GINEBRA (apro).- El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT en inglés) dictaminó que el Estado mexicano fue responsable de la tortura y detención arbitraria del ciudadano estadunidense Ronald James Wooden en Taxco de Alarcón, Guerrero, en julio de 2016, y pide investigación exhaustiva del caso así como rendición de cuentas.

El CAT urge al Estado velar por que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial sobre la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por policías federales coludidos con el cártel Guerreros Unidos e insta al Estado mexicano a ofrecer una indemnización justa y adecuada a la víctima en vista de que se violaron los Artículos de la Convención: 1, 2.1, 11, 12, 13, 14, y 16.

Wooden, durante todo el proceso judicial y en su acompañamiento ante la ONU contó con la representación legal de la ONG I(DH)EAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.).

En su decisión el Comité insta a México a que inicie “una investigación imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente sobre los hechos de tortura; procese, juzgue y castigue con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas;  conceda una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a Wooden y su familia, y una rehabilitación lo más completa posible”.

Le urge a que adopte “las medidas necesarias para favorecer garantías de no repetición con relación a los hechos de la presente queja”.

“Este caso revela varios aspectos relacionados con la práctica de la tortura en México. Primero la vulnerabilidad de las personas frente a contextos de complicidad entre funcionarios públicos estatales y la delincuencia organizada, el señor Wooden fue víctima de un grupo de policías quienes obedeciendo órdenes de grupos al margen de la ley, por un conflicto de vecinos, detuvieron de manera arbitraria e ilegal  a una persona honesta dedicada a la actividad de las artesanías”, dijo a Proceso Juan Carlos Gutiérrez.

“Después de unas brutales torturas se le impidió presentar la denuncia por los hechos, se le dejó de practicar pruebas médicas y tanto la fiscalía estatal de Guerrero como la fiscalía General de la República omitieron de manera negligente las investigaciones por actos de tortura. Éstos hechos son confirmados por el CAT”, indicó el director de IDHEAS.

Además, el Comité destaca que la impunidad en materia de investigación de tortura es una práctica en México no solamente en el año 2013, sino actualmente hay una ausencia de investigación adecuada sobre los hechos de tortura. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la dependencia encargada de defender al Estado mexicano ante los órganos de Naciones Unidas de manera inadmisible y como lo ha hecho en casos anteriores, intentó negar los hechos, poner en duda a la propia víctima y solicitó la inadmisión de la queja presentada por nosotros”, reveló.

“Esta dependencia de manera desconcertante defendió a policías municipales quienes torturaron a un ciudadano norteamericano y le causaron graves daños, quien además recibió amenazas de muerte, abandonó todo su medio de sustento, fue víctima de desplazamiento y actualmente se encuentra inhabilitado por la tortura para mover sus manos y continuar trabajando”, agregó.

Gutiérrez destacó la determinación del CAT: “Nos parece que señala la obligación que tiene México de proteger a todas las personas, incluidos ciudadanos extranjeros, que en un contexto de vulnerabilidad son víctimas de graves hechos como la tortura. Esperamos que esta administración asuma la responsabilidad de reparar, investigar y sancionar a los responsables”.

Al conocer el dictamen del CAT, James Wooden dijo a Proceso: “Mis respetos a estas personas de la ONU que se tomaron el tiempo de verificar la verdad. Y quiero decir que ahora que salimos al público con todo esto nos van a poner en mucho peligro. Pero no tenemos miedo”.

Sobre el peligro que corren su esposa Carmen señaló que “estamos bien protegidos en cierto sentido. De hecho el dictamen de la ONU nos protege de cierta manera, legalmente. Y nos da mucha más fuerza para seguir adelante”.

“Yo espero que juzguen a esos miembros de la delincuencia organizada", dijo Wooden, "las leyes funcionan, el problema es que el sistema de justicia está capturado”, lamentó.

