CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el voto de Morena, MC, PT, PES y PVEM, la Cámara de Diputados aprobó promover una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, que ajustó sus leyes para proteger del probable desafuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El PAN y el PRD votaron en contra. La mayoría de los legisladores del PRI se abstuvieron, pero hubo un par de votos a favor y otros dos en contra.

La controversia será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que se le pide “sea substanciada y resuelta de manera prioritaria”.

La Cámara de Diputados sostiene que la decisión que se tome sobre la procedencia del desafuero del mandatario panista es inatacable, mientras que el Congreso de Tamaulipas definió en modificaciones la ley local aprobada a principio de este mes, que es la instancia que deberá determinar la procedencia de la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, pidió adjuntar como anexo a la controversia constitucional, copia certificada de la versión estenográfica del debate y la votación del acuerdo respectivo.

En la controversia se pide conceder la suspensión “en contra de las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones” que aprobó el Congreso de Tamaulipas, que le daría la facultad última para declarar el desafuero contra servidores públicos.

Argumenta que el permitir que el Congreso del estado de Tamaulipas pueda llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, implicaría dejar de manera concreta o material sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados.

Se detalla que eso “no es posible porque dicho procedimiento no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente, toda vez que el artículo 111, párrafo sexto de la Constitución Política, determina con mucha claridad y sin interpretación alguna que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son inatacables”.

La controversia destaca que la resolución que emita la Cámara de Diputados en dichos procedimientos no acepta medio de impugnación alguna, incluido el juicio de amparo, por lo que es necesario remitirla al Congreso local para que inicie el procedimiento de ejecución, a efecto de poner a disposición de la autoridad ministerial al servidor público de mérito”.

El pasado 23 de febrero la FGR presentó la solicitud de desafuero en contra del gobernador tamaulipeco por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, misma que fue ratificada el 26 del mismo mes.

La Sección Instructora que encabeza el diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez, instancia que deberá emitir un proyecto a favor o en contra del desafuero del mandatario tamaulipeco, se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas.

Apenas el pasado viernes 19 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el director de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, comparecieron ante la Sección Instructora.