SALTILLO, Coah.– El agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Jorge Antonio Sánchez Ortega –uno de los sospechosos clave en el homicidio de Luis Donaldo Colosio– reapareció públicamente en esta entidad, donde realizó seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López.

El pasado 7 de junio (de 2008), los medios locales cubrieron una trifulca callejera entre simpatizantes del PRI y del PAN. Al analizar las fotografías del suceso, el 10 de junio el periódico Vanguardia identificó a Sánchez Ortega como el mismo personaje a quien se le implicó en el caso Colosio. 

El agente llevaba más de dos años asignado a labores del Cisen en Coahuila, pues durante los días posteriores al estallido de la mina Pasta de Conchos –ocurrido en febrero de 2006– se infiltró en movimientos sociales y estuvo presente en actividades políticas y religiosas. Algunas veces se acreditó como agente y otras se hizo pasar por reportero.

Cuando la prensa identificó a Sánchez Ortega, el gobernador del estado, Humberto Moreira, dijo que él mismo era objeto de espionaje y se quejó: “Yo soy de la idea de que los servicios del Cisen se ocupen para combatir al crimen organizado, pero ocurre que en lugar de estar haciendo eso vigilan y espían a los políticos”.

El mandatario anunció que pediría a la Secretaría de Gobernación una explicación sobre las actividades del Cisen y sugirió que el pleito entre priistas y panistas pudo ser provocado. Asimismo ofreció protección especial a los familiares de Diana Laura Riojas, que viven en la región carbonífera de Coahuila.

“En el tiempo que llevo como gobernador, nunca había sentido miedo, hasta hoy”, expresó Moreira.

Personaje bajo sospecha

Jorge Antonio Sánchez Ortega fue uno de los principales sospechosos en la llamada “teoría del complot” elaborada inicialmente para explicar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, debido a las circunstancias en que fue detenido y liberado tras el atentado contra el priista en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.

El Cisen quedó en entredicho en el homicidio debido a que Sánchez Ortega fue detenido por la policía municipal de Tijuana cuando corría hacia un automóvil. Llevaba una chaqueta blanca, que tenía manchas de sangre de Colosio. Al realizarle la prueba de radizonato de sodio para saber si había disparado un arma de fuego, dio positivo. 

En la investigación se estableció que el Cisen tuvo acceso al itinerario de ese día y que Jorge Antonio Sánchez había participado en la inspección de los lugares adonde acudiría el candidato presidencial del PRI. El parecido físico del agente con Mario Aburto Martínez, el sospechoso que a la postre sería consignado como el único autor material del crimen y sentenciado en consecuencia, volvió inexplicable que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en libertad y que el Cisen lo reinstalara como agente.

En el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.

Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.

Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).

A partir de 2007 Sánchez Ortega comenzó a asistir a diversas actividades del gobernador Humberto Moreira, las giras de Andrés Manuel López Obrador y, principalmente, a los eventos, misas y ruedas de prensa del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Sin embargo, no fue identificado hasta la tarde del 7 de junio, cuando simpatizantes del PAN convocados por el diputado federal Óscar Moahamar Dainitín repartían tinacos y vendían cemento barato, mientras que los priistas, invitados por el diputado local José Luis Moreno, entregaban despensas y equipo deportivo frente a la misma plaza pública en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, de esta ciudad.

El diputado Moahamar Dainitín –quien se hace llamar el Muñeco– realiza proselitismo desde hace dos años mediante un camión que circula con su fotografía y que difunde propaganda con altavoces en eventos del PRI o de los gobiernos municipales y estatal emanados de ese partido.

El 7 de junio, a diferencia de otras ocasiones, el acto se salió de control cuando un grupo de priistas agredió a los simpatizantes del PAN. Al intercambio de insultos siguieron los empujones y jaloneos. Finalmente se desató un enfrentamiento a pedradas, con saldo de tres reporteros golpeados y una niña hospitalizada. El tráiler en que los panistas tenían el cemento fue saqueado. 

Además de las fotografías de estos hechos que difundió Vanguardia, en un video del enfrentamiento, al que tuvo acceso este reportero, se ve a Sánchez Ortega videograbando y riendo a carcajadas ante los insultos y golpes entre los colonos.

Espionaje político

La aparición de Sánchez Ortega en Coahuila ocurrió en febrero de 2006, durante las supuestas acciones de rescate en la mina Pasta de Conchos.

En los patios de la mina estaban el entonces secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz; Arturo Vilchis, director de Protección Civil, y el gobernador Humberto Moreira, quien ya había manifestado sus diferencias con los funcionarios federales. 
Ahí mismo, el obispo Raúl Vera López exigía justicia y les recriminaba a los funcionarios su conducta. 