Expresó su deseo de obtener una reparación integral, “tienen que pagar por lo que nos hicieron a nosotros. Espero que esto en cierta manera ayude a calmar la inseguridad en México, porque yo personalmente conozco padres de familia que por la corrupción de los cárteles son amenazados, son desplazados de sus trabajos, rompen sus familias, destruyen la paz social”.

La tortura

La decisión emitida en Ginebra, sede del CAT, recuerda el trágico día en el que Wooden fue detenido de manera arbitraria y golpeado de manera brutal por los policías y el viacrucis judicial que ha tenido que padecer desde que denunció los hechos.

Según el CAT Wooden y su esposa llegaron a la ciudad de Taxco en el año 2008 en donde montaron un taller artesanal. La tarde del  28 de abril de 2013, el matrimonio estacionó su camioneta al lado de la casa de su vecina, quien les exigió a gritos y con todo tipo de groserías que movieran el auto. Entonces, al calor de los gritos, llegó el yerno de la vecina identificado como RFA, quien amenazó a Wooden con un machete, diciéndole que lo iba a matar y que lo iba a “mandar en un costal de regreso a Estados Unidos en pedazos si no movía la camioneta”, que ellos eran de la banda Guerreros Unidos y “eran los dueños de la calle”.

Wooden y su esposa grabaron los hechos con su celular, lo que aumentó su enojo y el individuo comenzó a golpear el auto con el machete, por lo que la esposa llamó a la policía. Llegaron dos patrullas de la policía preventiva municipal de Taxco y RFA les ordenó que se lo llevaran. Seis policías fueron tras Wooden, quien corrió a encerrarse en su taller. La policía abrió la puerta a golpes, le apuntaron con sus armas y comenzaron a golpearlo.

“La policía mientras procedía a su detención, lo golpeó con sus armas en diversas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, tirándolo al suelo para someterlo y colocarle las esposas con las manos en la espalda. Pisaron sus manos esposadas con las botas, lo golpearon en la cabeza con las cachas de sus rifles, le patearon con sus botas en la cara y en la quijada, le pisaron en los genitales y en las costillas, y después lo subieron en la cajuela de la patrulla para llevarlo a la Comandancia de la Policía. En la patrulla lo siguieron golpeando en la cara y en los genitales, le insultaron y le amenazaron con matarlo y desaparecerlo por haberse metido con ellos”, describe la comunicación del CAT.

Ya en la Comandancia de la Policía y sin pasar por el área de detenidos, omitieron su registro en el libro de detenciones, lo llevaron al área de celdas donde continuaron los golpes con las cachas de sus rifles en diferentes partes del cuerpo. Los policías le dieron patadas en el pecho, en las costillas y genitales, lo golpearon constantemente con un juego de llaves, lo amenazaron diciéndole “no vas a salir de aquí, te vamos a desparecer”. Mientras le llevaban a la celda, los policías le patearon las piernas para que tropezara y se hincara, provocándole más lesiones y siguieron torturándolo en la celda.

Durante el tiempo que estuvo detenido, Wooden permaneció incomunicado y aun cuando solicitó atención médica, ésta le fue negada, así como servicios básicos. Gracias a la insistencia de la esposa y después de pagar 200 pesos por una supuesta falta administrativa, fue liberado.

Viacrucis judicial

El 29 de abril de 2013, acudió al Ministerio Público de Taxco de Alarcón a presentar denuncia y el perito médico legista adscrito al Ministerio Público certificó que el autor presentaba diversas lesiones, “pero que ellas no eran graves”.

El 1 de mayo de 2013, Wooden presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) en contra de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco de Alarcón. La CDHEG designó un perito médico legista que concluyó el 1 de mayo de 2013 que el autor tenía hematoma con inflamación en el cráneo, la oreja derecha, escoriaciones en región abdominal, dorsal, en el cuello, las muñecas, el brazo izquierdo, el antebrazo derecho y en la pierna, el tobillo y la rodilla izquierda.

