MÉRIDA, Yuc., (apro) .- Guadalupe Ávila levantó la voz para denunciar que es víctima de violencia vicaria. Desde el pasado 28 de febrero, su expareja, Erick Humberto Padilla Chan, sustrajo a su hijo Matías Eliam Padilla Ávila, de 12 años. Ante la resistencia institucional, la madre tuvo que recurrir a la justicia federal para obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán a activar la Alerta Amber. 

La travesía de Guadalupe comenzó el mismo día de la desaparición en la agencia 29 de la FGE, ubicada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY). Pese a la urgencia, el personal se limitó a informar que enviarían oficios a las autoridades, pero se negó rotundamente a publicar la ficha de búsqueda. 

“Pedí que activaran la Alerta Amber y dijeron que no; que primero girarían oficios para determinar si era necesario. Acudí al área de personas desaparecidas de la Fiscalía, les expliqué que había antecedentes de violencia y, aun así, se negaron”, relató Guadalupe en entrevista. 

Un laberinto burocrático 

La localización de Matías se convirtió en una odisea entre despachos y juzgados.  

El domingo 1 de marzo, Guadalupe acudió al Juzgado Séptimo Mixto de lo Civil y Familiar —instancia que le otorgó la custodia legal—, pero lo encontró cerrado. Fue remitida al Juzgado Segundo Mixto, de guardia, donde le advirtieron que no podían intervenir y que debía esperar al lunes para regresar al juzgado original. 

Al reanudarse las actividades el lunes, las autoridades del Juzgado Séptimo aseguraron haber enviado a un actuario al domicilio de Erick Padilla, pero afirmaron que no localizaron a nadie. Guadalupe cuestiona esto, pues los tiempos no coinciden con la disponibilidad del juzgado. 

“Me dijeron que no podían hacer nada y que buscara un asesor legal. Ese mismo día interpuse el amparo”, añadió.  

Con el respaldo del abogado Moisés Velázquez, se promovió el juicio de garantías 513/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito. 

“La Fiscalía niega la Alerta Amber bajo el argumento de realizar ‘actos de investigación’, ignorando que el artículo 4° Constitucional obliga a las autoridades a velar, por encima de todo, por el interés superior del menor”, señaló el litigante. 

Cifras que no cuadran 

La efectividad de la justicia en casos de violencia vicaria en Yucatán es cuestionable. Desde que este delito se reconoció en la ley estatal en 2022 y hasta enero de 2026, la FGE ha registrado apenas 14 denuncias, de las cuales ninguna ha sido judicializada. En contraste, el Consejo de la Judicatura del Estado reporta 17 juicios por violencia vicaria en curso, es decir, que existe una disparidad entre las carpetas de investigación y los procesos familiares. 

Antecedentes de una agresión anunciada 

La relación entre Guadalupe y Erick, que inició en unión libre, estuvo marcada por la violencia familiar. De las agresiones recordó que una noche la sacó de la casa que compartían y tuvo que refugiarse con su hijo, entonces de apenas dos años, en la Fiscalía de la Mujer. 

Otro episodio violento ocurrió el 24 de diciembre de 2017, cuando Erick agredió físicamente al padre de Guadalupe, un adulto mayor, provocándole fracturas en la nariz y la mandíbula.  

Tras la separación definitiva en 2018, ella obtuvo la custodia de su hijo Matías, estableciendo un régimen de convivencia que funcionó de manera irregular hasta hace unas semanas. 

Cuando Guadalupe decidió cursar una especialidad médica. Tras unas vacaciones en Tlaxcala, el menor permaneció temporalmente con su padre. Sin embargo, al solicitar el regreso al régimen habitual, Erick se negó. 

“No he podido dormir. Siento una angustia profunda porque sé lo que implica la violencia vicaria; tengo amistades que llevan años intentando rescatar a sus hijos y las carpetas solo se acumulan sin solución”, confesó Guadalupe. 

Guadalupe aseguró que Erick planeó desaparecer con su hijo. Él es empleado del área de sistemas de la delegación del IMSS, solicitó una licencia sin goce de sueldo, un trámite que suele tardar hasta 15 días en aprobarse.