CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber puesto en operación el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), violentando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el pasado 31 de diciembre, el Juzgado de Distrito Décimo Primero en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio entrada para su análisis de fondo a una demanda de amparo presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclamó “diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del BNDF”.

La organización, que representa a la quejosa, recordó que la Ley General mencionada, publicada en noviembre de 2017, “ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en nuestro país”, que alcanza un registro oficial superior a 95 mil personas desaparecidas mientras que hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes administradas por las fiscalías del país.

De acuerdo a un comunicado, con el acompañamiento del Centro Prodh, Olimpia Montoya demandó ante el Poder Judicial “evaluar el incumplimiento por parte de la FGR de la creación del BNDF mandatado en la Ley General”.

Entre los argumentos de Olimpia destaca que la omisión de la FGR ha implicado que ella y “miles de familias más, no puedan tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la Fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas con la finalidad de dar con el paradero de su hermano”. 

El Centro Prodh apuntó que entre los mecanismos ordenados por la Ley General está la creación del BNDF, “que debe concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, de los registros de entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas”.

Destacó que desde enero de 2019, la FGR debió poner en operación el BNDF, como lo establecía la Ley General, pero hasta ahora es inexistente, situación que ha generado preocupación entre los familiares y colectivos, organizaciones sociales y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), “que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un Banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar con los perfiles que presentan las familias víctimas de desaparición”.

La organización destacó que los múltiples hallazgos de las familiares de desaparecidos de fosas clandestinas y de restos humanos, no han sido correspondidos con la “capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permita la identificación de los cuerpos y restos hallados”.

Apuntó que la Subsecretaría  de Derechos Humanos, Población y Migración reconoció que,  del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021, se han localizado mil 749 fosas clandestinas,  de las que se han exhumado 3 mil 025 cuerpos, de los cuales mil 153 han sido identificados y  822 han sido entregados a sus familiares.

La organización reconoció los esfuerzos de esa Subsecretaría y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en la publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, en la creación de las comisiones estatales de búsqueda, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas así como del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila.

Sin embargo, “la omisión en la que ha incurrido la FGR al no crear las referidas herramientas tecnológicas en los tiempos ordenados por la Ley, impide avanzar en la identificación de personas en cada una de las investigaciones seguidas” en materia de desaparición, advirtió el Centro Prodh.

De mantener se esa situación, “se estará condenando a miles de familias a una búsqueda infructuosa, violando sus derechos y contribuyendo a la persistencia de la crisis de desapariciones e impunidad”, apuntó.

“Ante esta realidad, que afecta a miles de familias en México, el Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR en el cumplimiento cabal de lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, con la finalidad de garantizar los derechos de Olimpia y de miles de familias en todo el país, ordenando a las autoridades responsables realizar aquellas acciones necesarias para poner en operación el BNDF”, señaló la organización.