HIDALGO (apro) .- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, cuestionó el trato diferenciado de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) al actuar con violencia contra connacionales y comunidad latina, pero haber liberado al secretario de Contraloría en el sexenio de Omar Fayad Meneses, César Román M.V., pese a que habían solicitado apoyo para detenerlo. 

Cuando el exfuncionario recuperó su libertad, la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) esperaba su extradición para cumplir órdenes de aprehensión y presentarlo ante un juez de control por su posible responsabilidad en un esquema de desvíos a través de obras y servicios simulados. 

En octubre pasado, el excontralor abandonó el Centro de Procesamiento Krome –una instalación del ICE en Miami que alberga a inmigrantes varones–, donde estuvo bajo custodia por cinco meses. Durante ese periodo, la PGJEH solicitó la colaboración del gobierno norteamericano para que César Román llegara a territorio nacional y fuera entregado a las autoridades. 

“Fíjense cómo están las autoridades migratorias del ICE en Estados Unidos contra cualquier persona que tenga la apariencia que tenemos nosotros, con más razón (deberían actuar contra) los que están siendo llamados (en procedimientos relacionados con la justicia), cuando menos para aclarar sus situaciones”, expuso el mandatario, tras ser cuestionado sobre el estatus en el que se encuentran las investigaciones contra César Román M.V. en lo local y la petición al gobierno estadunidense para que llegara a suelo mexicano. 

El otrora miembro del gabinete de Omar Fayad obtuvo un amparo mediante el cual los integrantes del gobierno hidalguense están impedidos para referir su nombre, así como asociarlo con el denominativo de “Estafa Siniestra”, como la actual administración estatal nombró un presunto esquema mediante el cual se habrían malversado recursos con empresas falsas y facturación de bienes o servicios inexistentes. 

Asimismo, en escritos enviados a medios de comunicación, el exfuncionario aseguró que no existe proceso legal alguno en su contra y que nunca ha sido citado por autoridad alguna para rendir declaración, además de insistir en que se trata de un “mal entendido mediático” que, asegura, le ha causado un daño a su imagen pública. 

“Yo invito a los que, él o cualquier otra persona que exprese que no tiene ninguna responsabilidad en lo que se ha manifestado en el transcurso de esta investigación, que se presente y que aclare su situación. No hay ninguna persecución, no hay más que el estricto cumplimiento de la ley, y de la responsabilidad y la exigencia de la gente que nos lo pidió, nos lo exigió en campaña: primero, que no repita (un posible esquema de corrupción para desviar dinero), y segundo, que no queden impunes (los presuntos implicados)”, añadió el gobernador. 

Entrevistado al término de la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada de Plaza de Juárez de Pachuca por el 157 aniversario de la erección del estado, Menchaca aseguró que hay, actualmente, investigaciones en las que está inmerso el excontralor, quien había sido detenido en Miami, Florida, el 28 de mayo de 2025 por un tema migratorio y recuperó su libertad tras promover un habeas corpus, recurso jurídico mediante el cual se exige que una persona detenida sea llevada ante un juez para que se revise la legalidad de su arresto. 

Reiteró que se han acumulado expedientes por posibles conductas delictivas que implican el manejo del erario en el sexenio de Fayad, sin precisar el número de carpetas de investigación en las que César Román está indiciado. 

“El amparo también refiere que se omita el nombre de esta persona, yo lo que les puedo decir es que la lucha contra la corrupción, contra toda la impunidad, está vigente, de que la Contraloría, la Procuraduría y la Auditoría (Superior del Estado) están haciendo su trabajo para poder estar, por un lado, recuperando los bienes en los que se demuestre que hubo alguna irregularidad, y por otro, actuando de manera tal que no haya impunidad”, expuso el gobernador. 

Que se investigue la asignación 

Luego de la asignación de un contrato por mil 152 millones de pesos para la edificación de mil 920 viviendas de Bienestar en Tepeji del Río a constructora Dazna, representada por Carlos Eduardo Luna Mora, socio de Miguel Ángel Tello Ludlow, padre del titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas, el gobernador Julio Menchaca se pronunció a favor de que se investigue el procedimiento. 

Sus colaboradores, dijo, siempre han tenido un llamado para “estar libres de conflicto de intereses”, porque hay situaciones que “pueden formar parte de una falta administrativa o de un delito, el tráfico de influencias”. 

No obstante, planteó que el Infonavit es la instancia que deberá explicar esta adjudicación y los criterios que consideró para favorecer a esta empresa. 

El representante legal de Dazna, Carlos Eduardo Luna Mora, ha sido socio en empresas de Miguel Ángel Tello Ludlow; ambos, también, asociados en negocios con los hijos del exgobernador Jesús Murillo Karam. 

El Infonavit igualmente adjudicó en agosto un contrato cercano a los mil millones de pesos para construir mil 808 casas en el municipio de Zempoala, Hidalgo, a la empresa Agicresa S.A. de C.V., de Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del diputado federal por el distrito de Pachuca, Ricardo Crespo Arroyo, integrante de la bancada de Morena. 

El pasado 23 de diciembre, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera revisar el contrato otorgado a los hermanos del legislador, Ricardo Crespo defendió el derecho al trabajo de su familia, negó injerencia política para que fueran beneficiados con obra pública por parte del gobierno y el movimiento al que pertenece, además de sugerir un móvil político en la difusión de esta información pública. 

Miguel Ángel Tello Vargas, a su vez, respondió que “cualquier relación de negocios” de su padre con terceros “es un asunto ajeno” a su “función pública”, además de negar influyentismo o conflicto de interés para favorecer a la empresa Dazna.