CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal desechó el amparo tramitado por su homólogo Crescencio Contreras Martínez, quien intentó protegerse contra la denuncia de juicio político que presentó la Secretaría de Gobernación (Segob) el pasado 30 de enero por supuestamente emitir resoluciones favorables a grupos criminales en Tamaulipas.

La juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, Elizabeth Trejo Galán, desechó el amparo tramitado por su colega bajo el argumento de que este juicio sólo procede contra actos de imposible reparación y que las resoluciones del Congreso que emanen de un juicio político son inatacables.

Sin embargo, la juez admitió el amparo contra la exhibición en las conferencias matutinas y los ataques del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de los que Contreras acusó que ha sido víctima.

Para ello, concedió una suspensión provisional para que el mandatario federal evite realizar este tipo de conductas y para el 28 de febrero la juez resolverá si concede o no la medida en definitiva.

“En un simple asomo a los actos reclamados, se puede apreciar que, en apariencia de buen derecho, es posible que la sentencia que se dicte en el fondo declarará la inconstitucionalidad de los actos reclamados”, explicó la jueza, para justificar el otorgamiento de la suspensión.

Contreras, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, fue denunciado por el gobierno por supuestamente emitir resoluciones favorables a grupos criminales, como la liberación del líder de Los Ciclones, brazo armado del Cártel del Golfo.

Con el juicio político, la Segob busca que el juez sea destituido e inhabilitado para ocupar un puesto público, sin embargo, nunca se ha logrado concretar uno a nivel federal.

El juez puede impugnar el desechamiento de su amparo, registrado con el número 233/2024, mediante una queja.

El caso contra Contreras es el segundo que ocurre en el sexenio de López Obrador contra un juzgador por el sentido de sus resoluciones.

La bancada de Morena buscará someter a juicio político también al ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad para declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica reformada por el gobierno actual.

Desde el año 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que los juzgadores no pueden ser sometidos a juicio político por los criterios de sus sentencias, sin embargo, el criterio se refirió a los poderes judiciales locales, por lo que se desconoce si podrá ser aplicado a nivel federal.