Hasta la fecha Wooden sigue sufriendo secuelas físicas y psíquicas por los golpes y el trato cruel y degradante al que fue sometido. Esas lesiones alcanzaron a producir daños graves e irreversibles en su salud, hasta el punto de que no puede ejercer su trabajo de artesano debido a las lesiones en las muñecas y las articulaciones y tampoco puede tener una vida sexual plena por los golpes que recibió en los genitales.

El 1 de mayo de 2013 interpuso una queja ante CDHEG, pero a pesar de las recomendaciones que extendió, no hubo avances en el caso.

El 14 de mayo de 2014, presentó la recomendación de la  CDHEG a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) . La CEAV remitió el caso a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la que acudió el 23 de octubre de 2014 para denunciar los hechos. Como Wooden mencionó el grupo delictivo Guerreros Unidos y miembros de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, el agente ministerial decidió erróneamente incluir al autor y su esposa como denunciantes en la Averiguación Previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a que esos hechos no guardan relación con lo que el autor trataba de denunciar.

“No se abrió Averiguación Previa para investigar los delitos que el autor y su esposa denunciaban, negándoles también el acceso a solicitar medidas cautelares”, remarca el CAT.

Es así que después de agotar todos los recursos legales en el país Wooden acudió a la ONU y presentó su queja  en vista de que México es parte de la Convención contra la Tortura.

La queja ante el CAT

La queja llevada a la ONU, con la asesoría judicial de IDHEAS, sostiene que los tratos descritos durante la aprehensión, traslado y detención de Wooden durante las horas que estuvo privado de la libertad, califican como tortura según la Convención.

Además, afirma que el Estado incumplió con su obligación de prevenir la tortura al permitir que se le detuviera sin que mediara ni flagrancia ni una orden judicial previa o sin haber sido anotado en el registro de personas detenidas o que hubiera habido un control judicial de su detención ni se le permitiera la revisión, atención médica ni servicios básicos atentando también contra su dignidad.

Durante su privación de libertad en la Comandancia de Policía, las autoridades no aplicaron el Protocolo de Estambul, ni ningún otro manual ajustado a estándares internacionales sobre métodos de prevención, identificación y documentación de la tortura, tampoco hasta la fecha de la comunicación lo han ordenado los Ministerios Públicos, quienes han recibido las diversas denuncias.

“Esta omisión permitió que la tortura y los malos tratos se cometieran y que facilitó el encubrimiento de los policías que cometieron estos actos”, observa el CAT.

A más de cinco años de los sucesos “el Estado parte violó la Convención, al no garantizar que las autoridades competentes e imparciales iniciaron una investigación pronta, inmediata y exhaustiva de los actos denunciados ni permitirle que la denuncia fuera pronta e imparcialmente examinada por las autoridades competentes”, agrega.

A pesar de que Wooden denunció ante el Ministerio Público y luego ante la SEIDO la tortura a la que fue sometido, ofreciendo una descripción detallada de los hechos, no se inició una investigación pronta e imparcial ni se ordenó un peritaje médico independiente todo ello en violación de la Convención.

Además, la víctima se ha visto privada de un recurso judicial pronto, efectivo e imparcial que establezca los hechos y enjuicie y sancione a los responsables de los actos de tortura y le permita obtener la indemnización y rehabilitación debida.

Sin tomar en cuenta los argumentos presentados a la ONU, el Estado mexicano no reconoció la queja argumentando que “es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna disponibles”.

Sin embargo, en mayo de 2017, el Comité aceptó la queja y después de un minucioso análisis concluyó que el Estado mexicano cometió actos de tortura violando varios artículos de la Convención de la que es signatario y en su decisión publicada el 23 de julio de 2021, llama al Estado para que en un plazo de 90 días responda sobre las medidas que se han adoptado a la luz de sus recomendaciones extendidas por el caso, lo que hasta ahora México aún no ha hecho.