Tamaulipas

Segob solicita a la Cámara de Diputados el juicio político contra juez de Tamaulipas

El gobierno de López Obrador acusa al juez Crescencio Contreras Martínez de favorecer a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas.
martes, 30 de enero de 2024 · 23:46

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.

“Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la Republica para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”, señaló en un mensaje en sus redes sociales la funcionaria.

Crescencio Contreras Martínez es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas y se ha desempeñado como Oficial Judicial, Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México.

La secretaria Alcalde precisó que, de acuerdo con los trabajos del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de “probables actuaciones" por parte del juez Contreras para favorecer a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país "y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México".

Según la dependencia, existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no estuvieron apegadas a los principios constitucionales y legales, “debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.

En la denuncia, Gobernación menciona la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

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