CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una corte de apelaciones en Miami le dio la razón al gobierno de México en la demanda civil interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con la oficina que encabeza Pablo Gómez, durante el tiempo en que García Luna ejerció su cargo y posterior a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Según la UIF, bajo auspicio del calderonista, un conglomerado empresarial-familiar que operó en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.

Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, “y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”, detalló en su momento la UIF.

La dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda dijo que identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”.

Por ese motivo, y para recuperar los activos adquiridos con recursos extraídos del erario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.

La demanda fue apelada por el empresario Samuel Weinberg y otras personas que presuntamente participaron en la trama denunciada por la UIF. Argumentaron que el caso debía juzgarse en México y no en Estados Unidos.

El recurso legal mantuvo en suspenso el proceso desde noviembre de 2022.

Sin embargo, este miércoles el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito en el Estado de Florida determinó dar la razón al gobierno de México.

Por este motivo, después de siete meses de suspensión, el caso seguirá su curso.

La demanda también incluye a Linda Pereyra, esposa de García Luna.

La decisión de la Corte fue celebrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves.