TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Como una “burla” y un intento por “normalizar la tragedia” calificó Isabel Torres, dirigente de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, la respuesta del Estado mexicano ante el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

“Simulan la paz, pero las desapariciones siguen. Ha sido el mismo gobierno y la misma Fiscalía la que se los lleva y los desaparece”, afirmó Torres durante la jornada de visibilización que la colectiva realiza cada primer domingo de mes en la capital chiapaneca.

Como cada día uno de cada mes, las madres acudieron a la Catedral de San Marcos, donde sostuvieron un diálogo con el arzobispo José Francisco González González, quien les brinda acompañamiento espiritual.

En la explanada del recinto, instalaron un “tendedero de fichas” con los rostros de sus hijos e hijas, una radiografía de la ausencia que lacera a la entidad.

Ante la postura gubernamental que rechaza los señalamientos del organismo internacional, la colectiva de madres insistió en la necesidad de que el CED de la ONU tenga acceso pleno a las investigaciones en territorio mexicano.

“Desde el año pasado pedimos el apoyo de la ONU. Nos reunimos con la relatora Mary Lawlor en enero pasado en San Cristóbal de Las Casas y seguimos exigiendo lo que por ley nos corresponde: la obligación del Estado de buscar a nuestros desaparecidos”, señaló la dirigente.

Berriozábal: El foco rojo de la zona metropolitana

Isabel Torres denunció que, pese al discurso oficial de seguridad, el municipio de Berriozábal se ha convertido en una de las localidades con mayor incidencia de desapariciones forzadas.

Según registros del colectivo, tan solo entre septiembre y octubre de 2025 se contabilizaron 55 desapariciones en un lapso de cuatro meses, afectando principalmente a jóvenes de entre 15 y 30 años.

“Berriozábal ocupa el onceavo lugar en desapariciones; es una zona roja. El gobierno mantiene su lema de que en Chiapas hay paz, cuando la realidad de las familias es la ausencia”, fustigó.

La crisis se hizo tangible el pasado 1 de abril, cuando el colectivo localizó restos óseos en una reserva federal ubicada en los límites entre Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez. El hallazgo fue posible gracias a una llamada anónima y el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sin embargo, Torres relató que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al sitio tres horas después para asegurar los restos. Hasta la fecha, la dependencia no ha proporcionado información sobre los resultados de los peritajes o la identidad de la víctima.

El miedo que silencia

El colectivo Madres Buscadoras de Chiapas agrupa actualmente a más de 30 familias. De este grupo, al menos una decena no ha interpuesto una denuncia formal ante el Ministerio Público por temor a represalias. En estos casos, el colectivo canaliza la información a la Comisión de Búsqueda para generar boletines que permitan iniciar el rastreo sin exponer legalmente a los familiares en una primera instancia.

Entre los rostros del tendedero destaca el de Josefina Ramírez Pérez, de 33 años. Busca a su hijo, Hernán Lira Ramírez, quien tenía 15 años cuando desapareció el 1 de agosto de 2024 en Berriozábal.

Hernán trabajaba con su padre en el rastro municipal. Aquel día, salió en su motocicleta para reunirse con unos amigos y no regresó. Hoy, Josefina apenas puede articular palabras; el dolor, coinciden sus compañeras de búsqueda, la embarga desde hace casi dos años, mientras el eco de la “paz oficial” contrasta con el silencio de las carpetas de investigación.