CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados un incremento de 4% respecto del presupuesto que ejerció este año, que fue de 78 mil 544 millones de pesos.

“La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes; ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema.

"El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino que nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

El pasado 15 de agosto, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido prepara un recorte presupuestal al PJF de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos, mismo que podría afectar los diferentes fideicomisos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

“La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de mayor desventaja para acceder a sus derechos”, apuntó la ministra presidenta en sesión solemne conjunta de la SCJN, el CJF y el TEPJF.

“Proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.

Detalló que el incremento responde al incremento de las funciones que desempeñará el PJF el próximo año derivado del proceso electoral; el incremento de asuntos registrado en los últimos cinco años que se estima que en 2024 lleguen a 1.3 millones de casos nuevos; la creación de 45 órganos jurisdiccionales más por la implementación de la reforma laboral; el reforzamiento del Instituto de la Defensoría Pública y de las medidas de seguridad para los juzgadores federales, entre otros.

“Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, explicó.

Piña Hernández recordó que entre 2018 y 2023 los recursos asignados en su conjunto al PJF han disminuido 15.4%  y que el incremento solicitado para el próximo año equivale a 0.26% del PIB, es decir, 1.8 pesos diarios por mexicano aproximadamente.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones. Desde el Poder Judicial Federal reiteramos nuestro compromiso con México, no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”, enfatizó.