentas en Estados Unidos.

Hernández Somero fue identificado en 2021 en la investigación periodística “El Cártel Aduanero”, por vender propiedades a personas relacionadas con la importación de autos chocolate sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionados política y familiarmente con Ricardo Peralta, un activo funcionario y político de la 4T que inició el sexenio como director de Aduanas. Peralta fue un activo promotor de Jaime Bonilla.

Por cierto, entre los diferentes escándalos protagonizados por Jaime Bonilla como gobernador, destaca el de su oficial mayor, Héctor Mares Cossío, quien fue vinculado al caso García Luna debido a una relación comercial con Grupo Gasmart, la empresa que ha sido identificada como una de las del exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos.

Mares Cossío ha sido durante décadas el operador financiero de Jaime Bonilla y, de hecho, fue directivo de cadena televisora Media Sports y aparece en una investigación en San Diego, debido a que siendo Bonilla el titular del Distrito de Agua del condado, en Otay, le asignó una consultoría por 300 mil dólares.

Reseña al libro "El Impostor", donde se menciona la consultoría y el caso de corrupción. 

Finalmente, Marco Antonio Blázquez, quien de acuerdo a las testimoniales del Caso Colosio avisó a Marco Antonio Romero Arizpe de la detención de Sánchez Ortega con la credencial del períodico de Bonilla, es diputado local en Baja California por el PT.

De Sánchez Ortega, nada se sabe desde que en 2015 se retiró del Cisen.