CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la inhabilitación definitiva que establecía el Código Penal de Baja California Sur como sanción para los servidores públicos que reincidan en usar sus cargos para realizar terapias de conversión a personas de la comunidad LGBTTTI+.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte consideró que esta sanción, que fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es inconstitucional al tener un carácter permanente y desproporcionada porque se aplicaba de manera automática sin permitir a los jueces realizar un análisis del caso concreto para determinar la gravedad del hecho o la culpabilidad del imputado en la comisión del delito.

El ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena indicó que aunque los legisladores en materia penal tienen un amplio margen para instrumentar la política criminal y establecer penas, "este anclaje en razón de política criminal no puede por sí justificar la constitucionalidad de la pena".

"El hecho de que el legislador haya considerado el establecimiento de una pena de carácter permanente, perpetua y vitalicia, genera una sospecha de inconstitucionalidad, especialmente si se toma en cuenta el contenido del artículo 20 constitucional", dijo.

En consecuencia,  al tratarse de un tema de la materia penal, la invalidez declarada por la Corte surtirá efectos de manera retroactiva al 1 de agosto de 2021, fecha en la que entró en vigor la reforma al Código Penal de Baja California Sur en la que se adicionó esta sanción.