TEUCHITLÁN, Jal., (apro) .- Restos humanos fragmentados, nuevas fosas clandestinas y evidencias de quema de cuerpos fueron documentados en el Rancho Izaguirre, donde colectivos de búsqueda sostienen que operó un sitio de inhumación, reclutamiento forzado y adiestramiento, mientras denuncian rezagos, opacidad y maltrato institucional.

La visita, realizada durante un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), reunió a integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, Huellas de Amor, Luz de Esperanza y Manos Buscadoras. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ) acudió, pero se retiró sin fijar postura.

En el predio, peritos y autoridades expusieron avances: fragmentos óseos, dentaduras, molares, placas, restos calcinados y osamentas. A ello se suman nuevas fosas, lo que confirma que el sitio sigue bajo intervención y lejos de agotarse.

La exploración apenas alcanza la capa superficial. A unos 80 centímetros de profundidad, el procesamiento reporta un avance de 75.56 por ciento. Ahí se han concentrado los hallazgos, junto con prendas de vestir que hoy se convierten en una de las principales rutas de identificación. Sin embargo, las autoridades reconocen que el terreno podría guardar evidencias hasta tres metros bajo tierra.

De las prendas se han obtenido 98 muestras de ADN; varias ya pueden confrontarse con familiares, aunque alrededor de 30 están contaminadas. Pese a la autorización para confrontas directas, la respuesta ha sido escasa. Los colectivos advierten que la falta de información y acompañamiento sigue alejando a las familias.

Parte del material genético fue enviado a la Ciudad de México. Mientras tanto, se plantea una nueva brigada con apoyo federal para ampliar las pruebas.

El punto más delicado del procesamiento está en zonas que exigen intervención manual. Entre ellas, tres estructuras similares a fosas sépticas. En una, conectada al baño del rancho, se localizaron más restos humanos, varios con señales de calcinación.

Aunque las autoridades evitan hablar de “crematorios”, admiten la quema de cuerpos como práctica recurrente en el sitio.

En paralelo, la investigación se ha reactivado: en las últimas semanas se han realizado al menos 10 cateos y existen órdenes de aprehensión en curso. La FGR mantiene presencia con personal pericial y de investigación, bajo la coordinación de la fiscal especializada en desaparición forzada, Adriana Lizárraga.

Pero los avances llegan tarde, reclaman los colectivos. Acusan que durante más de un año no hubo resultados concretos y que la información sigue fluyendo a cuentagotas. A ello se suman denuncias por trato insensible y obstáculos en ministerios públicos.

Judith Ramos, del colectivo Huellas de Amor, señaló directamente a la agente del Ministerio Público Karen Velázquez, en Tequila, por frenar investigaciones y no dar respuesta a víctimas. Exigió su destitución.

Entre los indicios integrados a la investigación aparecen nombres anotados en libretas, ahora en manos de autoridades. También se analizan imágenes satelitales que muestran una “pluma negra” de humo, asociada con quema de materiales, aunque su origen no ha sido determinado.

“Aquí perdió la vida”

La dimensión del sitio se mide también en testimonios. La madre de Merari Noemí García Mejía recorrió el rancho convencida de que su hija murió ahí, tras ser reclutada con engaños por una oferta de trabajo.

“Es muy triste tener que entrar a un lugar donde sabes cómo descuartizaron, cómo le quitaron la vida a tu hijo. Aquí estuvo mi hija, Merari Noemí García Mejía. Aquí, desgraciadamente, perdió la vida y por primera vez entro al Rancho Izaguirre con las peores imágenes que nos vienen a la mente en este procedimiento”, relató.

Merari fue trasladada desde la avenida Aviación, en Zapopan. Hoy hay personas detenidas por el caso, pero su familia sigue sin recuperar sus restos. “Un hueso”, pide su madre.

La mujer advierte que el reclutamiento continúa: “desde los 12 años en adelante los están reclutando”.

Otra madre, cuyo hijo Héctor Aguilera —trabajador de la Comisión Nacional Forestal— permanece desaparecido, reclamó la lentitud de autoridades locales. Reconoció la intervención federal, pero subrayó que su caso sigue sin respuesta.

Indicios de una operación prolongada

Para Indira Navarro Lugo, de Guerreros Buscadores de Jalisco, los hallazgos no dejan margen de duda: en el rancho se obligaba a personas a realizar trabajos forzados y a participar en la quema de cuerpos.

Además, documentos recuperados —como empaques con fechas previas a 2015— apuntan a que el sitio operaba al menos desde 2012. Entre los objetos hay productos para bebés y niños, un indicio más de la permanencia de actividades en el lugar.

Navarro Lugo informó que ya se logró identificar a dos hombres a partir de restos calcinados, mientras continúan recuperándose fragmentos óseos y otros indicios. No hay, hasta ahora, cuerpos completos.

La siguiente fase de intervención apunta a las zonas profundas del terreno, donde se presume la existencia de más fosas. Los colectivos preparan nuevas listas de familiares para confrontas de ADN y prevén regresar al rancho conforme avancen los trabajos.

En tanto, mantienen la exigencia central: información clara, resultados y respeto.

Porque, advierten, las autoridades siguen “jugando con su dolor”.