Por cuenta propia llegó Napoleón Gómez Urrutia, que ya denunciaba una persecución en su contra por parte del gobierno federal. En efecto, días después éste consiguió una orden de aprehensión contra el líder minero, que se refugió en la ciudad canadiense de Vancouver.

Desde hace años, en Coahuila es fácil identificar a los militares vestidos de civil y a los conocidos miembros del Cisen, que se hacen pasar por reporteros en todo tipo de actividades públicas.

De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), la operación de los cuerpos de inteligencia ha sido advertida en diferentes ocasiones por la forma en que sus actividades fueron boicoteadas por los gobiernos estatal y federal.

La activista subraya: “No somos enemigos del Estado para que se nos asignen agentes y seamos investigados de esa forma y con esos métodos. No debe ser, ni a nosotros ni a ninguna otra organización o persona comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos”. 

Tanto Auerbach como el obispo Raúl Vera han denunciado amenazas y agresiones por su compromiso con los deudos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos. En el caso del prelado, asegura que advirtió los movimientos para vigilarlo desde que era arzobispo coadjutor en Chiapas. 

A petición del reportero, Auerbach y el obispo identificaron a Sánchez Ortega en una fotografía, ya que se hacía pasar por periodista para estar presente en sus actividades.

Auerbach recuerda que durante un año Sánchez Ortega y después otro agente, identificado sólo como Efraín, infiltraron sus reuniones y se enteraron de sus planes para oponer resistencia ante el Grupo México, que con el respaldo del gobierno federal se niega a recuperar los cuerpos de los mineros. 

“Aprovechándose de la inocencia y falta de experiencia de los deudos, muchas cosas que decidíamos hacer las averiguó a través de ellos, entre quienes creó confianza”, dice la abogada.

En 2007, Auerbach se sorprendió de que funcionarios del gobierno estatal se adelantaran a hacer anuncios que el ENPL planeaba hacer. Entre tanto, Sánchez Ortega se aproximaba más a los deudos que seguían a Moreira y evitaban relacionarse con el ENPL y con Vera.

El Grupo México y la Secretaría del Trabajo actuaron igual, en detrimento del movimiento de los deudos, por lo que el obispo, los miembros del ENPL y los familiares de las víctimas decidieron comunicarse por vías seguras, evitando el teléfono y el correo electrónico.

Por ejemplo, así se pusieron de acuerdo para deslindarse del dictamen sobre las condiciones de la mina a mediados de 2007. Después de eso, relata Auerbach Benavides:

“La respuesta de Lozano (Alarcón, actual secretario del Trabajo), como siempre mentirosa, fue iracunda; evidentemente los sorprendimos. Lo siguiente fue el deslinde de 40 familias, creo que, aunque lo mantuvimos con mucho cuidado, se lo esperaban, porque en la misa donde sucedió había gente del Cisen, sin duda. 

“Nos siguieron a la Terminal (de Autobuses) del Norte en la Ciudad de México, donde dejé a las familias, que reconocieron que los estaban siguiendo. Tras despedirnos, yo me dirigí a mi casa, donde entró un comando para golpearme”, dice la activista sobre el ataque que sufrió el 19 de junio del año pasado.

Como toma la precaución de guardar los números de los que reciben llamadas oficiales, Auerbach comprobó que algunas amenazas que ha recibido provinieron de la Secretaría de Gobernación. Cuando comentó esto en una reunión con Arne Aus den Ruthen Haag –quien fue coordinador de asesores del secretario Juan Camilo Mouriño–, éste “dijo que eso era imposible, y que de ser cierto él lo sabría”. 

Recuerda que, como el funcionario “dijo que si yo tenía sospechas de alguien de cualquier secretaría o de la empresa, que le diera los nombres y el les llamaría para pedirles que no me hicieran nada”, ella le respondió: “¿Si tú no les llamas le pueden hacer lo que quieran a quien sea?”.

“Esto es muy grave –señala– y no hay forma de justificar que una persona así sea del Cisen. ¿En manos de quién están los servicios de inteligencia? ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en las políticas de Estado en el tema de seguridad cuando asignan a un matón a vigilar activistas?”

Tras la publicación de las fotos por Vanguardia y los señalamientos del gobernador Humberto Moreira, Sánchez Ortega fue retirado de las actividades públicas en Coahuila. Hasta el momento ni el Cisen ni la Secretaría de Gobernación han aclarado las acciones de su agente.