CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló que solamente 4% de los expedientes de investigación por denuncias a miembros de la Guardia Nacional, al 4 de julio de este año, se han remitido a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad correspondiente, así lo indica en la segunda edición del informe "Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense" (informe “Poder militar”).

A un año de la publicación de reformas, por las que se prorrogó hasta 2028 el plazo durante el cual el Ejército mexicano podrá hacer tareas de seguridad pública, el Prodh señala en el informe “Poder militar” que los controles civiles internos y externos a las Fuerzas Armadas se han debilitado.

Ejemplo de lo anterior, es que el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional que se han abierto en la Unidad de Asuntos Internos de dicha corporación, que ascienden a 11 mil 186 hasta el 4 de julio de este año, pero de éstos únicamente en 449 se dio vista a los Consejos de Disciplina correspondientes para determinar responsabilidades y medidas aplicables.

A la vez de estas denuncias, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados; y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en asuntos penales.

El estudio contiene también un análisis concluyente de que la ampliación de la intervención militar en las investigaciones provoca la conducción de investigaciones paralelas y que la vocería o rendición de cuentas sobre estos actos de abuso de poder castrense la coordinen los mismos elementos militares desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una pasiva complacencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR). 

Otro punto que toca el informe “Poder militar” es el de las resistencias ante la política militarizada de México, donde destaca luchas de comunidades que han resistido e impulsado procesos jurídicos contra la militarización de su territorio, como ha sucedido con pueblos tsetsales en Chiapas y habitantes de Azcapotzalco y Xochimilco, quienes han impugnado la imposición de cuarteles de la Guardia Nacional en dichas regiones.

En un comunicado respecto de la publicación de este informe, el Prodh “dedica el estudio a las víctimas y sobrevivientes de abusos militares que buscan justicia y verdad en todo el país y, también, a quienes han señalado los riesgos que genera el empoderamiento de las Fuerzas Armadas -pese a los ataques de la tribuna presidencial- y a quienes han construido propuestas y alternativas encaminadas a reducir efectivamente la violencia que sigue dañando a nuestro país”.