CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la recomendación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, emitida en noviembre de 2018, “no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida” de los estudiantes, en tanto que “revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”.

En un pronunciamiento, el organismo informó que el pasado domingo 21 su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, se reunió con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, con quienes hizo un balance de la recomendación 15VG/2018 y acordó “dar seguimiento a los puntos recomendatorios que coadyuven al paradero de los normalistas, dejando sin efecto los puntos recomendatorios que no lo hagan”.

Al resaltar que el 29 de enero de 2020 la presidenta determinó el cierre de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, a la que le correspondió la investigación que dio lugar a la recomendación, la CNDH reconoció que a seis años y seis meses de los hechos,“persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas”, mientras que las madres y padres “mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos”.

De la revisión del expediente de queja se concluyó que no hubo contundencia en las recomendaciones formuladas a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los ayuntamientos de Iguala y Cocula y a la Fiscalía del estado de Guerrero.

En el caso de la Sedena, el análisis reveló que los puntos recomendatorios “no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados”, pese a que “tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014” y omitieron proporcionar información a las autoridades.

Asimismo, se dejó fuera de las recomendaciones a autoridades de los ayuntamientos de Huitzuco y Tepecoacuilco de Trujano, a pesar de que en la investigación de la CNDH se confirmaron actuaciones violatorias a derechos humanos, como el traslado de estudiantes al primer municipio.

El organismo admitió que antes de emitir la recomendación no fueron tomadas en cuenta las opiniones de las víctimas, dejando fuera cinco de las demandas para el esclarecimiento que han mantenido hasta ahora las madres y padres de los estudiantes: la búsqueda en vida e investigar la participación del Ejército mexicano; revisar la ruta hacia Huitzuco; revisar la telefonía celular, y analizar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.

En el pronunciamiento, el organismo consideró como una omisión grave que “no se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República el garantizar el acceso a la información de las líneas de investigación que se fueran agotando, y las que continúan en investigación, ello a fin de que las víctimas en todo momento conozcan los avances en las investigaciones de los hechos”.

De igual manera, consideró que en la recomendación por la desaparición de los jóvenes “se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural ‘Isidro Burgos’, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes, perdiendo de vista que un gran número de estudiantes de su comunidad fueron víctimas de hechos violatorios graves de derechos humanos, y con ello la CNDH revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, de entonces y a la fecha, tanto de la Normal ‘Raúl Isidro Burgos’, como de todas las normales rurales”.

De acuerdo con el comunicado de la CNDH, de la revisión de la recomendación, realizada el pasado 21 de marzo en las instalaciones de la normal con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, así como con sus representantes legales, se acordó dar seguimiento a los puntos recomendatorios “que abonen al esclarecimiento y el paradero de los 43 normalistas, con la participación directa de las víctimas”.

Con base en la Constitución y los tratados internacionales, el organismo determinó hacer dicha revisión “para exigir que los responsables de violar derechos humanos sean sometidos a los procesos y sentencias respectivas para terminar con la impunidad que lastima la dignidad, primeramente, de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la de todos los mexicanos”.

Finalmente, ofreció su colaboración para esclarecer los hechos acordando con los familiares de los desaparecidos y sus representantes, llevar a cabo reuniones periódicas para intercambiar información y entregar avances, dar acceso al expediente de queja, coadyuvar en las investigaciones e involucrar al Programa de Presuntos Desaparecidos en la búsqueda con vida de los normalistas desaparecidos.