CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La negativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, a entregar información sobre graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el periodo conocido como “la guerra sucia”  revela que “las estructuras autoritarias” responsables de esos crímenes “no se han desmontado”, pero también habla de la subordinación del presidente Andrés Manuel López Obrador al Ejército, sostiene David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ).

En entrevista, en el contexto de la ampliación del informe  del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre los archivos del Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General del Investigación de Seguridad Nacional (DGISN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Fernández Dávalos alerta que hasta ahora no han recibido ningún tipo de respuesta a la exigencia que hicieron los comisionados para tener acceso a la información sobre el periodo correspondiente a su mandato, la documentación de violaciones derechos humanos ocurridos entre 1965 a 1991.

“No hemos tenido ningún tipo de respuesta, la única fue de manera indirecta cuando al presidente de la república le preguntan en la mañanera (del viernes 18), y que según sabe ya todo lo transfirió, es la única alusión que hemos tenido, de otra manera no habido nada”, dice.

Para el también exrector de la Universidad Iberoamericana, la falta de respuesta y de la posible sustracción de documentación, pone en evidencia que “las mismas estructuras que causaron las violaciones a derechos humanos están intactas, no sólo perpetraron las graves violaciones, sino que las han ocultado en la narración oficial, continúan ocultándolas en archivos y en indagatorias”.

Agrega que “hay una línea de continuidad” en la que “esas estructuras autoritarias no se han desmontado, por eso las resistencias, el ocultamiento y los obstáculos”.

Más grave aún, apunta Fernández Dávalos, “el presidente aparece más bien subordinado al Ejército y no al revés”, de ahí que “no sorprende” que López Obrador “tolere” el incumplimiento por parte del CIN de al menos cuatro ordenamientos legales.

Para el comisionado la sumisión de López Obrador al poder castrense se evidencia a través de “indicadores como la serie de concesiones que le ha hecho al Ejército, el límite al que llegaron los investigadores del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que toparon con el ejército”.

Informó que los archivos faltantes son los de la DFS del 1947 al 1985, de los que sólo se han canalizados algunos al Archivo General de la Nación (AGN); los de la DGISEN de 1985 a 1989 y del CISEN de 1989 al 1993. “Es mucha información, son décadas perdidas”.

Para el comisionado el hallazgo de credenciales de la DFS de personajes como el connotado priista Manio Fabio Beltrones o el Procurador General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha durante el sexenio de Vicente Fox, o Susana Mondragón y Kalb, la hermana del ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón, “nos permiten inducir o intuir que el aparato de represión de los setentas y ochentas continúa actuando en el país activamente”.

Agrega: “de alguna manera el presidente está tolerando estos desacatos de parte de los aparatos de seguridad y de inteligencia del país, entones no es sorpresivo, de alguna manera podíamos intuir que por ahí iba a haber obstáculos importantes”.

Pese a que reconoce que la falta de acceso a la documentación oficial “limita en profundidad y alcance” de la investigación, Fernández Dávalos explica que han podido recabar información a partir de la consulta de al menos 50 archivos, de fuentes secundarias y de unos 700 testimonios de víctimas y testigos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1991.

“Hemos encontrado cosas interesantes, algunas masacres que no están documentadas en la Huasteca y en la Sierra de Puebla; hemos podido documentar políticas de exterminio de población LGBTTI en Chiapas durante el gobierno de Patrocinio González Garrido, hablamos de 200 a 300 asesinatos, cosas que están ocultas a la población y que hemos podido documentar a través de testimonios, de la consulta de archivos, grandes y pequeños, particulares y públicos, como archivos eclesiásticos y de organizaciones campesinas e indígenas”, apunta.

El comisionado puntualiza que como MEH y CoVEHJ seguirán exigiendo la información de los órganos de inteligencia a los que no han tenido acceso, como sucede con los archivos militares, través de mecanismos formales y de la presión política.

“Vamos a seguir presionando para que se haga pública la información y ese puede ser un legado de nuestro, del MEH para la sociedad en general; no quitaremos el dedo del renglón, mientras no se atienda la demanda daremos a conocer algunos datos que puedan resultar incómodos o sorprendentes para la clase en el poder”, concluye David Fernández.